El Gobierno "acata y no comenta" la indemnizaci¨®n de 26,4 millones de euros a Canal Sat¨¦lite Digital

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirm¨® ayer durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo "acata y no comenta" la sentencia del Supremo que obliga a la Administraci¨®n a indemnizar a Canal Sat¨¦lite Digital (CSD) con 26,4 millones de euros. Seg¨²n la sentencia, el decreto de enero de 1997 sobre la televisi¨®n digital obstaculiz¨® el funcionamiento de la plataforma en cuyo accionariado participa el Grupo PRISA al imponer un sistema de descodificaci¨®n de se?ales distinto al utilizado por aquella televisi¨®n de pago. Rajoy sostuvo que el Gobierno "estimaba que no proced¨ªa su condena por el Tribunal Supremo, pero una vez conocida la sentencia el Gobierno acata la decisi¨®n".

El ministro de Fomento, Francisco ?lvarez-Cascos, eludi¨® pronunciarse sobre el fallo y se limit¨® a se?alar: "No hago valoraciones de sentencias judiciales en ning¨²n caso, ni en ¨¦ste ni en otros que me gustar¨ªa hacerlo. Mantengo la misma doctrina, son respetables todas por igual y todas se tienen que cumplir sin excepci¨®n".

Precisamente fue ?lvarez-Cascos, en su etapa de vicepresidente del Gobierno, quien impuls¨® en 1997 un conjunto de normas legislativas para intentar frenar el desarrollo de CSD y ganar as¨ª tiempo para el despegue de V¨ªa Digital, la plataforma auspiciada desde el Gobierno y pilotada por el entonces presidente de Telef¨®nica, Juan Villalonga. ?lvarez-Cascos se escud¨® en aquellas fechas en el "inter¨¦s general" para imponer el descodificador de V¨ªa Digital.

En el Congreso de los Diputados, el PSOE present¨® ayer una proposici¨®n no de ley en la que pide la reprobaci¨®n de ?lvarez Cascos, actual ministro de Fomento, como "impulsor y directamente responsable" de las decisiones del Gobierno que han dado lugar a la sentencia del Supremo. Los socialistas consideran que se adoptaron "en funci¨®n de intereses exclusivamente particulares y en beneficio de determinadas empresas". En la iniciativa reclaman del Servicio Jur¨ªdico del Estado un informe para determinar la responsabilidad, incluida la patrimonial, en que los miembros del Gobierno pudieran haber incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.