Querella de discordia

La querella presentada por la Fiscal¨ªa del Estado contra el presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, por negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), sucesor de la ilegalizada Batasuna, parece haber provocado en el seno del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco no s¨®lo una leg¨ªtima discrepancia jur¨ªdica sobre sus fundamentos, sino tambi¨¦n una muy preocupante fractura ideol¨®gica y pol¨ªtica en torno al hecho mismo de su admisi¨®n o no a tr¨¢mite. Constituir¨ªa una quiebra muy grave del Estado de derecho que el enfrentamiento que mantienen los Gobiernos central y vasco en torno a esta querella, como en general sobre el proceso de ilegalizaci¨®n de Batasuna y sus consecuencias, se trasladara mec¨¢nicamente al interior del Tribunal de Justicia del Pa¨ªs Vasco, poniendo en entredicho su independencia y cegando cualquier posibilidad de encauzar el conflicto mediante la ley.

En este sentido, no se comprende bien, quiz¨¢ porque no se ha explicado suficientemente, que la misma Sala de lo Civil y Penal que se pronuncia en un primer momento a favor de una querella presentada sobre los mismos hechos contra Atutxa por el extra?o colectivo Manos Limpias se divida despu¨¦s en dos ante la admisi¨®n de la m¨¢s fundamentada querella de la Fiscal¨ªa del Estado. Seguramente ello explica el recelo con que el fiscal ha acogido la designaci¨®n de la llamada Sala de Discordia (ampliaci¨®n de la antigua con tres nuevos magistrados para deshacer el empate) y su decisi¨®n de impugnarla ante el Consejo del Poder Judicial, que ha decidido dejarla en suspenso cautelarmente hasta verificar si su designaci¨®n se atiene a lo dispuesto en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial.

En contra de lo se?alado por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azk¨¢rraga, que ha imputado nada menos que "actitudes mafiosas" al Consejo del Poder Judicial, este ¨®rgano es el competente para resolver un conflicto que ata?e exclusivamente al funcionamiento interno de un tribunal y que nada tiene de jurisdiccional. En todo caso, este conflicto no deber¨ªa ir a mayores, pues la ley predetermina claramente la forma en que ha de constituirse este tipo de sala de justicia.

Ni los gobernantes de Madrid ni los de Vitoria pueden actuar como si pudieran prejuzgar, y predeterminar en su caso, la decisi¨®n del Tribunal Superior vasco. Deber¨ªan cesar de inmediato pronunciamientos como el de Mayor Oreja, que enmarca este nuevo conflicto judicial en un supuesto proceso de secesi¨®n ya en marcha en el Pa¨ªs Vasco, o como el de Arzalluz contraponiendo un "independiente" Tribunal de Justicia del Pa¨ªs Vasco a un "sumiso Tribunal Supremo" que maneja Aznar. Los jueces del Tribunal Superior vasco deben salir del c¨ªrculo infernal en el que pretenden encerrarles unos gobernantes que a veces parecen perder cualquier sentido de la prudencia y de la sensatez. Deben actuar con la independencia que la ley y los ciudadanos les exigen, basando en argumentos de derecho, y s¨®lo en ellos, la decisi¨®n que adopten, cualquiera que sea.