Un juez cree que la Ley Financiera y la norma auton¨®mica son inconstitucionales

Cada vez est¨¢ mas claro que ser¨¢ el Tribunal Constitucional el que decida sobre el conflicto entre la Junta y el Gobierno a cuenta de Cajasur, la entidad controlada por la Iglesia y presidida por el sacerdote Miguel Castillejo. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de C¨®rdoba, Pedro-Jos¨¦ Vela, en un auto de la pasada semana, ha decidido elevar una cuesti¨®n de constitucionalidad sobre la Ley Financiera de noviembre de 2002, norma con la que el Gobierno sustrajo el control administrativo de Cajasur a la Junta. El juez tambi¨¦n quiere que el Tribunal se pronuncie sobre la modificaci¨®n de la Ley andaluza de Cajas que impuls¨® la Junta para dificultar la adhesi¨®n de la caja a la norma estatal.

En ambos casos, el juez cree que se trata de normas contrarias a la Constituci¨®n. El magistrado deb¨ªa decidir sobre la legalidad del acuerdo del Consejo de Administraci¨®n de Cajasur para adherirse a la Ley Financiera, acuerdo impugnado por la Junta y la Diputaci¨®n de C¨®rdoba. Cajasur aprob¨® en ese Consejo el estatus especial que la nueva norma establece para las cajas fundadas directamente por la Iglesia, requisito que s¨®lo cumple la entidad cordobesa. Sobre esa disposici¨®n de la Ley Financiera, que reserva el control administrativo de Cajasur del Gobierno en detrimento de la Junta, el juez estima que puede vulnerar el Estatuto de Autonom¨ªa y que el acuerdo con la Santa Sede no justifica el cambio normativo.

Pacto PSOE-IU

Tambien duda el juez de la constitucionalidad de la modificaci¨®n legal que introdujo la Junta en la Ley andaluza de Cajas, aprovechando en diciembre la tramitaci¨®n de la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos. El cambio auton¨®mico supon¨ªa que para que Cajasur pudiese solicitar el estatuto especial de la Ley Financiera, deb¨ªa conseguir el visto bueno de la Diputaci¨®n, una mayor¨ªa holgada en la Asamblea y un informe positivo de la Junta. El magistrado cree que el cambio en la norma auton¨®mica vulnera los principios constitucionales de "irreprocidad" y "seguridad jur¨ªdica", al tratar de aplicarse a un hecho "consumado" -el Ministerio de Econom¨ªa hab¨ªa ya aprobado la solicitud de Cajasur- y utilizar una Ley (la de Acompa?amiento) con "un objeto completamente distinto".

Por otra parte, el presidente de la Diputaci¨®n de C¨®rdoba, el socialista Francisco Pulido, dijo ayer que el pacto que su partido suscribi¨® con IU para designar la representaci¨®n de la instituci¨®n provincial en Cajasur no esta roto. Pulido se refiri¨® as¨ª a la asistencia de Francisco C¨¢rdenas (IU) al Consejo de Administraci¨®n de la entidad a pesar de que hab¨ªa rehusado a su designaci¨®n por la Asamblea, que rechaz¨® como primera opci¨®n de ambas formaciones al candidato Antonio Fern¨¢ndez Poyato.

Pulido asegur¨® que la representante de la Diputaci¨®n para la comisi¨®n de control, la socialista Mar¨ªa Porcel, dimitir¨¢ por escrito, para que ocupe su puesto la suplente Francisca Lozano de IU. La "necesidad" de la renuncia escrita de Porcel fue el principal argumento de C¨¢rdenas para asistir al Consejo.