Un cuerpo deseable

Josep-Maria Puig Salellas ha publicado un libro -Catalunya: la pen¨²ltima cru?lla (Edicions 62)- en el que da testimonio de su perenne preocupaci¨®n por el futuro del pa¨ªs, que aborda desde un s¨®lido conocimiento de su pasado y una realista ponderaci¨®n de su presente. Hombre de s¨®lida formaci¨®n jur¨ªdica e hist¨®rica, su pasi¨®n catalanista no es ¨®bice para que ejerza la cr¨ªtica con inteligente frialdad y contemple el entorno con un humor descarnado, que puede llegar al sarcasmo. En este marco se incardina su reflexi¨®n sobre un tema que ha sido objeto de alguna atenci¨®n por los medios de comunicaci¨®n. Puig Salellas se ocupa de ¨¦l en el cap¨ªtulo XIII de su obra, que versa sobre algunas cuestiones que "no hem sabut fer prou b¨¦" y en las que se pone de manifiesto cierta "insufici¨¨ncia de sentit institucional". Se trata de las peripecias acaecidas en torno a la formaci¨®n del cos d'advocacia de la Generalitat, es decir, para entendernos, del equivalente auton¨®mico del cuerpo de abogados del Estado.

Puig Salellas explica en su libro las peripecias en torno a la formaci¨®n del cuerpo de abogados de la Generalitat

Puig Salellas parte de una constataci¨®n inicial: que, mientras que Prat de la Riba evidenci¨® una notable percepci¨®n de la importancia del hecho institucional, probablemente gracias a su s¨®lida formaci¨®n jur¨ªdica, es posible, en cambio, que Jordi Pujol -sin mengua del mayor respeto por su persona, que el autor proclama- se haya sentido m¨¢s atra¨ªdo por la dimensi¨®n estrictamente pol¨ªtica de su acci¨®n de gobierno. Ello explicar¨ªa una an¨¦cdota que relata Puig acto seguido. Al inicio de su mandato, el presidente Pujol convoc¨® un d¨ªa a Josep Maria Vilaseca Marcet, a Ramon Llevadot -ambos abogados del Estado- y al propio Puig, en su despacho. En la reuni¨®n, Vilaseca plante¨® la cuesti¨®n de forma directa: "Presidente", dijo, "se ha de crear el cuerpo de abogados de la Generalitat". Pero es probable -sigue Puig- que, en aquellos momentos, las preocupaciones fuesen otras. Hab¨ªa quien sent¨ªa alergia ideol¨®gica frente a la creaci¨®n de un cuerpo de juristas de ¨¦lite, elegido a trav¨¦s de una oposici¨®n no accesible a todos, como si constituyese un atentado de lesa democracia. Pero tambi¨¦n es posible que no se tuviese conciencia de la transcendencia institucional de la sugerencia.

Fuese como fuese, la consecuencia result¨® inevitable: "La irrupci¨®n", denuncia Puig, "del clientelismo pol¨ªtico y, por tanto, la selecci¨®n a trav¨¦s de unos procesos muy directos, que no son los m¨¢s adecuados si lo que se quiere es que sean los mejores -y no los m¨¢s fieles- los que lleguen a los lugares de responsabilidad". Y cuando finalmente -a?ade- "la ley 7/1996, de 5 de julio, denominada precisamente de organizaci¨®n de los servicios jur¨ªdicos de la Administraci¨®n de la Generalitat de Catalu?a, crea su cuerpo de abogados (...), no hubo m¨¢s remedio que consolidar las situaciones ya existentes", es decir, integrar en dicho cuerpo a los funcionarios que hasta el momento hab¨ªan desempe?ado aquellas funciones. Se hab¨ªan perdido 20 a?os, con el resultado de que "estos procesos poco rigurosos de selecci¨®n han tenido que incidir de manera importante en la competencia de una parte de la maquinaria administrativa y, por tanto, en el ejercicio cotidiano del autogobierno".

Pero encima, si no quieres caldo, taza y media. Y as¨ª, la consolidaci¨®n de situaciones prevista por la ley de 1996 no se ha estimado suficiente y, en la ¨²ltima ley de acompa?amiento a la de presupuestos -la 3/2002, de 3 de diciembre- el Parlament - "amb una unanimitat euf¨°rica"- ha abierto a¨²n m¨¢s el grifo de la integraci¨®n, al ungir como abogados de la Generalitat a un segundo bloque de funcionarios que no hab¨ªan podido acogerse al primer turno de 1996. "El hecho", concluye Puig Salellas, "resulta a¨²n m¨¢s sorprendente si se piensa que la norma ha entrado

en vigor cuando se estaban celebrando oposiciones al cuerpo, que algunos de los beneficiados parece que no hab¨ªan podido superar".

No es de extra?ar, por tanto, en este marco, que la resoluci¨®n de 18 de marzo de 2003 haya convocado un proceso selectivo para cubrir 30 plazas de abogados de la Generalitat, de las cuales s¨®lo 5 ser¨¢n cubiertas por oposici¨®n y 25 por el turno de promoci¨®n interna. Pero no se escandalicen: cinco plazas son por lo visto a¨²n demasiadas, pues parece que no hay en Catalu?a opositores preparados para cubrirlas. Si quieren una prueba, ah¨ª est¨¢: de 27 opositores que firmaron la convocatoria, s¨®lo 21 se presentaron al primer ejercicio, 2 de ellos se retiraron, quedaron 19, 16 suspendieron y s¨®lo aprobaron 3; luego, sobran 2 plazas. Como se ve, hay rigores que matan. En todo caso, esto es lo que tenemos; pero quiz¨¢ no sea la ¨²ltima entrega del serial. Tal vez falte un plato fuerte.

Hace poco, he le¨ªdo Mem¨°ria d'un silenci, de Josep Maria Bricall. Al final del libro, cuando reflexiona sobre la pol¨ªtica entendida como una pretensi¨®n de persuadir, Bricall escribe estas palabras: "La administraci¨®n p¨²blica no es una actividad que se pueda resolver a base de gente que haya triunfado o no -hay de todo- en otras esferas de la actividad social. Se trata de una actividad profesional. (...) La administraci¨®n p¨²blica tiene unas reglas propias, tiene un sistema de gesti¨®n propia. Todo ello reclama la especializaci¨®n y la profesionalizaci¨®n. S¨®lo as¨ª esta administraci¨®n puede contribuir a elegir lo que debe hacerse y, en segundo lugar, puede hacerlo de la manera m¨¢s racional posible, carg¨¢ndose de raz¨®n para el momento en que tenga que defender las posiciones nacionales. Estas son las mejores armas de las que disponemos los ciudadanos de Catalu?a". Am¨¦n.

Juan-Jos¨¦ L¨®pez Burniol es notario.