Funcionarios con habilitaci¨®n nacional

El pasado d¨ªa 12 de abril se public¨® la sentencia del Tribunal de Cuentas en el que se condena al alcalde de Madrid a reintegrar 103.463 euros a las arcas municipales, como consecuencia de su utilizaci¨®n para fines indebidos. En dicha sentencia, el Tribunal de Cuentas criticaba la actuaci¨®n del interventor municipal con expresiones como: "Dicho interventor pudo haber incurrido en responsabilidad contable a tenor de la informaci¨®n obrante en autos, pero no ha sido imputado ni demandado en este proceso, por lo que este ¨®rgano jurisdiccional no puede hacer pronunciamiento alguno de condena, salvo el reproche a su inhibici¨®n e incumplimiento de sus funciones administrativas".

Recientemente, en el pleno municipal del d¨ªa 30 de abril, el se?or concejal delegado de Hacienda nuevamente cargaba contra el interventor municipal al afirmar: "No tengo la culpa de que el interventor municipal en ning¨²n momento dijera que ten¨ªa que justificar los gastos de otra manera".

Todo esto debe enmarcarse en la actual situaci¨®n, en la que cada vez es mayor en la sociedad la sensaci¨®n de existencia de m¨²ltiples "corruptelillas" en los Ayuntamientos, tales como adjudicaciones de contratos a dedo, oposiciones manipuladas en la que la plaza "ya est¨¢ dada", despilfarro de fondos p¨²blicos, etc¨¦tera.

Pues bien, el objetivo de este art¨ªculo es (sin entrar a valorar t¨¦cnicamente la veracidad de las acusaciones contra el interventor, dado que no conocemos el contenido ¨ªntegro de la sentencia, sino s¨®lo lo publicado por los peri¨®dicos, explicar a la sociedad cu¨¢l es la situaci¨®n en que los interventores municipales (los funcionarios encargados de velar por el adecuado uso de los fondos p¨²blicos, es decir, del dinero de todos) ejercemos nuestras funciones, situaci¨®n que no es otra que la de absoluto desamparo ante las presiones a que nos vemos sometidos por algunos ¨®rganos pol¨ªticos (por supuesto, no por todos, pero s¨ª precisamente por los que pretenden "bordear" la ley), presiones que est¨¢n permitidas y amparadas por la legislaci¨®n.

Nos explicamos: frente a una independencia garantizada "formalmente" por la ley (art¨ªculo 203 de la Ley de Haciendas Locales: "Los funcionarios que tengan a su cargo la funci¨®n interventora ejercer¨¢n su funci¨®n con plena independencia"), existen m¨²ltiples mecanismos legales por los que el ¨®rgano pol¨ªtico puede hacer efectivas las presiones necesarias para coartar la independencia del interventor municipal.

Veamos algunos de estos mecanismos:

1. El sueldo del interventor depende en gran medida (en ocasiones en m¨¢s del 50%) de lo que decida el pleno de la Corporaci¨®n (formado por los concejales cuya utilizaci¨®n de los fondos p¨²blicos debe controlar el interventor).

2. El alcalde puede, sin motivaci¨®n alguna, suspender de empleo y sueldo al interventor (es decir, mandarle a su casa sin cobrar) por un periodo de seis meses.

3. En determinados municipios (los de nombramiento por libre designaci¨®n), el interventor puede ser destituido por el alcalde, nuevamente sin motivaci¨®n alguna.

4. El resto de las condiciones laborales del interventor (por ejemplo, medios personales y materiales del departamento, horario, periodo vacacional, posibilidad de asistir a cursos de formaci¨®n, etc¨¦tera) dependen directamente de las decisiones del alcalde.

Ante esta situaci¨®n, ?es posible realizar un control verdaderamente independiente de c¨®mo utiliza los fondos p¨²blicos quien te puede bajar el sueldo a la mitad, mandar a tu casa sin sueldo seis meses, destituir directamente, fijar unas condiciones laborales insufribles, etc¨¦tera? ?No se est¨¢ con estas normas evitando que los interventores ejerzan realmente sus funciones e incentivando una cierta "impunidad" de los pol¨ªticos municipales?

Por supuesto que, ante esta situaci¨®n de coacci¨®n, siempre existe la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia, pero normalmente cuando se dicta la sentencia el da?o ya est¨¢ hecho. Valga como ejemplo la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condena al alcalde y a los cuatro concejales del Ayuntamiento de Torrelaguna a 12 a?os de inhabilitaci¨®n (seis en el caso de los concejales) por, en un primer momento, bajar el complemento espec¨ªfico de la interventora un 90% sin motivo alguno, y posteriormente suspenderla de empleo y sueldo por seis meses, momento en el cual la interventora se "dobleg¨®" y pidi¨® el traslado a otro Ayuntamiento. L¨¢stima que los hechos se produjesen en 1995 y la sentencia sea de 2003, cuando el alcalde parece que ya est¨¢ retirado de la pol¨ªtica (por supuesto que aplaudimos esta sentencia, pero tal vez llega tarde).

Tambi¨¦n nos gustar¨ªa aclarar que, sin duda, las formas de presi¨®n se?aladas anteriormente no se pueden utilizar ¨²nicamente contra los interventores, sino que cualquier funcionario municipal puede verse sometido a ellas, pero la diferencia radica en que son los interventores los ¨²nicos que tienen por funci¨®n controlar c¨®mo utilizan los ¨®rganos de gobierno los fondos p¨²blicos.

Lamentablemente, ¨¦sta es la situaci¨®n en la que se realiza el control de los fondos p¨²blicos en los Ayuntamientos de Espa?a, lo cual lleva a pensar que no es extra?o que peri¨®dicamente aparezcan casos de utilizaci¨®n indebida del dinero de los ciudadanos por parte de algunos alcaldes y concejales.

El problema est¨¢ planteado, s¨®lo queda arbitrar las soluciones, y ¨¦stas corresponden al legislador estatal. Desde el colectivo de interventores estamos dispuestos a hacer cuantas propuestas sean necesarias.

En todo caso, y si este art¨ªculo no vale para dar ninguna soluci¨®n al problema, que sirva al menos para expresar nuestra m¨¢s absoluta queja contra las opiniones vertidas sobre el interventor del Ayuntamiento de Madrid. Ya est¨¢ bien de que cada vez que alg¨²n pol¨ªtico municipal utiliza indebidamente el dinero de los ciudadanos el culpable sea el interventor. Si no nos garantizan la independencia, al menos que no nos pidan luego responsabilidades.

Luis Miguel Palacios Albarsanz es presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunidad de Madrid.