A oscuras
Los apagones se est¨¢n convirtiendo en un mal end¨¦mico de la distribuci¨®n el¨¦ctrica en Espa?a. Desde diciembre de 2001, fecha en la que se produjo el gran apag¨®n en Catalu?a, las deficiencias en el suministro el¨¦ctrico son moneda corriente. Las explicaciones de la Administraci¨®n y de las propias empresas, que suenan a excusas, insisten en las puntas estacionales de demanda. El mes pasado hubo interrupciones importantes del suministro en Alicante, Vitoria y Barcelona, y este lunes, un apag¨®n general dej¨® sin luz la isla de Mallorca desde aproximadamente las seis de la tarde hasta bien entrada la noche. M¨¢s de 350.000 usuarios quedaron afectados por un incidente que deja en muy mal lugar la imagen tur¨ªstica de Espa?a y cuestiona la calidad de los servicios esenciales.
En el caso de Baleares, el riesgo se agudiza por su car¨¢cter insular, desconectado de la producci¨®n peninsular, y por la decisi¨®n del Gobierno de posponer la construcci¨®n de un gasoducto desde la Pen¨ªnsula que permita la construcci¨®n de una planta el¨¦ctrica de ciclo combinado compatible con el desarrollo tur¨ªstico. La causa de los apagones hay que buscarla en las insuficientes inversiones de las compa?¨ªas en mejora de las redes de distribuci¨®n y transporte. El Gobierno central y los auton¨®micos se resisten a admitir esta degradaci¨®n del servicio, que se est¨¢ moviendo en niveles impropios de un pa¨ªs de la UE, y se escudan en estad¨ªsticas abstractas. Apenas hace una semana, el secretario de Estado de Energ¨ªa, Jos¨¦ Folgado, se felicit¨® de que la energ¨ªa el¨¦ctrica en Espa?a "est¨¢ bien ahormada en cuanto a inversiones en generaci¨®n, en transporte y en distribuci¨®n, para hacer frente al importante crecimiento de la demanda que est¨¢ habiendo".
Los apagones demuestran que este optimismo carece de fundamento. La pol¨ªtica del Gobierno de autorizar la elevaci¨®n de tarifas para los pr¨®ximos ocho a?os no da muestras de que est¨¦ conduciendo a un mejor servicio. El Ministerio de Econom¨ªa y los gobiernos aut¨®nomos tienen capacidad para exigir a las compa?¨ªas que apliquen las inversiones necesarias para garantizar un suministro el¨¦ctrico de calidad; mediante multas y, sobre todo, con la aplicaci¨®n estricta de la pol¨ªtica de contrapartidas. Instumentos no faltan, otra cosa es que se tenga voluntad de aplicarlos.
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