Kirchner quiere abrir la v¨ªa para la extradici¨®n de militares argentinos

El presidente argentino, N¨¦stor Kirchner, trasladar¨¢ a los tribunales las peticiones de detenci¨®n con vistas a extradici¨®n de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de los a?os setenta, libres de proceso en Argentina por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El presidente o el Parlamento deben derogar antes el decreto 1.581 de 2001 que invoca el "principio de territorialidad" para rechazar las peticiones.

El abogado argentino Carlos Slepoy, residente en Madrid y representante de las v¨ªctimas, confirm¨® en Buenos Aires que el juez espa?ol Baltasar Garz¨®n "va a reenviar a Buenos Aires el pedido de detenci¨®n y extradici¨®n de 46 ex altos mandos de las fuerzas armadas acusados de secuestros, torturas, asesinatos y la desaparici¨®n de miles de ciudadanos entre 1976 y 1983". Los diputados socialistas Jorge Rivas y Oscar Gonz¨¢lez ya han presentado un proyecto para que sea el Congreso quien derogue el decreto.

La designada secretaria de Derechos Humanos, Alicia Oliveira, dijo que "Argentina debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de juzgamiento en relaci¨®n a los derechos humanos y, si no puede juzgar a los acusados porque existen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tiene la obligaci¨®n de extraditarlos". Oliveira a¨²n no asumi¨® formalmente su cargo. El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, coincide en que el decreto deber¨ªa ser derogado porque "es una norma de rango inferior que vulnera a una de rango superior, como es la ley de extradici¨®n".

El abogado de la acusaci¨®n popular, Carlos Slepoy, exiliado en Espa?a desde 1977 tras permanecer casi dos a?os secuestrado, dijo ayer a EL PA?S que confiaba en la voluntad pol¨ªtica de Kirchner, "porque ¨¦ste es un momento trascendente de la historia argentina y, a pesar de las enormes presiones, el presidente parece dispuesto a tomar decisiones importantes".

Si el decreto es derogado, el Ejecutivo deber¨ªa trasladar a los tribunales federales de Argentina la solicitud de Garz¨®n y todas las que puedan llegar desde otros pa¨ªses europeos donde tambi¨¦n se tramitan causas pendientes. Ser¨¢n los jueces argentinos los que deber¨¢n resolver en cada caso. El auto de detenci¨®n de 48 militares sobre 98 procesados, rechazado hace dos a?os, se redujo ahora a 46 por la muerte de dos de los oficiales acusados. Entre esos 46 se encuentran los ex comandantes del Ej¨¦rcito de Tierra y de la Marina, Jorge Videla y Emilio Massera, los principales responsables de los campos de concentraci¨®n de prisioneros durante la dictadura, y algunos de los miembros m¨¢s temibles de los grupos de tareas, como el ex capit¨¢n de nav¨ªo Alfredo Astiz.

Eduardo Vald¨¦s, jefe del gabinete de asesores de Bielsa, dijo que "lo que no se juzgue en Argentina se va a juzgar en otros tribunales del mundo". El ministro de Justicia, Gustavo B¨¦liz, coincidi¨® en que "el Estado argentino debe recuperar autoridad moral, la principal seguridad jur¨ªdica es que se termine la impunidad".