El fiscal pide c¨¢rcel al presidente de Bale¨¤ria por una supuesta estafa

El fiscal solicita tres a?os de c¨¢rcel para Adolfo Utor, presidente del consejo de administraci¨®n de la compa?¨ªa naviera Bale¨¤ria, por una supuesta estafa al crear la sociedad. El ministerio p¨²blico acusa a Utor, miembro de la ejecutiva del PSPV, y otros siete integrantes del equipo directivo de la empresa de urdir una trama (indemnizaciones millonarias por despidos ficticios y cobro ilegal de prestaciones por desempleo) para controlar Bale¨¤ria, que en 1998 sucedi¨® en el negocio a Flebasa. El juez ha acordado la suspensi¨®n cautelar de la libre transmisi¨®n de las acciones de los imputados.

Para el resto de acusados, el fiscal solicita penas que oscilan entre uno y tres a?os de c¨¢rcel y una indemnizaci¨®n global de unos 550.000 euros. La instrucci¨®n de este caso sobre supuestas irregularidades en la creaci¨®n de Bale¨¤ria, que explota la l¨ªnea mar¨ªtima de viajeros entre D¨¦nia y las Baleares, se deriva de sendas querellas de dos ex trabajadores, Victoriano Sayalero, antiguo socio mayoritario de Flebasa, y dos accionistas generales. El juzgado instructor, el n¨²mero 2 de D¨¦nia, est¨¢ pendiente de resolver los ¨²ltimos recursos de forma presentados por las defensas para decretar el auto de apertura de juicio oral.

El escrito de calificaci¨®n provisional del fiscal recoge que el 20 de junio de 1998 se constituy¨® la sociedad laboral Bale¨¤ria -anotada en el Registro Mercantil dos meses antes- , cuyos socios eran Adolfo Utor, que ocupaba el cargo de director general en Flebasa y pas¨® a desempe?ar la presidencia del consejo de administraci¨®n de la nueva firma, y otras 17 personas m¨¢s, entre ellos, los siete restantes imputados por el fiscal.

El capital social de la nueva sociedad qued¨® fijado en 600.000 euros. Los socios desembolsaron el 25% del valor nominal de dichas acciones. El 25 de julio de 1998, el socio mayoritario de Flebasa, Victoriano Sayalero, cedi¨® en favor de Bale¨¤ria todos los activos, que inclu¨ªan buques, estaci¨®n mar¨ªtima, fincas r¨²sticas y urbanas, ordenadores y material de oficina, valorado en 12,7 millones de euros y pasivos, todas las deudas pendientes con acreedores, trabajadores, Seguridad Social y Hacienda, que ascend¨ªan a 14,4 millones de euros de Flebasa a la nueva sociedad. El objetivo del acuerdo era garantizar la viabilidad econ¨®mica de la mercantil.

Entre el 21 de julio y el 6 de agosto de 1998 se celebraron en el Servicio de Mediaci¨®n, Arbitraje y Conciliaci¨®n de Alicante los actos por despido improcedente contra Flebasa de Utor y los otros siete acusados. En total, en concepto de indemnizaci¨®n, liquidaci¨®n, saldo y finiquito los ocho trabajadores percibieron 497.000 euros. La indemnizaci¨®n de Utor fue la m¨¢s cuantiosa, con algo m¨¢s de 240.000 euros. Todos los trabajadores efectuaron una cesi¨®n de cr¨¦dito laboral, con mandato irrevocable a favor de Bale¨¤ria, de la que eran socios desde el 20 de junio de 1998, para suscribir capital en la parte que proporcionalmente le correspond¨ªa a cada trabajador.

El fiscal concluye que los despidos rese?ados fueron ficticios, ya que los citados trabajadores continuaron desempe?ando su actividad en Flebasa hasta que pasaron a realizarla en Bale¨¤ria. La mercantil Flebasa, seg¨²n el fiscal, continu¨® "con toda normalidad" su actividad principal de transporte de pasajeros y mercanc¨ªas hasta diciembre de 1998.

Tras los despidos, los trabajadores, merced a los supuestos despidos ficticios, se inscribieron como desempleados en la oficina del INEM de D¨¦nia. "A pesar de que segu¨ªan trabajando con toda normalidad y obtuvieron del INEM un total de 78.131 euros en concepto de prestaci¨®n por desempleo en su modalidad de pago ¨²nico", dice el escrito. Estas cantidades fueron destinadas por los acusados a adquirir nuevas acciones de Bale¨¤ria.

El ministerio p¨²blico mantiene que los acusados obtuvieron fraudulentamente una prestaci¨®n por desempleo del INEM en la modalidad de pago ¨²nico, y una indemnizaci¨®n por despido, reconocida por Flebasa y en su perjuicio.

Las cantidades cobradas del INEM ya fueron declaradas nulas por una resoluci¨®n de la Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social de Alicante el 25 de marzo de 2002, seg¨²n la cual la extinci¨®n de los contratos fue ilegal "por haberse realizado en fraude de ley para evitar la realidad de la sucesi¨®n empresarial y para obtener de forma irregular las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago ¨²nico". El acta, inclu¨ªa una propuesta de sanci¨®n de 48.000 euros. La resoluci¨®n subraya que dos meses antes de la constituci¨®n de Bale¨¤ria uno de los acusados solicit¨® en el Registro Mercantil una certificaci¨®n de que no figura inscrita una sociedad a ese nombre, "lo que pone de manifiesto la voluntad de constituir la sociedad an¨®nima laboral mucho antes de los despidos".

Suspensi¨®n cautelar

Los acusados recurrieron a la v¨ªa contencioso-administrativo la resoluci¨®n de Trabajo. La secci¨®n tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dict¨® el pasado d¨ªa 18 un auto decretando la suspensi¨®n cautelar de la ejecuci¨®n del acta de la Inspecci¨®n de Trabajo.

Para la defensa de Utor, el auto del TSJ es clave para la resoluci¨®n penal del caso. Los letrados de esta parte rechazan la imputaci¨®n del fiscal porque, a su juicio, el ministerio p¨²blico basa los posibles hechos delictivos en el acta de infracci¨®n de la Inspecci¨®n, ahora suspendida. Para esta parte, el hecho de que este recurso no est¨¦ a¨²n resuelto invalida la supuesta prueba indiciaria en la que el fiscal sustenta la acusaci¨®n. Esta defensa ha planteado una cuesti¨®n prejudicial y conf¨ªa en que el tribunal sentenciador resuelva a su favor antes del juicio.