Ejercer el derecho a la educaci¨®n

Uno de los elementos sociales que mejor muestran el valor que le concede el ser humano a la vida es sin duda la escuela. A trav¨¦s de la educaci¨®n podemos hacernos seres humanos m¨¢s conscientes, m¨¢s reflexivos y comprometidos.

En nuestro pa¨ªs tenemos centros p¨²blicos, concertados y privados. De este modo se garantiza la libre elecci¨®n de centro, fundamentalmente a tenor de las posibilidades econ¨®micas, por parte de los padres que quieran ejercerla sobre sus hijos. Todos los ni?os y ni?as desde hace ya algunos a?os tienen garantizado un puesto escolar en condiciones dignas. Es la Administraci¨®n educativa de la Junta de Andaluc¨ªa, quien garantiza este ejercicio responsablemente.

Los centros escolares son unos de los pocos espacios que todav¨ªa pueden ser realmente integradores -para todos los p¨²blicos-, si todos son igualmente heterog¨¦neos, en la medida en que se favorece que la diversidad social se distribuya por igual entre ellos.

Aparece as¨ª la gran virtud de la educaci¨®n p¨²blica asociada a la igualdad, poco apreciada en tiempos de insolidaridad, permitiendo que en su interior se cree una microsociedad representativa del mundo exterior.

El ejercicio de la libertad de ense?anza en nuestro pa¨ªs tiene una larga trayectoria de discusi¨®n a lo largo de muchos a?os. Pongamos s¨®lo un ejemplo para poder calibrar de lo que estamos hablando: cuando se estaba discutiendo en la ponencia que elabor¨® la Constituci¨®n de 1978, ¨¦sa que el se?or Aznar entonces denostaba por peligrosa, fue por la regulaci¨®n del articulo 27 -precisamente el que regula la libertad de educaci¨®n-, por lo que se rompi¨® el consenso.

Cada comienzo de curso la derecha reclama una y otra vez la libertad de elecci¨®n de centro, exige el derecho que asisten a los padres a que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones.

De hecho acusan a la Junta de Andaluc¨ªa de vulnerar la Constituci¨®n si no incrementa la oferta de plazas escolares en los centros concertados para as¨ª dar satisfacci¨®n a los padres que lo quieran.

No hay nadie que proh¨ªba a los padres que quieran que sus hijos se eduquen en la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus convicciones -que supongo se referir¨¢ a la cat¨®lica-, que env¨ªe a sus hijos a la parroquia m¨¢s cercana y los inscriba en los cursos de catequesis para recibir la formaci¨®n deseada.

La derecha ha puesto en funcionamiento una estrategia discursiva que tiene como objetivo desarmar cualquier intento de oposici¨®n cr¨ªtica y argumentada. Se presume que no existen argumentos justificados contra la posici¨®n decidida, descalificando c¨ªnicamente las propuestas contrarias como falsas o interesadas. Y a continuaci¨®n se presenta al portavoz como alguien honesto que destapa las verdades y explica con sencillez al ciudadano corriente lo que antes era inexplicado.

El debate racional es sustituido por un lenguaje ret¨®rico, aun a costa de simplificar problemas muy complejos. En Espa?a, el Partido Popular utiliza con generosidad esta t¨¦cnica populista de poder descrita por Gillborn a fin de imponer un consenso normativo indiscutible sobre decisiones tomadas de antemano. Hace justamente un a?o, en septiembre de 2001, el presidente Aznar descalific¨® al "progresismo" como aut¨¦ntico culpable de los males de la educaci¨®n

La endogamia del profesorado universitario, el fracaso escolar en la ESO o el desastre de la educaci¨®n p¨²blica son mensajes maximalistas y demag¨®gicos que ha explotado el Partido Popular para legitimar sus nuevas reformas como inapelables, sin procesos previos de diagn¨®stico ni debates p¨²blicos.

La libertad de elecci¨®n se convierte en la pr¨¢ctica en la libertad de selecci¨®n que ejercen las escuelas m¨¢s demandadas, cuyo prestigio no se fundamenta en la calidad de su proyecto pedag¨®gico, sino en la exclusi¨®n selectiva de su clientela tanto econ¨®mica como intelectualmente, expulsando en la pr¨¢ctica de sus aulas a aquellos alumnos simplemente menos dotados o m¨¢s conflictivos.

La demanda de libertad de elecci¨®n de centros no puede subvertir los principios de igualdad e integraci¨®n que reclama el inter¨¦s p¨²blico. Como afirma Berlin, es preciso limitar a veces la libertad de unos por el bienestar de todos. Se trata de generalizar los derechos de todos y no priorizar los beneficios de unos pocos.

Aurora Atoche y Bernardo Bueno son parlamentarios andaluces.