El Gobierno de Pujol aprueba un paquete de medidas de enfrentamiento con el PP
Primeros pasos para llevar a los tribunales el PHN y apertura de nuevas 'embajadas'
El Gobierno catal¨¢n aprob¨® ayer un paquete de medidas que son un pelda?o m¨¢s en su estrategia de enfrentamiento abierto con el Ejecutivo central y distanciamiento del PP en este a?o electoral. El Consell Executiu dio los primeros pasos para llevar a los tribunales el controvertido Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN) y reclam¨® la paralizaci¨®n del proyecto; aprob¨® el decreto para regular las oficinas internacionales de la Generalitat y anunci¨® la apertura de nuevas embajadas, y pidi¨® al Constitucional que se pronuncie sobre la potestad de la Generalitat para otorgar pensiones complementarias.
"Desde el Gobierno central habitualmente se nos ponen trabas y debemos impedir que a partir de ahora sean habituales.. Todo esto lo hacemos para defender nuestras competencias". El conseller en cap, Artur Mas, defendi¨® de esta forma la apertura de nuevas embajadas de la Generalitat en el extranjero. Pero su explicaci¨®n pod¨ªa servir para toda la serie de medidas aprobadas ayer por el Gobierno catal¨¢n y que agudizan su enfrentamiento con el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.
Los asuntos m¨¢s conflictivos se refieren a la regularizaci¨®n de la presencia internacional de la Generalitat, que el Gobierno central siempre ha visto con recelo, y al Plan Hidrol¨®gico Nacional. Los nacionalistas catalanes consideran que el Gobierno central ha incumplido la ley del PHN porque no ha presentado un plan de protecci¨®n del delta del Ebro, paraliza los estudios para traer agua del R¨®dano y boicotea las reuniones del consorcio que debe regular el cauce ecol¨®gico y, subsiguientemente, la cantidad m¨¢xima de agua que trasvasar. Mientras que el Gobierno central estima el caudal ecol¨®gico en 100 metros c¨²bicos por segundo, el catal¨¢n lo incrementa hasta 135.
La Generalitat aprob¨® ayer instar al Ejecutivo central a que paralice todos los tr¨¢mites administrativos del PHN hasta que "cumpla la ley" y encarg¨® a sus servicios jur¨ªdicos que inicien los tr¨¢mites para llevar a los tribunales los "posibles incumplimientos legales". Fuentes del Ejecutivo aut¨®nomo se?alaron que la advertencia es preceptiva para futuros recursos ante la justicia.
Artur Mas tambi¨¦n anunci¨® ayer la voluntad del Gobierno catal¨¢n de abrir nuevas embajadas en el extranjero, similares a la inaugurada en marzo en Casablanca -capital econ¨®mica de Marruecos-, pese a la oposici¨®n de las autoridades espa?olas. El Consell Executiu aprob¨® un decreto que regulariza y da cobertura jur¨ªdica a estas oficinas, tal como le reclam¨® el Gobierno central. No obstante, el conseller en cap admiti¨® que el decreto no se ha consultado ni negociado con el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Nuestra voluntad", se?al¨® el conseller en cap, "es incrementar nuestra presencia institucional en el exterior y tener, en el futuro, un departamento espec¨ªfico de relaciones exteriores".
Mas adelant¨® que la Generalitat abrir¨¢ en verano otra oficina de Trabajo en Colombia para asesorar a inmigrantes que quieran acudir a trabajar a Catalu?a. El Departamento de Trabajo ya dispone de otras dos oficinas en Polonia y en Marruecos, no autorizadas por el Ejecutivo central, que se ha negado reiteradamente a firmar un convenio de colaboraci¨®n.
El Gobierno catal¨¢n reclam¨® al Constitucional que se pronuncie sobre la potestad de la Generalitat de conceder ayudas complementarias a las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva y anunci¨® que dar¨¢ asesoramiento legal a las organizaciones sin ¨¢nimo de lucro que, seg¨²n la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos, deben presentar el impuesto de sociedades.
El Ejecutivo del PP no es el ¨²nico afectado por las resoluciones del Consell Executiu. Artur Mas inform¨® de la aprobaci¨®n de una ley que facultar¨¢ a la Generalitat para retener aportaciones econ¨®micas a las instituciones municipales que tengan deudas pendientes con el Gobierno catal¨¢n. Una ley que, aunque se neg¨® a admitirlo, est¨¢ hecha pensando en la Diputaci¨®n de Barcelona, a la que la Generalitat reclama 530 millones de euros en concepto del Plan ?nico de Obras y Servicios.
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