Corrupci¨®n

Hace dos semanas y a prop¨®sito del vodevil socialista madrile?o me permit¨ªa atraer la atenci¨®n sobre las relaciones de los grupos de inter¨¦s, y espec¨ªficamente los consorcios econ¨®micos con los partidos con chance para gobernar o que tienen capacidad de coalici¨®n -por decirlo en t¨¦rminos acu?ados por los tratadistas, de chantaje-, y conclu¨ªa en que aquellos tratan a estos "como hipot¨¦ticos socios o previsibles clientes", y que esto explicaba en buena parte los acontecimientos que se han producido en el seno de la FSM. Pero esa no era toda la explicaci¨®n, pues faltaba la referencia a un dato institucional que est¨¢ precisamente en la base de las an¨®malas relaciones entre partidos y consorcios econ¨®micos que, a su vez, afectan a las relaciones del poder con los intereses econ¨®micos de sectores muy estructurados, representados frecuentemente por frentes olig¨¢rquicos con ramificaciones clientelares o fiduciarias en organizaciones empresariales y profesionales. En efecto, puede que con una valiente regulaci¨®n legal del derecho a presionar en p¨²blico, con un reconocimiento expl¨ªcito de los lobbies y grupos de inter¨¦s m¨¢s all¨¢ de su capacidad (invisible, opaca a la opini¨®n, o, por lo menos, no reglada espec¨ªficamente) de influencia o de logro de decisiones favorables a sus intereses privativos, se podr¨ªa alejar la sospecha permanente de corrupci¨®n que pesa en el territorio que media entre la decisi¨®n pol¨ªtica y los leg¨ªtimos intereses de los consorcios a que aludimos. El mecanismo que regula la contrataci¨®n local, o el m¨¢s ambicioso de las comunidades aut¨®nomas y del Estado, las formales garant¨ªas de la adjudicaci¨®n de contratos multimillonarios por parte de las instituciones p¨²blicas, la apelaci¨®n a fianzas, plicas, concursos, subastas, adjudicaciones realizadas siguiendo rutinariamente una legislaci¨®n que no dispone de un solvente criterio objetivo de mejor postor, entre otras muchas deficiencias, acaba arrojando a los pies de las mayor¨ªas pol¨ªticas en las instituciones de gobierno no la oportunidad de contratar seg¨²n qu¨¦ obras sino contratarlas con postores concretos incluso capaces de disuadir a otros de acercarse a la competici¨®n (cuando la hay). Formalmente, pues, la bater¨ªa de recursos legales al servicio de una contrataci¨®n transparente olvida deliberadamente que -en lo que nos ocupa-, el peligro se da con antelaci¨®n, porque el trato arbitrariamente discriminatorio se sumerge en la libertad de escoger entre opciones que asiste a los poderes p¨²blicos, y porque el manto de la legalidad invocable obvia lo previo, es decir, el secreto (que no la discreci¨®n) con que los consorcios se postulan para los encargos del poder p¨²blico. Una ley que regulase la actividad p¨²blica de los lobbies, el reconocimiento del derecho de los consorcios y empresas a ofrecer contrapartidas para la obtenci¨®n de contratos que pudiesen conocerse en todos sus detalles por la opini¨®n p¨²blica, una regulaci¨®n sin cinismo de la financiaci¨®n privada de los partidos pol¨ªticos, estableciendo una contabilidad p¨²blica para estos, entre otras medidas, evitar¨ªa espect¨¢culos como el de Madrid, que est¨¢n latentes en otros muchos municipios, provincias o comunidades aut¨®nomas. El modelo de relaciones profesionales entre consorcios y poderes p¨²blicos realmente existente es deficiente, se presta a la chapuza y a la corrupci¨®n de ambas partes y puede convertirse en un polvor¨ªn. Si esto ocurre en la abundancia ?que pasar¨¢ cuando el crecimiento econ¨®mico se estabilice o estanque?