Los partidos calculan un gasto superior a los 50 millones de euros en la presente campa?a

PSOE, IU y CC aseguran que sus arcas no han recibido ni un c¨¦ntimo en donativos espec¨ªficos para afrontar esta costosa campa?a electoral, en la que las formaciones pol¨ªticas superar¨¢n previsiblemente el l¨ªmite de gasto que permite la ley. PP, CiU y PNV declinan responder a la pregunta sobre posibles donaciones obtenidas para los comicios del 25-M. Seg¨²n sus gerentes, los gastos de campa?a superar¨¢n los 50 millones de euros. Todos dicen que la costear¨¢n con subvenciones procedentes de los votos obtenidos (0,45 euros cada uno) y de los concejales (224,6 euros por concejal), y mediante cr¨¦ditos bancarios.

El PP y el PSOE pueden recibir hasta tres millones al a?o en donativos an¨®nimos

Los partidos aseguran que el 70% de su presupuesto de campa?a proceder¨¢ de cr¨¦ditos bancarios. El 30% restante lo han recibido del Estado, seg¨²n los resultados obtenidos en los ¨²ltimos comicios. El Tribunal de Cuentas publicar¨¢ la lista de los bancos que los financian y luego no colaboran en las investigaciones del ¨®rgano fiscalizador.

"La pol¨ªtica del partido es no dar datos sobre este asunto", responde un portavoz de CiU, partido que no ha respondido a ninguna de las preguntas relacionada con los gastos de esta campa?a que le ha remitido este peri¨®dico. Una postura similar a la del PNV, que asegura que su coalici¨®n con EA "le impide" c¨¢lcular el dinero que invertir¨¢. Este partido se ha opuesto siempre a la transparencia en los donativos.

La ley establece que los donativos, tanto para campa?as como para el funcionamiento interno del partido, se deben ingresar en cuentas corrientes espec¨ªficas de los partidos. Las de campa?a est¨¢n obligadas a identificar al donante y a mostrar el justificante del ingreso, mientras que las destinadas a gastos ordinarios son an¨®nimas y tienen un tope de 60.000 euros por persona o entidad jur¨ªdica. Estas ¨²ltimas no pueden superar el 5% de las subvenciones ordinarias que el Estado entrega a los partidos cada a?o. Es decir, que el PP y PSOE pueden recibir por esta v¨ªa opaca unos tres millones de euros en donativos an¨®nimos al a?o.

Para financiar campa?as, el donativo m¨¢ximo permitido por la Ley Electoral General se reduce a 6.000 euros por persona o entidad, aunque no hay l¨ªmite en la recaudaci¨®n.

"La obligaci¨®n de identificar al donante echa a mucha gente para atr¨¢s", dice Ram¨®n Moreda, gerente del PSOE. Este partido asegura que en 2002 recibi¨® 120.202 euros en donativos an¨®nimos para funcionamiento interno.

CiU, que reclama desde hace a?os una normativa fiscal m¨¢s ventajosa para las aportaciones privadas, critica que las donaciones tengan que ser aprobadas por el consejo de administraci¨®n de la empresa que las entrega.

"Si consta en la contabilidad de la compa?¨ªa, ?por qu¨¦ tienen que ser sometidas a un debate?", reprochan sus representantes a los consejeros del Tribunal de Cuentas.

Pero la regulaci¨®n sobre las donaciones es insuficiente y los partidos aprovechan las lagunas para sortear una ley de financiaci¨®n que, a juicio del Tribunal de Cuentas, es ambigua e incompleta. Un informe de este ¨®rgano fiscalizador, fechado el pasado 27 de febrero, denuncia las donaciones an¨®nimas sin control y destaca que si ¨¦stas proceden de particulares o instituciones privadas no se puede saber si exceden el l¨ªmite legal. Es decir, que este organismo reconoce su incapacidad para auditar las ayudas an¨®nimas. S¨®lo en el PP, este concepto supuso tres millones de euros, seg¨²n la ¨²ltima auditoria del citado tribunal.

"Al ser an¨®nimas no podemos saber si es el mismo donante el que las ha dado varias veces sorteando as¨ª el l¨ªmite de la donaci¨®n", dice Felipe Garc¨ªa Ortiz, consejero del citado ¨®rgano.

"La ley vigente permite la financiaci¨®n opaca en cantidades monstruosas. Pero si se permite, ?por qu¨¦ no lo van a aprovechar algunos partidos? En las ¨²nicas zonas del pa¨ªs donde no es pecaminoso financiar la pol¨ªtica es en Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco. En ese ambiente es l¨®gico que los partidos nacionalistas defiendan una cierta presencia empresarial en la financiaci¨®n de los partidos. Hay que quitar morbo a este asunto y considerar que no es un pecado", se?ala Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, diputado y ex secretario de administraci¨®n y finanzas del PSOE. ?l mismo se?ala que los partidos declinan aceptar donativos de campa?a "por el riesgo de recibir dinero de personas no honorables".

"Decimos a los donantes que nos lo den en ordinario", confiesa un pol¨ªtico vinculado a la financiaci¨®n de su partido. As¨ª, se garantiza el anonimato del donante y se evita recibir dinero de personas que puedan da?ar la imagen del partido".

El hecho de que los comicios sean municipales abunda en una mayor opacidad y dificulta el control sobre los gastos reales y su procedencia. Ninguno de los partidos contabiliza en sus libros la actividad de las agrupaciones locales y de sus grupos pol¨ªticos en las corporaciones locales.

En ese inmenso territorio local, donde se mueven decenas de millones de euros, es donde se registra la mayor fuga de informaci¨®n. Una zona dif¨ªcil para el control del Tribunal de Cuentas y donde, seg¨²n los testimonios de algunos fiscales, se mueve la financiaci¨®n inconfesable de los partidos: las aportaciones ilegales de constructores o empresarios a cambio de recalificaciones o favores pol¨ªticos.

"?se es otro mundo. ?se es un problema real", reconoce Fern¨¢ndez Marug¨¢n. "Las formaciones pol¨ªticas, con car¨¢cter general, no contabilizan la totalidad de las aportaciones recibidas", denunci¨® el Tribunal de Cuentas en su ¨²ltimo informe refiri¨¦ndose a estas pr¨¢cticas en el ¨¢mbito local. Garc¨ªa Ortiz, que junto a Manuel N¨²?ez integra la secci¨®n de la fiscalizaci¨®n del Tribunal de Cuentas, reconoce que la contabilidad de los grupos municipales es "incontrolable" y asegura que no remiten la contabilidad electoral.

Los partidos responden que no hay ocultismo y se?alan que la fiscalizaci¨®n de las cuentas municipales corresponde a los interventores de los ayuntamientos. Pero para el Tribunal de Cuentas, ¨¦sta es insuficiente y ca¨®tica por la escasez de medios. "Es m¨¢s dif¨ªcil y adem¨¢s no tienen el rigor y la solvencia de la Administraci¨®n del Estado", dice el consejero.

Para el Tribunal de Cuentas, las operaciones de los grupos de cargos electos forman parte de la actividad del partido. Las dos principales formaciones pol¨ªticas no piensan lo mismo. "El Tribunal considera que todo lo referente a partidos se tiene que incorporar a la misma contabilidad, pero si quiere que sea as¨ª tendr¨¢n que cambiar la ley", puntualiza el gerente del PSOE.

"No es preceptiva la integraci¨®n y consolidaci¨®n en la contabilidad del PP de las subvenciones que, con cargo a los presupuestos de entidades locales y provinciales, reciben los cargos electos", se?ala el PP en sus alegaciones al ¨®rgano fiscalizador.

Esta interpretaci¨®n diferente provoca que la contabilidad de los grupos municipales se escape a la lupa del Tribunal de Cuentas. ?ste cuestiona, tambi¨¦n, las subvenciones extra que el Gobierno vasco concede a los partidos en Euskadi para sus gastos ordinarios. El mayor gasto de ¨¦stos y de otros comicios se centra en el buzoneo de papeletas y propaganda que los partidos env¨ªan al censo electoral. El censo para estos comicios es de 33.166.959 electores, adem¨¢s de 1.053.763 en el extranjero. El PP invertir¨¢ seis millones de euros en el env¨ªo de una carta firmada por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Estos env¨ªos absorben el 70% del presupuesto total. Por este concepto, el Estado abonar¨¢ 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que hayan obtenido representaci¨®n en las corporaciones locales, siempre que la candidatura presente listas en el 50% de los municipios de m¨¢s de 10.000 habitantes y obtenga, al menos, representaci¨®n en la mitad.

Los gerentes consultados aseguran que ajustan sus gastos al l¨ªmite legal, que por regla general se sobrepasan, y a las previsiones de resultados, toda una inc¨®gnita. En las municipales, auton¨®micas y europeas de 1999 hasta 26 formaciones rebasaron el gasto legal establecido, seg¨²n denunci¨® el Tribunal de Cuentas. En la pr¨®xima cita con las urnas, previsiblemente ocurrir¨¢ lo mismo, seg¨²n fuentes del citado ¨®rgano.

El l¨ªmite de gastos para estas municipales ser¨¢ el que resulte de multiplicar por 0,09 euros el n¨²mero de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federaci¨®n, coalici¨®n o agrupaci¨®n. Por cada provincia, los que concurran en al menos el 50% de sus municipios podr¨¢n gastar, adem¨¢s, otros 124.818 euros por cada una de las provincias en las que cumplan con esa condici¨®n.

Un error en la previsi¨®n de resultados y en consecuencia en las subvenciones que se espera recibir provoca que la deuda de los partidos engorde hasta cantidades inquietantes.

El PP declina responder a cuanto asciende su d¨¦bito con la banca, aunque un informe del Tribunal de Cuentas la cifraba en 2000 en 12 millones de euros; el PSOE, incluyendo al PSC, deb¨ªa ese a?o 62,1 millones de euros. En 2002, seg¨²n los datos aportados por este partido al Tribunal de Cuentas, su deuda se redujo hasta 40,3 millones. El PSOE asegura que paga 6 millones de euros anuales de amortizaci¨®n, entre capital e intereses.

Los socialistas sumaban en 2000 un total de 20,8 millones impagados, de los 33 que siete partidos (PSOE, PSC, IU, UDC, ERC, EA y PA) dejaron sin abonar a la banca.

El Tribunal de Cuentas denuncia una y otra vez la "nula" colaboraci¨®n de los bancos cuando les requieren informaci¨®n sobre la condonaci¨®n o novaci¨®n de la deuda que tienen con las formaciones pol¨ªticas. En su ¨²ltimo informe criticaba que 26 entidades les remitieron datos incompletos o no contestaron a sus requerimientos.

La pelea entre la banca y el tribunal es permanente. "No colaboran. No dan la informaci¨®n que les pedimos. Dicen que si la ley no les obliga no tienen por qu¨¦ revelar los cr¨¦ditos que les han pedido. Como no hay una descripci¨®n expresa habr¨¢ que adoptar una normativa que lo exiga. Estamos estudiando publicar la lista con los nombres de los bancos que no colaboran", confiesa Garc¨ªa Ortiz.

Ubaldo Nieto, presidente del ¨®rgano fiscalizador, lleva a?os denunciando las irregularidades contables de los partidos y reclama sanciones que penalicen la falta de colaboraci¨®n de los investigados y de las entidades financieras.

La normativa actual s¨®lo contempla una multa que no disuade a los contables y favorece la impunidad. No hay sanci¨®n penal. "Hay que establecer un r¨¦gimen sancionador rotundo", piden varios consejeros.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo, fiscal jefe Anticorrupci¨®n, propone que se cree el delito de financiaci¨®n irregular de los partidos. No es ningun secreto que algunas formaciones pol¨ªticas utilizan fuentes inconfesables de financiaci¨®n sin renunciar a cobrar las subvenciones que les aporta el Estado.

Varias sentencias del Tribunal Supremo han demostrado operaciones de financiaci¨®n ilegal: el caso F

ilesa en el PSOE y el caso S¨®ller

en el PP. Los partidos nacionalistas catalanes, vascos y canarios tambi¨¦n han sido investigados.

"Hoy, no hay un tesorero que se la juegue por una financiaci¨®n ilegal. Ahora, la financiaci¨®n de los partidos no tiene nada que ver con la etapa socialista", opina el diputado Jaime Ignacio del Burgo, que represent¨® al PP en la ¨²ltima ponencia para crear una nueva ley de financiaci¨®n. "Hemos aprendido la lecci¨®n de Filesa", asegura el gerente del PSOE.

El caso m¨¢s patente de agujero financiero a causa de un descalabro electoral lo reconoce IU. En las municipales de 1999 y las generales de 2000 obtuvo la mitad de los votos que esperaba y el error de c¨¢lculo de aquellas dos campa?as dispar¨® su deuda, que hoy asciende a 11 millones de euros.

Enrique D¨ªez, responsable de organizaci¨®n de IU, se?ala que el 90% de lo que debe la coalici¨®n a los bancos procede de aquellos batacazos electorales y el 10% restante, de la construcci¨®n de la sede federal de Madrid para la que tienen un cr¨¦dito hipotecario de 1,5 millones de euros. "Pagamos 126.212 euros mensuales para amortizar nuestra deuda. Si mejoramos los resultados la amortizaremos entre 2007 y 2008", asegura.

El patrimonio inmobiliario de IU es la garant¨ªa con los bancos con los que tiene suscritas sus p¨®lizas puente de cr¨¦dito: Banco Popular, BBVA, Cajamadrid, Caja Asturias, Ibercaja, Caja San Fernando, Unicaja, entre otras entidades. "Los bancos saben que somos modestos, pero muy serios. Desde la etapa del PCE la relaci¨®n con los bancos ha sido de absoluto rigor", dice D¨ªez.

IU afronta una campa?a con unos recursos modestos, una tercera parte de lo que gastar¨¢n PP y PSOE, y desde 2000 ha reducido sus gastos en un 60%. La factura del tel¨¦fono ha bajado un 40%, las de viajes y desplazamientos un 400%, y ha dado de baja uno de los dos ascensores de su sede para ahorrar electricidad.

Los intentos de superar la vigente Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos de 1987, que todas las formaciones coinciden en calificar de obsoleta, han sido un completo fracaso. Una comisi¨®n parlamentaria creada en 1994 trabaj¨® durante dos a?os sin lograr bases para el consenso. En esta legislatura, que terminar¨¢ el a?o que viene, nadie se ha atrevido a plantear este tema que figura desde hace m¨¢s de una d¨¦cada en todos las programas electorales.