Un juez obliga al municipio a reparar 30 casas de Villaverde abandonadas por la Seguridad Social

Un auto del Juzgado Contencioso-administrativo n¨²mero 18 de Madrid, con fecha de 19 de junio, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid a reparar de manera urgente unos pisos que la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social tiene en el distrito de Villaverde y que amenazan ruina. En las viviendas residen 30 familias, formadas sobre todo por personas mayores y con pocos recursos, desde hace algo m¨¢s de 40 a?os. El auto ordena al Consistorio que, en ejecuci¨®n sustitutoria, arregle los numerosos desperfectos que sufren estas viviendas.

Los dos edificios afectados, cada uno con dos portales, est¨¢n en el n¨²mero 1 de la calle de San Dalmacio, pegados a la carretera de Andaluc¨ªa. Estos inmuebles, de cuatro alturas, fueron construidos en 1957 por el Montep¨ªo de Productores Civiles del Ej¨¦rcito, una cooperativa formada por trabajadores civiles del Ej¨¦rcito. En los a?os sesenta, el Montep¨ªo desapareci¨® y los pisos pasaron a formar parte del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, al que los inquilinos pagaban el alquiler.

A mediados de los noventa los pisos cambiaron de nuevo de propietario y se hizo cargo de ellos la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social. Seg¨²n los vecinos, fue entonces cuando empezaron los problemas. Las casas cada vez estaban m¨¢s deterioradas por las grietas y la humedad, y la Seguridad Social no respond¨ªa a los requerimientos de los residentes para que las arreglara. Adem¨¢s, los residentes no pagan el alquiler desde 1997, porque, seg¨²n su abogado, Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez, la Seguridad Social no pone a su disposici¨®n los correspondientes recibos. Ahora, cada familia debe a la Seguridad Social, por impagos del alquiler, unos 6.500 euros.

En un informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo de octubre de 1999, los t¨¦cnicos determinaron que en los bloques hab¨ªa humedades y grietas y que hab¨ªa peligro de que los materiales de los que est¨¢ hecho el tejado se cayesen a la calzada. Gerencia requiri¨® a la Seguridad Social que acometiese las obras en un plazo de 20 d¨ªas.

El abogado de las familias, Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez, asegura que la Seguridad Social ha hecho una oferta a sus clientes por las que les vende los dos inmuebles por 1,8 millones de euros. "Los vecinos quieren que las casas pasen a ser de su propiedad, pero esa cantidad es excesiva, es gente con muy pocos recursos', concluy¨® Jim¨¦nez.