Cauce para la participaci¨®n

Los espa?oles concordamos en la Constituci¨®n un modelo de sistema educativo basado en dos pilares fundamentales: el derecho a la educaci¨®n y la libertad de ense?anza, que por primera vez en nuestra historia constitucional se recogen simult¨¢neamente y con el mismo rango como derechos p¨²blicos subjetivos. Lograr la conjugaci¨®n arm¨®nica del ejercicio de ambos derechos, sin que ninguno sea sacrificado, es la mejor manera de cumplir el modelo constitucional.

El derecho a la educaci¨®n se ha traducido en la garant¨ªa por el Estado de una escolarizaci¨®n en condiciones de gratuidad para toda la poblaci¨®n durante el amplio periodo de las ense?anzas obligatorias (de seis a diecis¨¦is a?os), extendido por la LOCE a la educaci¨®n infantil (de tres a seis a?os). Y, adem¨¢s, a favorecer el acceso a los estudios postobligatorios mediante la gratuidad de los estudios secundarios superiores en los centros de titularidad p¨²blica, unas tasas muy moderadas en los estudios universitarios y una pol¨ªtica de becas y ayudas para remover los obst¨¢culos de ¨ªndole socioecon¨®mica de los alumnos con rentas m¨¢s bajas.

La libertad de ense?anza implica inexcusablemente la libertad de creaci¨®n de centros docentes, con car¨¢cter propio, y el derecho de los padres a elegir en qu¨¦ centros recibir¨¢n sus hijos la educaci¨®n. La f¨®rmula adoptada para posibilitar que las familias puedan escolarizar a sus hijos en centros de iniciativa social en condiciones de gratuidad y, de esa forma, posibilitar la libertad de elecci¨®n sin restricciones econ¨®micas, ha sido la de los conciertos. Veinticinco a?os despu¨¦s, el modelo, ciertamente no sin algunas tensiones, est¨¢ muy arraigado en la sociedad espa?ola. Los espa?oles conocen que hay una oferta plural de centros, ejercen masivamente su derecho a elecci¨®n y quieren seguir ejerci¨¦ndolo.

La creciente presencia de alumnos inmigrantes en nuestras escuelas (solamente en los dos ¨²ltimos a?os ha aumentado un 40%) ha abierto un debate sobre las condiciones de escolarizaci¨®n de este nuevo alumnado y sobre posibles criterios para su inserci¨®n en el sistema escolar. La cuesti¨®n es compleja y no puede abordarse con criterios simplistas, porque hay muchos valores en juego. Intentar¨¦ emitir mis opiniones, que no siempre son certezas, y que, por ello, someto a otras que puedan convencerme. He recordado nuestro modelo constitucional educativo, porque creo que lo peor que podr¨ªamos hacer es ponerlo en cuesti¨®n ante la nueva realidad de la inmigraci¨®n. Ni el derecho universal a la educaci¨®n ha de sufrir ning¨²n sacrificio ni tampoco el ejercicio de la libertad de ense?anza por parte de las familias. Constituyen ya un acervo de la sociedad espa?ola que debemos preservar y proyectarlo hacia el futuro.

La cuesti¨®n principal, el objetivo que tenemos que plantearnos, es la efectiva integraci¨®n de los ni?os inmigrantes en el sistema educativo y, a trav¨¦s de ¨¦l, en nuestra sociedad. Ning¨²n ¨¢mbito es m¨¢s adecuado que la escuela para hacer realidad su progresiva y plena integraci¨®n social. Si en nuestro sistema de derechos y deberes cursar la ense?anza b¨¢sica (hasta los 16 a?os) constituye una obligaci¨®n, los poderes p¨²blicos han de exigir el cumplimiento de tal deber a los ni?os y ni?as de las familias inmigrantes, sin que nadie quede eximido de la escolarizaci¨®n.

Un principio que me parece esencial afirmar para el logro de la integraci¨®n en una sociedad democr¨¢tica es que ha de basarse en el ejercicio de los derechos y deberes de quienes residen legalmente en nuestro pa¨ªs en condiciones de igualdad con los nacionales. El inmigrante, respetando su ¨¢mbito privado, su lengua, su cultura, sus creencias, sus tradiciones, debe incorporarse al espacio p¨²blico propio de una sociedad democr¨¢tica, asumiendo los valores y las reglas que lo conforman y que constituyen su orden jur¨ªdico b¨¢sico. La escuela forma parte de ese espacio p¨²blico y, adem¨¢s, es el cauce m¨¢s potente para conseguir la participaci¨®n en todos los ¨¢mbitos de la vida social de quienes vienen a convivir y a realizar sus proyectos vitales entre nosotros. Por ello, soy decidido partidario, en la medida que ello sea posible, de que el ejercicio de los derechos y deberes de los inmigrantes en el ¨¢mbito escolar sea igual al de los nacionales, y, por lo tanto, se sometan a los mismos procesos de escolarizaci¨®n que los alumnos de las familias de los nacionales. Es imprescindible evitar la creaci¨®n de guetos y pr¨¢cticas discriminatorias con los alumnos extranjeros. El principio de igualdad de trato en el espacio p¨²blico me parece un principio del que no debemos abdicar. As¨ª es como se consigue la aut¨¦ntica igualdad de oportunidades.

Ahora bien, debemos admitir que bastantes de los que vienen a convivir lo hacen en situaci¨®n de desventaja. Y para ellos debemos adoptar todas las medidas conducentes a facilitarles su integraci¨®n en el sistema escolar en condiciones adecuadas. Todav¨ªa no hemos desarrollado suficientemente las estrategias para afrontar este objetivo. Hay iniciativas en marcha, que merecen ser potenciadas. Las llamadas "aulas de enlace" son un instrumento b¨¢sico para este fin y no s¨®lo para el aprendizaje de la lengua. Ha de procurarse que su duraci¨®n sea lo m¨¢s breve posible, ya que su misi¨®n es lograr la m¨¢s temprana incorporaci¨®n de los nuevos alumnos al sistema escolar ordinario. Y, desde luego, el sistema educativo ha de procurar que los centros dispongan de medios de apoyo y de refuerzo para todos aquellos que tengan especiales dificultades de aprendizaje. Porque resulta trascendental evitar el fracaso escolar de estos alumnos, ya que en nuestra sociedad es la antesala de la marginaci¨®n.

Ya he dicho antes que considero que debe preservarse, como criterio general, el principio de que los alumnos inmigrantes deben acudir a los procesos ordinarios de escolarizaci¨®n, ejerciendo los mismos derechos que los nacionales. La libertad de elecci¨®n de centro, en principio, no tiene por qu¨¦ limitarse. Y han de aplicarse las reglas de admisi¨®n de alumnos que tenemos establecidas con car¨¢cter general para todos los centros sostenidos con fondos p¨²blicos. La integraci¨®n de los ni?os inmigrantes afecta a todo el sistema escolar y todos los centros deben asumir sus deberes de admisi¨®n.

Pero no resulta conveniente la concentraci¨®n excesiva de alumnado inmigrante en unos pocos centros educativos. Por ello, entiendo que est¨¢n justificadas determinadas medidas de car¨¢cter extraordinario para evitar la indeseable creaci¨®n de guetos escolares. Las medidas han de estar dotadas de flexibilidad y estar muy pegadas al terreno, estudiando las circunstancias concretas en cada ciudad y barrio. Ello exige un gran esfuerzo por parte de las administraciones educativas y la colaboraci¨®n de todos centros sostenidos con fondos p¨²blicos, sean ¨¦stos de titularidad p¨²blica o privada.

Estamos a tiempo para encauzar esta cuesti¨®n. No es enfrentando un tipo de escuela y otro como se resuelven estos problemas. Tambi¨¦n el fortalecimiento institucional de la escuela p¨²blica es un factor fundamental para afrontar este nuevo reto. Aqu¨ª, de nuevo, se plantea la necesidad del pacto entre todos los sectores de la comunidad escolar. Con un objetivo que me parece alcanzable: en el marco constitucional educativo lograr la integraci¨®n de los escolares inmigrantes con plenos derechos y garant¨ªas en las escuelas de todos y para todos.

Eugenio Nasarre, diputado del PP, es presidente de la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso.