Los inspectores de Trabajo critican al ministerio en el 'caso Ardystil'

Los inspectores de Trabajo han encajado con indignaci¨®n la sentencia por el s¨ªndrome Ardystil, una enfermedad pulmonar por inhalaci¨®n de productos qu¨ªmicos que en 1992 caus¨® la muerte de seis trabajadores en ocho f¨¢bricas textiles. En la sentencia, hecha p¨²blica el pasado 30 de junio, la Audiencia de Alicante conden¨® a la due?a de la firma Ardystil a seis a?os de c¨¢rcel e impuso multas a otros seis empresarios. El tribunal, en una decisi¨®n sin precedentes, tambi¨¦n puso una condena de seis meses a un inspector de Trabajo, Alfredo Ortol¨¢, y declar¨® responsable civil subsidiaria a la Generalitat Valencia para afrontar los m¨¢s de cuatro millones de euros con que los inculpados deben indemnizar a un centenar de afectados.

Las dos asociaciones (profesional y progresista) que representan a la inmensa mayor¨ªa de los 780 inspectores negociaron hace dos semanas, tras una asamblea en Madrid, la redacci¨®n de un documento conjunto en el que lamentan la falta de respaldo del Ministerio de Trabajo a su compa?ero y critican la sentencia. Ortol¨¢ defendi¨® en el juicio que en su visita a Ardystil, dos a?os antes de que se manifestara la enfermedad, la empresa estaba inactiva y que nunca hubo denuncias de seguridad e higiene. El tribunal desech¨® esos argumentos y le conden¨® por inhibici¨®n. Las dos asociaciones creen que la sentencia se fundamenta en "un inaceptable traspaso de responsabilidad del deber de seguridad del empresario a la Administraci¨®n P¨²blica, y de ah¨ª a un funcionario concreto".

"Chivo expiatorio"

En el escrito, remitido al Ministerio de Trabajo y a la Generalitat, los inspectores acusan al tribunal de "forzar las normas jur¨ªdicas" para asegurar, a partir de la condena penal a un funcionario, que la administraci¨®n afronte las indemnizaciones. "Rechazamos que el funcionario p¨²blico se convierta en chivo expiatorio, cuya condena se instrumentaliza como condici¨®n necesaria para la reparaci¨®n de los afectados, a la que ya se sabe de antemano que no van a hacer frente los responsables reales y legales de sus salud y seguridad: empresarios, fabricantes o distribuidores de productos con riesgo", dice el comunicado.

Las dos asociaciones, que acordaron remitir el escrito al Consejo General del Poder Judicial, estudian "interponer demanda contra el tribunal". Y lamentan el nulo respaldo del Ministerio al inspector condenado, cuyo patrimonio est¨¢ embargado por la sentencia. De ah¨ª que exijan al Ministerio y a la Generalitat que "su apoyo en todos los ¨®rdenes a Alfredo Ortol¨¢", que ha recurrido la sentencia ante el Supremo. Tambi¨¦n reclaman a Trabajo "la toma inmediata de medidas en orden a asegurar la efectiva defensa jur¨ªdica de los inspectores y la necesaria cobertura de responsabilidad civil, en estos momentos del todo insuficiente".