Un fiscal de Hitchcock

EL RECURSO DE S?PLICA presentado el pasado lunes por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para lograr que sea admitida a tr¨¢mite su querella por cohecho -rechazada el 3 de julio- contra dos diputados socialistas tr¨¢nsfugas y varios afiliados al PP, relacionados todos ellos con la industria de la construcci¨®n, permitir¨¢ al fiscal general del Estado contribuir a mantener el suspense -digno de un filme de Alfred Hitchcock- sobre el secreto de este esc¨¢ndalo pol¨ªtico-inmobiliario. No se sabe a¨²n si Cardenal autorizar¨¢ -y en qu¨¦ fecha- a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a investigar una trama pol¨ªtico-inmobiliaria de la que s¨®lo ha obtenido beneficios pol¨ªticos el PP.

Cardenal aplaza su decisi¨®n de autorizar a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la investigaci¨®n de la trama pol¨ªtico-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid hasta el cese en su cargo de Carlos Jim¨¦nez Villarejo

La pel¨ªcula comenz¨® con una denuncia de IU -fechada el 12 de junio- sobre la sospechosa ruptura con el PSOE dos d¨ªas antes de los diputados auton¨®micos madrile?os Tamayo y S¨¢ez, precedida y seguida por fren¨¦ticas llamadas telef¨®nicas a militantes del PP regional. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicit¨® la preceptiva venia del fiscal general para iniciar la investigaci¨®n: la precipitada querella interpuesta por el PSOE el 16 de junio ante el TSJM brind¨® a Cardenal una oportunidad pintiparada para aplazar su permiso invocando el art¨ªculo 785 bis.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que ordena al ministerio p¨²blico suspender las diligencias preprocesales sobre una denuncia nada m¨¢s tener conocimiento de la existencia de una causa judicial sobre el mismo asunto). Si bien el TSJM rechaz¨® la querella, ese auto de inadmisi¨®n s¨®lo ser¨¢ firme cuando la Sala resuelva el recurso de s¨²plica del PSOE.

Los socialistas tal vez dieron irreflexivamente por descontada la admisi¨®n de la querella o ignoraron los efectos paralizantes sobre la denuncia de IU de su mera presentaci¨®n; en cualquier caso, el PSOE se hallaba al corriente de los inminentes cambios que iban a producirse en la c¨²pula de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En efecto, el Pacto por la Justicia firmado hace dos a?os por el PSOE con el PP aprob¨® el marco general que una disposici¨®n transitoria de la ley de 26 de mayo de 2003 de reforma del Estatuto del Ministerio P¨²blico ha concretado: el cese de todos los fiscales jefes que llevasen m¨¢s de cinco a?os en su cargo. Ese supuesto alcanza de lleno a Carlos Jim¨¦nez Villarejo, a quien el Gobierno detesta y no quiere reelegir.

El inminente cese de Jim¨¦nez Villarejo ser¨¢ celebrado con champa?a por el Gobierno y por el PP; Cardenal no s¨®lo ha anunciado ya el nombre de su sustituto, sino que ha insinuado la posible desaparici¨®n en el futuro de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Una vez producido el relevo en la jefatura, Cardenal podr¨ªa incluso permitirse el lujo de autorizar al sucesor de Jim¨¦nez Villarejo la investigaci¨®n de nuevos hechos relacionados con el esc¨¢ndalo madrile?o y no incluidos en la inadmitida querella del PSOE; seg¨²n sus declaraciones a la prensa, el fiscal general aplazar¨ªa esa eventual decisi¨®n hasta que la Comisi¨®n de Investigaci¨®n del Parlamento de Madrid concluyese sus trabajos a finales de agosto.

La sectaria utilizaci¨®n por el Ministerio de Justicia de la reforma del Estatuto Fiscal para hacer una limpieza ideol¨®gica en los puestos de responsabilidad de ese jerarquizado cuerpo confirma que el Gobierno prosigue sin desmayo su plan de ocupar el Estado. Secuestrado el Parlamento por los abusos de la mayor¨ªa absoluta del PP, les lleg¨® el turno despu¨¦s a las instituciones consagradas a garantizar el imperio de la ley y a proteger el pluralismo: el ministerio p¨²blico sigue ahora id¨¦ntico destino que el Poder Judicial, el Constitucional, las instancias de control econ¨®mico y los medios p¨²blicos de comunicaci¨®n. El Gobierno del PP necesitaba embridar a los fiscales y presionar a los tribunales para seguir negando la evidencia de las colusiones entre los diputados socialistas tr¨¢nsfugas y varios militantes del PP en Madrid, una trama pol¨ªtico-inmobiliaria unida por el prop¨®sito com¨²n de impedir a toda costa que Rafael Simancas sea presidente de la Comunidad.