En saco roto
El Grupo de Estados contra la Corrupcion (GRECO) del Consejo de Europa, del que Espa?a forma parte desde 1999, ha vuelto a echar un serio rapapolvo al Gobierno sobre sus graves incumplimientos en esta materia. Hace dos a?os, en su primer informe relativo a Espa?a, este organismo se?alaba graves carencias en la respuesta institucional espa?ola al fen¨®meno de la corrupci¨®n y recomend¨® al Gobierno determinadas medidas para corregirlas. El Gobierno no s¨®lo ha echado en saco roto esas recomendaciones, sino que en aspectos clave en la lucha contra la corrupci¨®n, como la independencia de los fiscales para investigarla, ha dado significativos pasos atr¨¢s con la reciente reforma del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal.
Es posible que, como ha se?alado el vicepresidente Rajoy, la corrupci¨®n pol¨ªtico-administrativa no sea hoy uno de los "problemas capitales" que preocupan a los espa?oles. Pero aparte del comprensible inter¨¦s de Rajoy por quitar hierro a la reprimenda dirigida al Gobierno, es posible que la actitud de los espa?oles se deba a que dan por perdida la batalla contra la corrupci¨®n y que no otorgan ning¨²n cr¨¦dito a las iniciativas de los poderes p¨²blicos para combatirla. En todo caso, el Gobierno no ha hecho nada de lo que se le dijo hace dos a?os. El principal reproche que se mantiene es que carece de "una estrategia global y multidisciplinaria", en la que est¨¦n implicadas las administraciones p¨²blicas, para hacer frente a las variadas manifestaciones del fen¨®meno. Y como hace dos a?os, los puntos m¨¢s endebles de la respuesta institucional a la corrupci¨®n se sit¨²an en el ministerio fiscal y en las autoridades administrativas.
El Ejecutivo no s¨®lo no ha establecido ning¨²n c¨®digo de conducta en el ¨¢mbito funcionarial p¨²blico, sino que sigue sin dotar de medios suficientes a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, creada en 1995 a iniciativa del PP a ra¨ªz de los esc¨¢ndalos en la administraci¨®n socialista. Y para postre, en vez de dotarla de m¨¢s medios hace c¨¢balas sobre su supresi¨®n, tal como ha avanzado el propio fiscal general del Estado. El estatus de este ¨²ltimo al frente del ministerio p¨²blico es especialmente cuestionado: depende del Gobierno, sus relaciones con el Ejecutivo son totalmente opacas y no est¨¢n regulados sus competencias y sus criterios para decidir sobre las investigaciones.
Sin duda, el cuestionamiento de su escasa autonom¨ªa para investigar la corrupci¨®n ser¨ªa todav¨ªa m¨¢s severo de haberse elaborado el informe tras la reciente reforma del Estatuto Org¨¢nico.
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