Kirchner promete recuperar la memoria y la justicia para las v¨ªctimas de la dictadura

Un d¨ªa antes de iniciar su primera gira europea, que comienza oficialmente el pr¨®ximo domingo en Londres y concluye el jueves 17 de julio en Madrid, el presidente argentino, N¨¦stor Kirchner, dej¨® claro ayer que se dispone a derogar el decreto del Ejecutivo firmado por el ex presidente Fernando de la R¨²a en diciembre de 2001. Ese decreto obliga a rechazar autom¨¢ticamente las peticiones de tribunales extranjeros para que se detenga y se extradite a militares argentinos acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

El presidente Kirchner asegur¨®: "Argentina volver¨¢ a la justicia y a la memoria, yo creo en la justicia y en la memoria". Las fuentes de los ministerios de Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores coinciden: "Ser¨¢n los jueces los que deban resolver en cada caso". El ministro de Exteriores argentino, Rafael Bielsa, advierte de que el problema no se resuelve ¨²nicamente con la derogaci¨®n del decreto.

La soluci¨®n jur¨ªdica prevista por el Ejecutivo incluye adem¨¢s la modificaci¨®n de la ley 24.767, de cooperaci¨®n internacional en materia penal. Seg¨²n Bielsa, "los jueces tienen ahora la obligaci¨®n de detener a la persona cuya extradici¨®n se pide, por eso ser¨ªa mejor que la ley dejara librada la decisi¨®n a criterio de cada juez y dijese, en lugar de 'debe librar', algo as¨ª como 'podr¨¢ librar orden de detenci¨®n, cuando la peligrosidad procesal lo justifique".

El general retirado Mart¨ªn Balza, comandante en jefe del Ej¨¦rcito de Tierra hasta 1999, que hizo una autocr¨ªtica p¨²blica en 1995 y recibe todav¨ªa hoy amenazas de muerte por recordar a los militares que "delinque quien vulnera la Constituci¨®n Nacional, delinque quien imparte ¨®rdenes inmorales y delinque quien cumple ¨®rdenes inmorales", dec¨ªa ayer en una conversaci¨®n con EL PA?S que "el decreto nunca debi¨® dictarse. Ahora, quien no juzga, extradita. Aqu¨ª se debe juzgar a todos los que cometieron delitos".

Cumplidores de ¨®rdenes

"Ser¨¢ en esos procesos donde se ventilar¨¢ autor¨ªa, complicidad, causales de justificaci¨®n y dem¨¢s. Lo que no puede suceder es que las m¨¢s altas jerarqu¨ªas se encuentren beneficiadas por leyes o por indultos y quienes eran meros cumplidores de ¨®rdenes a las que no pod¨ªan revisar por correr riesgo su propia vida est¨¦n respondiendo hoy ante la justicia, como sucede en el juicio por la masacre de Margarita Bel¨¦n, donde el responsable era el general jefe de la zona, que en aquella ¨¦poca actuaban de forma descentralizada y ten¨ªan m¨¢s poder que el comandante en jefe. Ellos no pueden decir: 'me obligaron", se?al¨® Balza.

Diez oficiales del Ej¨¦rcito de Tierra, tres de ellos en activo, permanecen detenidos en una base de la ciudad de Resistencia, en la provincia de El Chaco, al norte del pa¨ªs, acusados de participar en el asesinato masivo de prisioneros pol¨ªticos que se produjo en las cercan¨ªas del pueblo de Margarita Bel¨¦n en diciembre de 1976 durante un traslado nocturno desde el penal de Resistencia hasta el de Formosa. El general Ricardo Brinzoni, sucesor de Balza en la jefatura del Ej¨¦rcito de Tierra y reemplazado ahora por decisi¨®n del presidente Kirchner, podr¨ªa ser imputado tambi¨¦n en este proceso porque en 1976 era secretario del Gobierno Militar de la provincia de El Chaco.

El canciller Bielsa opina que "hay una tendencia a creer que problemas tan complejos como ¨¦ste se resuelven sencillamente". Argentina tiene tratados de extradici¨®n distintos con cada pa¨ªs, y con otros, como Francia, no hay acuerdos firmados. El Gobierno se adhiri¨® a la Convenci¨®n contra la Tortura en 1987, y all¨ª, como en el art¨ªculo 118 de la Constituci¨®n, se contempla el principio de extraterritorialidad que contradice el decreto firmado por el ex presidente Fernando de la R¨²a, que orden¨® en diciembre de 2001 rechazar las peticiones de extradici¨®n "por hechos ocurridos en el territorio nacional".

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron declaradas nulas por algunos jueces y el Supremo debe decidir todav¨ªa si son o no constitucionales. Bielsa dice que "si la Corte las declara inconstitucionales o el Congreso deroga esas leyes, no habr¨ªa entonces motivos para conceder las extradiciones porque los acusados podr¨ªan ser juzgados en el pa¨ªs". Los militares acusados no pueden salir del pa¨ªs y algunos mayores de 70 a?os, como el ex dictador Jorge Videla, permanecen detenidos en sus casas, acusado del robo de ni?os nacidos en cautiverio. La mayor¨ªa de los principales acusados, incluso los beneficiados por el indulto y las leyes de amparo, siguen sometidos a proceso en las causas por el robo de ni?os, que no prescriben, y deben presentarse a declarar cuando son requeridos en los llamados "juicios por la verdad", donde se investiga el destino final de los ciudadanos desaparecidos.