Vivienda y elecciones

Siempre es una buena noticia que en las campa?as electorales se hable de los asuntos que preocupan a la ciudadan¨ªa, y la falta de vivienda asequible es de los que agobian, aunque me temo que el debate est¨¢ llegando a la gente de la peor manera posible. Intercambio de acusaciones, vagas promesas de futuro y afirmaciones tramposas sobre la gesti¨®n realizada. En cambio, no se abordan los problemas de fondo.

La consecuencia indeseada es una imagen de indistinci¨®n pol¨ªtica entre los partidos. Lo que no significa que todas las administraciones act¨²en igual, y mucho menos, que todas tengan la misma responsabilidad. Pero m¨¢s all¨¢ de c¨®mo se gestiona, en general no se est¨¢n impugnando las pol¨ªticas que nos han llevado a una situaci¨®n tan dram¨¢tica. La falta de viviendas de alquiler a precio razonable y el espejismo de los bajos tipos de inter¨¦s est¨¢ propiciando que las personas asuman el riesgo de dedicar el 66% del salario medio a la compra y financiaci¨®n de su vivienda habitual.

Esta pesadilla es una barbaridad social y una temeridad econ¨®mica de la que despertaremos bruscamente, en cuanto suban los tipos de inter¨¦s. Pero no estamos ante una maldici¨®n b¨ªblica; a lo m¨¢s, parece un castigo del dios mercado.

Asistimos a una de las consecuencias m¨¢s duras que han originado las pol¨ªticas neoliberales. La vivienda ha pasado de ser un derecho constitucionalmente reconocido (art¨ªculo 47) a ser una mercanc¨ªa m¨¢s, y ahora incluso un producto financiero refugio al que acude todo tipo de flujos econ¨®micos en busca de la rentabilidad que no ofrecen otras inversiones. Los poderes p¨²blicos han olvidado que est¨¢n obligados constitucionalmente a facilitar el acceso de los ciudadanos a este derecho y que la propiedad privada -tambi¨¦n la de la vivienda o el suelo- est¨¢ limitada por la exigencia de su utilidad social (art¨ªculo 33). S¨®lo a partir de la recuperaci¨®n de estos mandatos constitucionales es posible construir pol¨ªticas alternativas que aborden los problemas de fondo.

El Gobierno del PP no tiene legitimidad alguna -incluso cuando sus imputaciones a otras administraciones son ciertas-, porque su pol¨ªtica de confiarlo todo a la liberalizaci¨®n del suelo y al mercado es la gran responsable de esta situaci¨®n. Los grandes instrumentos para las pol¨ªticas de vivienda -suelo, fiscalidad y regulaci¨®n general- son competencia de la Administraci¨®n central. Pero ni la Generalitat ni los ayuntamientos pueden parapetarse en la mayor responsabilidad del Gobierno central para esconder que han renunciado a desarrollar pol¨ªticas alternativas y que se han integrado en la misma l¨®gica. A lo m¨¢s han propiciado actuaciones aisladas para compensar los grandes desajustes del mercado. Ha llegado el momento de proponer un debate que concluya en compromisos de efectuar una pol¨ªtica radicalmente distinta por parte de todas las administraciones.

Sin ¨¢nimo de exhaustividad, quiero apuntar algunas medidas que para CC OO son imprescindibles. A escala estatal, la modificaci¨®n de la Ley del Suelo para garantizar que las administraciones dispongan de suelo p¨²blico que no est¨¦ sometido a los precios del mercado es b¨¢sico; como lo es una pol¨ªtica fiscal que en vez de subvencionar casi exclusivamente la nueva construcci¨®n, dedique una mayor parte de las ayudas fiscales al alquiler y penalice fiscalmente la no utilizaci¨®n social del suelo o la vivienda. Es la ¨²nica manera de evitar que un mercado hinchado por la especulaci¨®n, por la condici¨®n de inversi¨®n refugio y por los flujos econ¨®micos que provienen de la criminalidad organizada impida realizar pol¨ªticas p¨²blicas de vivienda social. En Catalu?a, la pol¨ªtica de vivienda social dej¨® de existir hace unos 10 a?os. S¨®lo as¨ª puede entenderse que mientras en la d¨¦cada de 1980 y principios de la de 1990 el 30% de los pisos construidos en Catalu?a fueron protegidos, en los ¨²ltimos cinco a?os la media haya ca¨ªdo al 9%. Y el futuro pinta peor, pues la Generalitat no dispone de suelo para promover vivienda social en los pr¨®ximos a?os. Esto es responsabilidad del Gobierno catal¨¢n, pero la mayor¨ªa de los ayuntamientos -con alguna excepci¨®n- han seguido la misma l¨®gica de no producir suelo p¨²blico e incluso de vender el que ten¨ªan para conseguir plusval¨ªas con las que equilibrar sus presupuestos. Y el movimiento cooperativo, que en algunos momentos ha tapado la falta de actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos, no est¨¢ en condiciones de realizar su funci¨®n por falta de suelo p¨²blico para ello. Donde la situaci¨®n es m¨¢s dram¨¢tica es en la vivienda de alquiler. El cambio no es f¨¢cil ni r¨¢pido, pero al menos es urgente que se penalice fiscalmente la no utilizaci¨®n de la vivienda y el mucho suelo que est¨¢ dormido a la espera de conseguir plusval¨ªas con el mero paso del tiempo. Tambi¨¦n es preciso que se apoye fiscalmente la opci¨®n del alquiler. Lo b¨¢sico es activar con actuaciones concertadas el mercado de alquiler, pero las administraciones deben comenzar a actuar, como medida de choque, con parques de vivienda de alquiler para utilizar durante periodos cortos de tiempo, y hay que establecer ayudas para el pago de los alquileres para las rentas m¨¢s bajas. En estos momentos lo m¨¢s importante ser¨ªa aprovechar el debate iniciado en las municipales para que la sociedad, las organizaciones sociales y los medios de comunicaci¨®n utilicemos las elecciones auton¨®micas y las generales para emplazar a los partidos pol¨ªticos con el fin de promover un pacto de Estado en pol¨ªtica de suelo y vivienda. Pacto que debiera comenzar por comprometer el 2% del PIB en pol¨ªticas sociales de vivienda, de acuerdo con la media de la Uni¨®n, lejos del 0,5% a que nos han llevado los actuales gobiernos. Si el Pacto no es posible, que al menos tengamos compromisos de pol¨ªticas alternativas a las actuales entre las que escoger en el momento de votar.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Catalu?a