Comisi¨®n guillotinada

La comisi¨®n parlamentaria que deb¨ªa investigar en la Asamblea de Madrid la trama de intereses en torno a la deserci¨®n de dos diputados socialistas ha nacido muerta. La acumulaci¨®n de vetos del Partido Popular a la comparecencia de diez de sus dirigentes y su negativa a que Hacienda aportara informes sobre los investigados colmaron la paciencia de PSOE e IU, que bloquearon la comisi¨®n con el voto favorable del tr¨¢nsfuga Tamayo.

El portavoz socialista, Rafael Simancas, declar¨® que su grupo no iba a contribuir a semejante farsa. El programa m¨ªnimo aceptado por el PP, que limit¨® la presencia de los suyos al secretario general de Madrid y al ex alcalde de Alcorc¨®n, fue calificado por los socialistas como un intento de desvirtuar las tareas de la comisi¨®n de investigaci¨®n y de evitar que se conozca la verdad sobre la trama inmobiliaria.

Los beneficiarios directos de esta trifulca, que pone en evidencia la nula voluntad de transparencia del PP, son los tr¨¢nsfugas que est¨¢n en el origen del esc¨¢ndalo. Pero el PP consigue de carambola lo que ven¨ªa persiguiendo desde hace cuatro semanas: que no se constituya una comisi¨®n de investigaci¨®n que s¨®lo pod¨ªa traerle problemas a?adidos y que la decisi¨®n obedezca a una congregaci¨®n de votos de socialistas, Izquierda Unida y los propios tr¨¢nsfugas.

La liquidaci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n es, en cualquier caso, una p¨¦sima noticia para unos ciudadanos que se sienten estafados. Y coincide con la paralizaci¨®n de la acci¨®n judicial, tras el rechazo de la querella presentada por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la confirmaci¨®n de su escasa base argumental por parte de Jim¨¦nez Villarejo. El fiscal Anticorrupci¨®n cree, no obstante, que los hechos conocidos exigen una investigaci¨®n a fondo para la que tiene hasta ahora la prohibici¨®n expresa del fiscal general del Estado.

La tergiversaci¨®n de los resultados electorales en los pasados comicios de la Comunidad de Madrid, la acumulaci¨®n de casualidades que revelan una perversa colusi¨®n entre intereses inmobiliarios y comportamientos pol¨ªticos, y la alarma social que ha provocado exigen una investigaci¨®n en forma, por parte de la justicia o por parte del Parlamento regional, y posiblemente por parte de ambos. Entre otras razones, porque muy pronto volver¨¢n a convocarse unas elecciones a las que los ciudadanos no pueden acudir sin saber qu¨¦ sucedi¨® exactamente para que tengan que regresar de nuevo a las urnas en el plazo de cuatro meses.