Renuncia inexcusable
La sentencia del Constitucional contra el antiguo consejero de Presidencia del Gobierno de Ruiz-Gallard¨®n en la Comunidad de Madrid y n¨²mero seis en la candidatura del Partido Popular a la alcald¨ªa de Madrid, Jes¨²s Pedroche, por haber despedido a su jefa de secretar¨ªa al enterarse de que estaba embarazada tras su separaci¨®n matrimonial, ha tenido un efecto inmediato: la renuncia del cargo electo a su acta de concejal sin esperar a la constituci¨®n formal del nuevo Consistorio el pr¨®ximo d¨ªa 14.
Los compa?eros de partido de Pedroche se han apresurado a valorar su renuncia como un gesto encomiable de responsabilidad pol¨ªtica. Pero la realidad es que su continuaci¨®n en el ejercicio de funciones p¨²blicas era pol¨ªticamente insostenible, una vez que ha trascendido a la opini¨®n publica y se ha demostrado ante un tribunal que su comportamiento fue discriminatorio, contrario a los derechos constitucionales de intimidad y libertad personal y motivado no por razones profesionales, sino por sus particulares creencias religiosas o conceptos morales sobre el matrimonio. La dimisi¨®n de Pedroche se ha producido cuando un tribunal ha establecido de forma inapelable la improcedencia de su conducta p¨²blica. ?C¨®mo podr¨ªa ser concejal alguien que en el ejercicio de sus funciones confunde sus deberes legales con sus convicciones morales y religiosas y, en caso de conflicto, opta por la segundas, saltando por encima de la Constituci¨®n y las leyes, y se considera adem¨¢s legitimado para vulnerar derechos fundamentales de la persona?
El concejal electo dimisionario, socio numerario del Opus Dei, ha negado que sean "en absoluto verdad los motivos expuestos en la sentencia" como causa del despido de su antigua jefa de secretar¨ªa en la Consejer¨ªa de Presidencia de la Comunidad de Madrid, de la que era titular en 1995. Si fueron otros, nunca se los comunic¨® a la despedida. Y los expuestos ante el Tribunal Constitucional para justificar el despido -continuos errores e incorrecciones en el trabajo y extralimitaci¨®n en sus funciones- no han sido considerados veros¨ªmiles trat¨¢ndose de una persona que hasta el momento de su cese, y desde su contrataci¨®n por Pedroche dos a?os antes, ven¨ªa trabajando a su plena satisfacci¨®n y sin reproche alguno. El caso es que el Constitucional ha establecido una relacion de causa-efecto entre el embarazo fuera de matrimonio de la funcionaria y la decisi¨®n de cesarla en su cargo.
El drama humano vivido por esta funcionaria, cesada en sus funciones arbitrariamente, tampoco deja en muy buen lugar la actuaci¨®n del antiguo equipo de gobierno de Ruiz-Gallard¨®n en la Comunidad de Madrid, que opt¨® por el silencio ante sus reclamaciones. Y deja malparada la imagen centrista y reformista que Aznar sigue reclamando para el Partido Popular, que no hizo la m¨¢s m¨ªnima investigaci¨®n interna sobre lo sucedido y permiti¨® que la v¨ªctima de un acto arbitrario de un alto cargo del partido -tambi¨¦n militante ella misma del PP desde los 18 a?os- tuviera que recurrir a un costoso e incierto proceso judicial en defensa de sus derechos.
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