Justicia marroqu¨ª

La condena a muerte de 10 extremistas islamistas, junto con elevadas penas para otra veintena del mismo grupo prohibido, detenidos todos el a?o pasado, se?ala inequ¨ªvocamente un endurecimiento de la guerra contra el fundamentalismo armado en Marruecos. Al amparo de la conmoci¨®n creada en mayo por los masivos atentados suicidas de Casablanca - sintetizada por Mohamed VI en la expresi¨®n "se ha acabado la era del laxismo"-, Rabat ha puesto en marcha una escalada represiva en todos los frentes.

Marruecos no ha ejecutado a nadie desde hace 10 a?os, pese a que hay 64 condenados a muerte en sus celdas, y ojal¨¢ las penas capitales jam¨¢s lleguen a cumplirse. Pero el respeto a los derechos humanos b¨¢sicos puede ser la v¨ªctima propiciatoria de la nueva situaci¨®n si el combate no se hace con las armas y las garant¨ªas del Estado de derecho. En este primer proceso contra presuntos salafistas, los condenados han denunciado torturas, y ninguno de ellos, salvo su jefe, ha admitido los asesinatos que se les imputan. Sus abogados denuncian que fueron interrogados durante semanas y no se respetaron los plazos de incomunicaci¨®n marcados por la ley.

El terrorismo islamista es un fen¨®meno complejo y frecuentemente opaco que reh¨²ye las simplificaciones. En el Marruecos de Mohamed VI -que no es un para¨ªso de las libertades, pese a que su reinado sea presentado como la aurora de la democracia-, el campanazo del 11-S encendi¨® una se?al que ha venido cobrando fuerza tras la cita del pa¨ªs magreb¨ª en un mensaje de Bin Laden como uno de los que deb¨ªan ser liberados. La carnicer¨ªa de Casablanca ha acabado de convencer a Rabat de que el fundamentalismo armado, de la mano de Al Qaeda, a trav¨¦s de grupos locales impregnados del fanatismo matriz, ha hecho un blanco de su pa¨ªs, presentado como un modelo de estabilidad ante Occidente.

Pero la contenci¨®n del terrorismo requiere instrumentos justos y proporcionales, especialmente en un pa¨ªs socialmente explosivo como Marruecos. La draconiana ley antiterrorista aprobada dos semanas despu¨¦s de la masacre de Casablanca -obra, seg¨²n el Gobierno, de un grupo marginal integrado en los salafistas ahora condenados a muerte- no augura nada bueno con los ampl¨ªsimos poderes discrecionales concedidos a los jueces. Casos como el del supuesto l¨ªder de aquellos atentados suicidas, muerto poco despu¨¦s en prisi¨®n, o el del periodista Lmrabet, abonan el escepticismo sobre el funcionamiento de la justicia marroqu¨ª.