Once a?os de espera
La justicia ha tardado 11 a?os en pronunciarse sobre el llamado s¨ªndrome Ardystil, causante de la muerte de seis trabajadores de la industria textil de Alicante en 1992 y de graves secuelas en la salud de otro centenar, pero su veredicto ha sido recibido con alivio por las familias de las v¨ªctimas y por los afectados. La espera ha sido demasiado larga como para no apreciar un fallo judicial que condena a seis a?os y seis meses de prisi¨®n, respectivamente, a Juana Ll¨¢cer, la due?a de la f¨¢brica en que fallecieron cinco de las seis v¨ªctimas mortales, y a Alfredo Ortol¨¢, el inspector de Trabajo que incumpli¨® sus funciones en una situaci¨®n de grave riesgo para la salud de los trabajadores. Y endosa a la Generalitat valenciana la responsabilidad civil subsidiaria en el pago de una indemnizaci¨®n de 4,1 millones de euros al conjunto de las v¨ªctimas. Es, en cualquier caso, inaceptable que se tarde tanto en determinar las responsablidades penales de los causantes de una tragedia debida a la inhalaci¨®n de los productos qu¨ªmicos empleados en la aerograf¨ªa textil sin las m¨¢s m¨ªnimas medidas de seguridad e higiene.
La sentencia no ha podido determinar el agente qu¨ªmico que provoc¨® la aparici¨®n de llamado s¨ªndrome Ardystil. Pero no era necesario para constatar que la enfermedad aparecida en la industria textil alicantina en 1992 se deb¨ªa, como la de la colza una d¨¦cada antes, a la combinaci¨®n de un desmedido af¨¢n de lucro con el relajo en sus funciones de control de las autoridades administrativas. La sentencia no lo dice expresamente, pero est¨¢ impl¨ªcito en su descripci¨®n escalofriante de las condiciones en que los trabajadores hac¨ªan sus labores de estampado de las telas-sin mascarillas, sin sistemas de ventilaci¨®n y con conocimientos nulos sobre los productoss qu¨ªmicos que manejaban- y en su calificacion como de "grosero" del desinter¨¦s de la empresaria condenada por no dotar a su industria de las obligadas medidas de seguridad. Y qu¨¦ decir de la irresponsabilidad de una autoridad laboral que conoc¨ªa desde 1990 la vulneraci¨®n de las normas y que no hizo nada para cortar en seco una actividad industrial que pon¨ªa en grave riesgo la salud y vida de los trabajadores.
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