Favores a De la Rosa

La contumacia demostrada por el Gobierno de la Generalitat en dar un trato de favor en el r¨¦gimen carcelario a Javier de la Rosa despierta serias sospechas sobre las verdaderas motivaciones que impulsan esta protecci¨®n al financiero que acumula m¨¢s causas por delitos econ¨®micos en este pa¨ªs. En las ¨²ltimas semanas, el favoritismo del Gobierno de Pujol hacia este reo ha provocado un inquietante enfrentamiento entre el Ejecutivo catal¨¢n y jueces y fiscales.

Javier de la Rosa nunca ha sido un preso corriente. Tampoco lo ha sido su trayectoria delictiva. Ingres¨® en prisi¨®n preventiva en octubre de 1994, tras dejar una estela de 9.000 perjudicados en Gran Tibidabo, caso por el que se reclam¨® una fianza civil de 13.330 millones de pesetas. Pero s¨®lo pas¨® 117 d¨ªas en la c¨¢rcel. En octubre de 1998 volvi¨® a prisi¨®n preventiva por la descapitalizaci¨®n del Grupo Torras, permaneciendo otros 15 meses. La juez decret¨® su prisi¨®n en Soto del Real, pero logr¨® ser trasladado a Can Brians, en Barcelona, por la proximidad del domicilio. Pero result¨® m¨¢s relevante la cercan¨ªa del Gobierno catal¨¢n, que desde el primer momento le dio una especial protecci¨®n, provocando la protesta de los funcionarios.

El empresario al que Jordi Pujol calific¨® en su d¨ªa de mod¨¦lico recibi¨® el pasado a?o su primera condena firme de 20 meses de c¨¢rcel por intentar estafar 300 millones de euros al Grupo KIO. El Gobierno catal¨¢n se ha encargado de flexibilizar la firmeza de la condena. A las tres semanas de prisi¨®n logr¨® el tercer grado, que permite vivir fuera de la c¨¢rcel, pernoctando en ella cuatro d¨ªas a la semana. La medida fue revocada por el juez y en enero de este a?o volvi¨® a la c¨¢rcel. Tres meses despu¨¦s, el Gobierno de Pujol lo volvi¨® a liberar por segunda vez y le concedi¨® el r¨¦gimen abierto, provocando un recurso del fiscal. La Audiencia lo mand¨® de nuevo a la c¨¢rcel el 2 de junio, pero a los once d¨ªas el Gobierno de Pujol le favoreci¨® por tercera vez con el tercer grado penitenciario.

La consejera de Justicia, N¨²ria de Gispert, ha llegado a acusar a la magistratura de perjudicar a De la Rosa "por su apellido". Corresponde a la administraci¨®n penitenciaria, y en ¨²ltimo t¨¦rmino al Ejecutivo catal¨¢n, decidir sobre la progresi¨®n en grados de los reclusos, pero son los jueces y fiscales quienes deben vigilar si esa progresi¨®n responde a criterios objetivos de reinserci¨®n social y no a apreciaciones de otro tipo. De ah¨ª que constituya un aut¨¦ntico misterio, merecedor de alguna explicaci¨®n, el empe?o persistente -contumaz, seg¨²n la fiscal¨ªa- del Gobierno catal¨¢n en sustraer a De la Rosa de sus obligaciones penitenciarias.