Un juzgado investiga la compra de la sede del PSC del Baix Llobregat

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Cornell¨¤ investiga desde el pasado mes de noviembre una operaci¨®n urban¨ªstica de venta y segregaci¨®n de la mas¨ªa Can Risue?o, actual sede del PSC del Baix Llobregat, y unos solares lim¨ªtrofes. La querella se present¨® en julio del a?o pasado y se refiere a hechos ocurridos en 1994, seg¨²n inform¨® anteayer El Mundo. Inicialmente iba dirigida contra m¨¢s 40 personas, entre ellas todos los miembros de la comisi¨®n de gobierno del Ayuntamiento de Cornell¨¤ en 1990, 1994 y 1995 que adoptaron diversos acuerdos de ordenaci¨®n urban¨ªstica de la zona, adem¨¢s de varios funcionarios municipales.

La querella fue admitida a tr¨¢mite el 8 de noviembre de 2002 y se imput¨® a ocho personas, entre ellas el alcalde de Cornell¨¤ y primer secretario del PSC, Jos¨¦ Montilla. Tambi¨¦n est¨¢ imputado el primer secretario del partido en el Baix Llobregat, Jos¨¦ Zaragoza. Ambos est¨¢n acusados de los presuntos delitos de estafa y prevaricaci¨®n. Adem¨¢s, hay otras seis personas acusadas por este ¨²ltimo delito, entre ellas la secretaria general del Ayuntamiento de Cornell¨¤, Carmen Alonso; el teniente de alcalde de Urbanismo en 1997, Antonio Mart¨ªnez, y el arquitecto municipal Antonio Renalias.

En s¨ªntesis, en la querella se expone que el PSC compr¨® la mas¨ªa el 18 de mayo de 1994 por 210.354 euros a su propietaria, Mar¨ªa Rosa Teres, una vez que se hab¨ªa parcelado en tres solares la finca que la rodea y con el compromiso de que ser¨ªa suelo edificable. Pero el Ayuntamiento se desdijo de sus compromisos, seg¨²n la querella, y acab¨® comprando a particulares las tres fincas que ¨¦stos hab¨ªan adquirido a la mujer. Uno de estos solares qued¨® incorporado a efectos posesorios a la mas¨ªa del PSC, "lo que signific¨® un claro favoritismo a favor del partido pol¨ªtico del alcalde", siempre seg¨²n la querella.

El Ayuntamiento sostiene que ese solar es indivisible de la mas¨ªa y recuerda que si acab¨® recalificando los usos de las otras dos parcelas y pasaron a ser zona verde fue por la presi¨®n vecinal. Pero la denunciante asegura que se le caus¨® un perjuicio econ¨®mico en toda la operaci¨®n.

Informe del fiscal

Los ocho imputados prestaron declaraci¨®n en el juzgado los d¨ªas 4, 5 y 25 de febrero de este a?o. Al d¨ªa siguiente, su abogado defensor, Crist¨®bal Martell, solicit¨® el archivo de la causa por considerar que la querella contiene un "bastardo relato" de hechos y una "torticera lectura de rudimentos jur¨ªdico-administrativos y urban¨ªsticos". La fiscal¨ªa inform¨® el 2 de mayo oponi¨¦ndose al archivo y el 26 de ese mismo mes la juez Dolores Ferr¨¦s acord¨® la pr¨¢ctica de las pruebas solicitadas por la acusaci¨®n: la declaraci¨®n del esposo de la propietaria, la del arquitecto municipal Carles Robles y la remisi¨®n al juzgado de 14 expedientes municipales sobre la operaci¨®n.

La juez rechaza archivar el caso por considerar que todav¨ªa no se han practicado las pruebas que solicitaba la acusaci¨®n particular y a?ade que ese tr¨¢mite "en modo alguno conlleva la estigmatizaci¨®n del banquillo". Asegura la juez que la Constituci¨®n obliga a los tribunales a "que se practique una instrucci¨®n para depurar la verdad". El secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, pidi¨® ayer a Pasqual Maragall "que no se esconda" y d¨¦ explicaciones por la imputaci¨®n de Montilla en este caso.