Espa?a: perspectivas sombr¨ªas

Se cumple en estos d¨ªas el 25 aniversario de la adhesi¨®n de Espa?a a la Convenci¨®n de Ginebra de 1951 y al Protocolo de Nueva York de 1967, es decir, conmemoramos el primer cuarto de siglo del compromiso de la sociedad espa?ola con la ayuda a los refugiados, pero nunca, desde 1978, la situaci¨®n y las perspectivas de los refugiados en nuestro pa¨ªs han sido tan dif¨ªciles como ahora.

Ante los innumerables obst¨¢culos que plantea el Gobierno, el n¨²mero de personas que han solicitado asilo contin¨²a cayendo en picado ya que en los cuatro primeros meses de este a?o s¨®lo se han registrado 1.879 solicitudes, frente a las 2.895 del mismo periodo del a?o anterior, seg¨²n los datos provisionales ofrecidos por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior. Adem¨¢s, el n¨²mero de estatutos de refugiado concedidos ha disminuido un 45% en el primer trimestre, pues no han sobrepasado la ¨ªnfima cifra de 36.

El primer informe anual de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado, La situaci¨®n de los refugiados en Espa?a, arroja m¨¢s luz sobre las crecientes dificultades de ¨¦stos no s¨®lo para llegar a nuestro pa¨ªs, sino tambi¨¦n para ejercer el derecho a solicitar asilo. Por ejemplo, la primera fase del procedimiento de asilo, la resoluci¨®n sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de la petici¨®n de asilo (incorporada por la reforma de la Ley de Asilo de 1994 tan s¨®lo para casos excepcionales), constituye ya un dique insalvable para dos de cada tres personas que durante 2002 solicitaron el estatuto. ?Y qu¨¦ decir de la situaci¨®n en nuestras fronteras? En Ceuta, efectivos de la Polic¨ªa Nacional han obligado de manera absolutamente irregular e inhumana a solicitantes de asilo a abandonar el territorio espa?ol. En Tarifa, durante 2002 el Gobierno continu¨® impidiendo la intervenci¨®n a pie de playa para proporcionar asistencia jur¨ªdica e informaci¨®n en materia de asilo a los extranjeros.

Otro motivo de preocupaci¨®n es la restrictiva interpretaci¨®n que el Gobierno est¨¢ haciendo de la Convenci¨®n de Ginebra ya que, adem¨¢s de otorgar muy pocos estatutos, se est¨¢n concediendo estatutos de protecci¨®n subsidiaria (con menores garant¨ªas y sujetos al cada vez m¨¢s severo marco de la legislaci¨®n de Extranjer¨ªa) a personas que a nuestro juicio merecen el estatuto de refugiado.

Las trabas y obst¨¢culos para viajar a Espa?a est¨¢n afectando especialmente a ciudadanos de pa¨ªses golpeados por situaciones de extrema violencia y violaciones de derechos humanos cotidianas. Tal es el caso de los ciudadanos colombianos que, desde que se les impuso el visado de entrada en enero de 2002, han visto reducidas de manera dr¨¢stica sus posibilidades de pedir asilo en nuestro pa¨ªs. Por ello, pedimos al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan viajar a Espa?a a pedir asilo.

En cuanto al reasentamiento, durante los ¨²ltimos cuatro a?os Espa?a s¨®lo ha acogido a 17 refugiados de terceros pa¨ªses que, por el elevado n¨²mero de refugiados que reciben y su precaria situaci¨®n socioecon¨®mica, no pueden atenderles. A pesar de la insistencia de organizaciones como CEAR, el Gobierno contin¨²a sin asumir un compromiso activo de solidaridad internacional y corresponsabilidad en la protecci¨®n internacional de los refugiados.

Es inadmisible que sean los pa¨ªses empobrecidos los que atienden a m¨¢s del 90% de los 22 millones de refugiados que existen en el mundo. Pero otros pa¨ªses s¨ª participan en los programas de reasentamiento. As¨ª, por ejemplo, Brasil ha acogido este a?o a 100 refugiados, Benin a 153, por no mencionar a Dinamarca (500), Finlandia (750) o Australia (4.000).

Los problemas no acaban para quienes, los menos, consiguen pedir asilo u obtienen protecci¨®n en Espa?a. Se encuentran entonces con otros graves inconvenientes que complican su vida cotidiana: ausencia de informaci¨®n suficiente, procedimientos dilatados, trabas a su reagrupaci¨®n familiar, inserci¨®n laboral y, en consecuencia, a su integraci¨®n social...

Tampoco de la Uni¨®n Europea llegan buenas noticias. Amnist¨ªa Internacional y CEAR han expresado su preocupaci¨®n por las tendencias imperantes en el desarrollo de un sistema com¨²n europeo de asilo, que tienden a priorizar el control y la represi¨®n de la inmigraci¨®n sobre los derechos de los refugiados, socavando su protecci¨®n.

Un ejemplo es la propuesta del primer ministro brit¨¢nico, Tony Blair, quien, entre otras cosas, pretend¨ªa crear "centros de tramitaci¨®n de tr¨¢nsito" donde enviar a los solicitantes de asilo en la Uni¨®n Europea. En dichos centros, que estar¨ªan situados en pa¨ªses cercanos a la UE, los solicitantes de asilo permanecer¨ªan detenidos mientras se tramita su solicitud. Esta propuesta plantea importantes interrogantes desde la perspectiva del Derecho Internacional de los refugiados y podr¨ªa debilitar las garant¨ªas de los solicitantes.

Por otra parte, el proyecto de ley que pretende reformar en Espa?a una vez m¨¢s la LO 4/2000 -a la que s¨®lo me referir¨¦ en lo que afecta a asilo y refugio- que parad¨®jicamente de su esp¨ªritu inicial s¨®lo mantiene su denominaci¨®n sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa?a y su integraci¨®n social, profundiza en una pol¨ªtica restrictiva y policial del fen¨®meno migratorio. Por supuesto que la lucha contra el tr¨¢fico y la explotaci¨®n de personas debe ser uno de los ejes de toda pol¨ªtica migratoria, aunque esto no puede conllevar una utilizaci¨®n abusiva de estos instrumentos.

En los ¨²ltimos meses se han multiplicado las insinuaciones y amenazas veladas de distintos actores y responsables de la pol¨ªtica de extranjer¨ªa en este sentido, destac¨¢ndose la detenci¨®n de un abogado de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado en Valencia por el solo hecho de atender en su solicitud de asilo a un grupo de polizones que lleg¨® a su puerto.

El proyecto de reforma de la ley tambi¨¦n introduce la posibilidad de que las autoridades espa?olas obliguen a las compa?¨ªas transportistas, en el momento de finalizaci¨®n del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir la informaci¨®n relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por v¨ªa a¨¦rea, mar¨ªtima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tr¨¢nsito o tenga como destino final al territorio espa?ol. Asimismo, toda compa?¨ªa transportista estar¨¢ obligada a remitir a las autoridades espa?olas encargadas del control de entrada una relaci¨®n del n¨²mero de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a Espa?a, lo que deber¨¢ realizarse en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas desde la fecha de caducidad del billete.

Estas medidas, entre otras, adem¨¢s de transferir la responsabilidad del Estado en las pol¨ªticas migratorias y el control de fronteras a empresas privadas, lo que tiene un dif¨ªcil encaje constitucional, tienen el efecto perverso de convertirse en un obst¨¢culo dif¨ªcilmente superable para los refugiados en busca de una protecci¨®n internacional; el miedo de las compa?¨ªas transportistas a ser sancionadas tiene como consecuencia l¨®gica su rechazo a transportar a los que, por efecto de la propia persecuci¨®n que sufren, no pueden reunir todos los exigentes requisitos de la legislaci¨®n de extranjer¨ªa.

La Revoluci¨®n Francesa nos sac¨® del lugar de los s¨²bditos para elevarnos a la condici¨®n de ciudadanos, somos herederos de varias generaciones de hombres y mujeres que lucharon por los derechos fundamentales de las personas, considerados como individuos provistos de dignidad, al margen de sus ideas, creencias o raza, y que plasmaron nuestras Constituciones; por cierto, la ¨²ltima de ellas, la nuestra. Esas generaciones construyeron sus se?as de identidad desde la II Guerra Mundial sobre un grito com¨²n: ?Nunca m¨¢s!

Nunca m¨¢s genocidios, nunca m¨¢s identidades excluyentes, nunca m¨¢s campos de concentraci¨®n, nunca m¨¢s la pasividad c¨®mplice. A nuestra generaci¨®n no la exculpar¨¢n por Fuerteventura o Ceuta, donde se hacinan cientos de demandantes de la condici¨®n de refugiado, hombres y mujeres perseguidos por sus creencias religiosas o por la persecuci¨®n pol¨ªtica o por defender a otros de los abusos del poder.

A 25 a?os de la adhesi¨®n de la Espa?a democr¨¢tica a la causa de la defensa de los refugiados, las perspectivas para ¨¦stos, en virtud de la pol¨ªtica del Gobierno del PP, son muy sombr¨ªas.

Delia Blanco es presidenta de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado