Las empresas creen que la FNMT deber¨ªa dedicarse a la Administraci¨®n

Rodolfo Lomascolo, director de la entidad certificadora Ipsca, matiza que el Gobierno deber¨ªa ampliar la medida de Hacienda a todos los ¨¢mbitos de la administraci¨®n electr¨®nica. Inza va m¨¢s lejos y advierte que a la hora de la verdad esta medida puede convertirse en una mera operaci¨®n cosm¨¦tica. "?Qui¨¦n va a comprar un certificado digital cuando la f¨¢brica lo regala?", se pregunta Lamascolo.

M¨¢s optimista se muestra Rub¨¦n Morales, de SIA, una compa?¨ªa que suministra tecnolog¨ªa PKI . Morales est¨¢ convencido de que la Ley de Firma Digital pondr¨¢ punto final al control f¨¦rreo de la Administraci¨®n y facilitar¨¢ la autorregulaci¨®n del mercado. "Abrir¨¢ nuevas oportunidades para todos", vaticina.

Las entidades emisoras nunca han cuestionado la necesidad de un marco jur¨ªdico que impulse el desarrollo de los servicios relacionados con la certificaci¨®n, claves para el desarrollo de la sociedad de la informaci¨®n. Su temor es que el desarrollo pr¨¢ctico de la Ley de Firma Electr¨®nica perpet¨²e el estancamiento del mercado y el monopolio de facto de la Administraci¨®n. "Como ya ocurri¨® en el Real Decreto vigente, en el redactado de la futura ley se consagra el principio de libre competencia pero en la pr¨¢ctica, las normas de menor rango pueden seguir impidi¨¦ndola", asegura Inza. El m¨¢ximo responsable de ACE justifica esta desconfianza de su colega y competidor. "Hay que tener en cuenta que las expectativas del sector privado se han visto defraudadas una y otra vez". "Lo m¨ªnimo que pedimos es que se nos reconozcan las mismas oportunidades, aunque lo ideal ser¨ªa que la Administraci¨®n se dedicara a lo suyo", a?ade Ginel.

Estas compa?¨ªas privadas aseguran haber invertido millones de euros implantando su tecnolog¨ªa y adquiriendo las obligatorias infraestructuras de seguridad, muy costosas y que van desde los seguros hasta los b¨²nkeres de seguridad. Sus profesionales han dedicado cuantiosos esfuerzos en la divulgaci¨®n de una tecnolog¨ªa que a mediados de la d¨¦cada pasada era desconocida. "Ser¨ªa comprensible que la Administraci¨®n entrara en este mercado si la iniciativa privada no lo cubriera. Pero lo hace y muy bien, estamos ante una falta de ¨¦tica comercial", critica Moure, que no descarta que las entidades privadas acudan a los tribunales de la competencia.