Los inmigrantes vuelven a la calle para pedir solidaridad y papeles

S¨®lo con permisos de trabajo se resolver¨¢ el problema de las cerca de 600 personas que malviven en los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona. Los inmigrantes que all¨ª se hacinan expresaron ayer su voluntad de colaborar con las autoridades para limpiar los deteriorados cuarteles y evitar as¨ª m¨¢s molestias a los vecinos. A cambio piden que no se les desaloje y que se les conceda un permiso de trabajo. Y es que, en opini¨®n de los inmigrantes, la actual Ley de Extranjer¨ªa y la restrictiva pol¨ªtica del Gobierno en materia de inmigraci¨®n son las verdaderas "culpables" de su situaci¨®n.

Los inmigrantes expresaron estas demandas durante una concentraci¨®n que anoche reuni¨® a un centenar de personas ante la sede del distrito y en la que aprovecharon para pedir la solidaridad de unos vecinos cada vez m¨¢s preocupados por el mal olor de la basura acumulada en los cuarteles y por la inseguridad que, dicen, se ha apoderado del barrio. Los inmigrantes niegan tajantemente ser los culpables de esta situaci¨®n, aunque en el comunicado que leyeron afirman: "La soluci¨®n definitiva s¨®lo llegar¨¢ cuando podamos costearnos con nuestro propio esfuerzo una vivienda".

Por este motivo piden su regularizaci¨®n. Mientras ¨¦sta no llegue, los 600 habitantes de los cuarteles, de 30 nacionalidades, deber¨¢n permanecer en la precariedad. Yerko Toro, uno de los l¨ªderes de los inmigrantes, critic¨® tambi¨¦n la "presi¨®n policial" a la que se ven sometidos y afirm¨®: "Nadie vive aqu¨ª porque quiere, nos vemos obligados a ello".

Ya sin la presi¨®n de unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el equipo de gobierno del Ayuntamiento mantiene que "no se puede hacer nada hasta que no haya un pronunciamiento del juez". Y nada es nada. Hasta el punto de que para entrar a limpiar los abundantes escombros y las toneladas de basura que se acumulan en los cuarteles hace falta que el juez conceda el permiso correspondiente.

En el Ayuntamiento se conf¨ªa en una soluci¨®n r¨¢pida para los malos olores, ya que esperan que el juez autorice a corto plazo la entrada de la brigada municipal a las antiguas dependencias militares. "Aunque la limpieza de una instalaci¨®n depende de sus propietarios en primer lugar", recuerda un portavoz municipal. Y el propietario es el Ministerio de Defensa. En las ¨²ltimas semanas, tanto el ministerio como el Ayuntamiento han estado negociando este aspecto, pero hoy por hoy no hay ning¨²n pacto firmado entre ambas instituciones. As¨ª lo afirm¨® a este peri¨®dico un portavoz ministerial que se limit¨® a afirmar que "el ministerio quiere que el conflicto se solucione lo antes posible".

Pero aparte del problema de la limpieza y la salubridad, que se agudiza d¨ªa a d¨ªa, los habitantes de los cuarteles no pueden dejar de pensar en su situaci¨®n personal. Por este motivo aceptaron reunirse la semana pasada con el nuevo concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Ricard Gom¨¤, quien se comprometi¨® a mantenerles informados de cualquier novedad que pueda producirse. La reuni¨®n provoc¨® malestar en la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a, ya que sus responsables creen que las administraciones no pueden hacer nada mientras no haya una resoluci¨®n judicial que autorice el desalojo de los cuarteles. Esta resoluci¨®n, sin embargo, no llegar¨¢ antes de fin de julio, cuando se celebrar¨¢ la vista oral en Madrid.