Amenazas a la Constituci¨®n

Cuando est¨¢n a punto de cumplirse 25 a?os de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, algunos hechos recientes amenazan -en distinto grado de importancia- su car¨¢cter de norma plenamente eficaz y legitimada, es decir, acatada y aceptada por los ciudadanos. Ello encierra algunos peligros que no deben magnificarse, pero tampoco subestimarse: en todo caso, hay que tomar conciencia de ellos y ponerles remedio.

Estos hechos son, como es f¨¢cil de adivinar, dos: la negativa del presidente del Parlamento vasco a acatar una sentencia judicial y la fundada sospecha de que dos miembros reci¨¦n elegidos a la Asamblea de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid han actuado en dicha C¨¢mara al margen de su partido por presunta corrupci¨®n. En el primer caso, sin duda el m¨¢s grave, se vulnera un aspecto b¨¢sico del principio de Estado de derecho. En el segundo, se pone en cuesti¨®n la idea misma de representaci¨®n pol¨ªtica, uno de los elementos estructurales del Estado democr¨¢tico. Estado de derecho y Estado democr¨¢tico son, probablemente, las dos columnas vertebrales sobre las que se sostiene un Estado constitucional como el nuestro. Por tanto, los motivos de preocupaci¨®n est¨¢n m¨¢s que justificados.

La negativa de Juan Mar¨ªa Atutxa -arropado por la mayor¨ªa de la Mesa del Parlamento vasco- a cumplir una sentencia de un ¨®rgano judicial es especialmente grave por varias razones. Primera, porque el presidente del Parlamento vasco es el representante de una instituci¨®n que tiene como una de sus actividades principales aprobar leyes, es decir, crear derecho. Que el m¨¢ximo representante de una instituci¨®n de tal g¨¦nero se niegue, precisamente, a cumplir el derecho es, pedag¨®gicamente, un precedente funesto. Ante tal ejemplo de desobediencia, ?cu¨¢l puede ser la reacci¨®n de un ciudadano vasco ante cualquiera de las leyes que aprueba el Parlamento que preside Atutxa?

Como es bien sabido, y Atutxa no puede desconocerlo, el desacuerdo con una resoluci¨®n judicial no puede conducir a que ¨¦sta no se acate, sino en todo caso a ejercer todos los recursos que la ley permita contra la posible ilegalidad de la misma. Este es un principio b¨¢sico del Estado de derecho, cuya vulneraci¨®n flagrante por un representante institucional del nivel de Atutxa, a la vista de todos, supone un desaf¨ªo de la m¨¢xima gravedad.

Pero, en segundo lugar, el hecho reviste m¨¢s gravedad todav¨ªa por el contexto en el que sucede. En efecto, en septiembre pasado, el presidente de la misma comunidad aut¨®noma anunci¨® un plan de reforma del Estatuto vasco que vulnera sustancialmente la Constituci¨®n y el Estatuto vigente; es decir, supone una ruptura o quiebra de las bases del sistema jur¨ªdico fundamental aprobado hace 25 a?os. La negativa de Atutxa parece ser el aperitivo de lo que vendr¨¢ a continuaci¨®n.

Como es sabido, la funci¨®n de los aperitivos es despertar el apetito, y todas las demag¨®gicas y falaces argucias con las que nos obsequian los dirigentes nacionalistas vascos estos d¨ªas no parecen tener otro objetivo que ir excitando un ambiente ya de por s¨ª suficientemente caldeado. Las medidas tomadas por el Tribunal Supremo para hacer cumplir su sentencia y la querella interpuesta por la Fiscal¨ªa son las respuestas jur¨ªdicas m¨¢s adecuadas, pero est¨¢n siendo presentadas por el Gobierno vasco ante sus ciudadanos como un ataque -un ataque m¨¢s, por supuesto- contra el pueblo vasco.

Incluso se hace correr el rumor -y lo repiten solventes comentaristas de todo el abanico ideol¨®gico, ignorando la legislaci¨®n vigente- que el Gobierno central est¨¢ preparando la suspensi¨®n de la autonom¨ªa vasca. Pues bien, esta situaci¨®n no cabe en nuestro sistema constitucional. La autonom¨ªa est¨¢ asegurada en el bloque de la constitucionalidad que forman la Constituci¨®n y los estatutos, los cuales s¨®lo pueden modificarse por los m¨¦todos constitucionalmente previstos, que implican, en todo caso, el acuerdo de la comunidad aut¨®noma afectada. Las dos medidas constitucionales que m¨¢s pueden acercarse a una suspensi¨®n de la autonom¨ªa (los estados de excepci¨®n y sitio y la llamada "coacci¨®n federal", previstos, respectivamente, en los art¨ªculos 116 y 155 de la Constituci¨®n) tienen una naturaleza y unos efectos muy distintos y no son, en ning¨²n caso, supuestos de suspensi¨®n de la autonom¨ªa.

Menos peligros encierra para el sistema lo sucedido en la Comunidad de Madrid. En cambio, suscita m¨¢s desconfianza en los ciudadanos ya que pone nuevamente de manifiesto algo que afortunadamente en Espa?a merece la reprobaci¨®n general: la corrupci¨®n pol¨ªtica por motivos econ¨®micos.

Todav¨ªa es pronto para hacer un balance de lo ocurrido, tantas son las inc¨®gnitas que todav¨ªa deben despejarse. Ahora bien, no cabe duda de que el comportamiento an¨®malo de los dos diputados auton¨®micos afecta a la credibilidad democr¨¢tica tanto del PSOE como del PP. Afecta al PSOE, obviamente, por incluir en las listas electorales a personas de sospechosos lig¨¢menes con intereses espurios y conductas previamente irregulares. Pero tambi¨¦n afecta al PP porque estos intereses espurios han pretendido cambiar el sentido del voto de los ciudadanos de Madrid porque han considerado que el partido de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar es m¨¢s susceptible de ser ileg¨ªtimamente coaccionado que el partido socialista. Ello honra a estos ¨²ltimos y deber¨ªa preocupar a los primeros.

Sin embargo, del conjunto, quien sale malparada es, una vez m¨¢s, la clase pol¨ªtica. Es a restituir la buena fama de los pol¨ªticos, aclarando todo el asunto, a lo que deber¨ªan dirigir sus esfuerzos los dos grandes partidos, en lugar de provocar peque?as y miserables acusaciones que s¨®lo conducen al mutuo desprestigio.

Tras todo ello, quiz¨¢ es pecar de optimista decir que nuestra democracia goza de buena salud. Sin embargo, creo que tal afirmaci¨®n seguir¨¢ siendo cierta mientras la opini¨®n p¨²blica sea mayoritariamente cr¨ªtica con comportamientos que, como los referidos, no se ajustan a los principios del Estado democr¨¢tico de derecho, el Estado que pronto har¨¢ 25 a?os sancion¨® nuestra Constituci¨®n. La democracia la sustentan los ciudadanos, no los poderes p¨²blicos.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la UAB.