Un juez de Argentina ordena detener a 46 ex militares a petici¨®n de Garz¨®n

El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral orden¨® ayer, a pedido de su colega espa?ol Baltasar Garz¨®n, el "arresto preventivo" de 45 ex oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas y un civil, entre ellos los altos mandos de la dictadura militar que sufri¨® el pa¨ªs entre 1976 y 1983, a los que se acusa de delitos de genocidio. Garz¨®n dispone ahora de 30 d¨ªas para enviar los antecedentes que justifiquen el comienzo del juicio de extradici¨®n. El presidente, N¨¦stor Kirchner, va a derogar el decreto que ha impedido hasta ahora la extradici¨®n de los represores.

El decreto, firmado en 2001 por el ex presidente De la R¨²a, no impide ahora al juez ordenar estos arrestos, pero obliga al rechazo sin m¨¢s tr¨¢mites de los reclamos de tribunales extranjeros. Adem¨¢s de su derogaci¨®n, el Ejecutivo enviar¨¢ al Congreso un proyecto que busca modificar la Ley de Cooperaci¨®n Internacional en Materia Penal para que los militares que no est¨¦n detenidos ya por otras causas puedan permanecer en libertad mientras los jueces analizan "caso por caso" los pedidos de extradici¨®n.

Un portavoz del Gobierno argentino confirm¨® ayer a EL PA?S que "la decisi¨®n est¨¢ tomada, no habr¨¢ traslado masivo de militares argentinos a Madrid porque la situaci¨®n actual de cada uno es distinta y los jueces podr¨¢n resolver, si corresponde, que el proceso contin¨²e en Buenos Aires". Garz¨®n reitera el pedido realizado en diciembre de 1999 y demorado en el Ministerio de Exteriores argentino hasta que finalmente De la R¨²a firm¨® en 2001 el decreto que ordena el rechazo autom¨¢tico.

El auto de detenci¨®n incluye a los m¨¢ximos responsables del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, entre otros el ex general Jorge Videla, el ex almirante Emilio Massera, el comandante del primer cuerpo del Ej¨¦rcito, Carlos Guillermo Su¨¢rez Mason y el general de brigada Lami Dozo. Algunos de ellos, mayores de 70 a?os, se encuentran en prisi¨®n domiciliaria preventiva mientras avanzan los procesos por robo de ni?os nacidos en cautiverio, la ¨²nica causa que no prescribe ni fue amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Otros, como el ex capit¨¢n de nav¨ªo Alfredo Ast¨ªz, el ex general Antonio Bussi, que acaba de ser elegido como alcalde de la capital en la provincia de Tucum¨¢n, y el ex general Luciano Benjam¨ªn Men¨¦ndez, todav¨ªa estaban en libertad y deber¨¢n permanecer detenidos en unidades militares hasta que el juez Canicoba Corral resuelva. La defensa insiste en que los acusados, en algunos casos, ya fueron juzgados, condenados e indultados, y a los dem¨¢s les amparan las leyes. La Corte Suprema debe resolver sobre la legalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que en 1987 libraron de proceso a m¨¢s de 1.100 oficiales y suboficiales, y que fueron declaradas "inconstitucionales" por el juez Gabriel Cavallo en marzo de 2001.

Malestar militar

El malestar militar sali¨® al fin a la luz p¨²blica con anuncios y declaraciones que fueron castigados por los nuevos comandantes del Ej¨¦rcito de Tierra y la Armada. El jefe de la Marina argentina, vicealmirante Jorge Godoy, reuni¨® el pasado lunes a 47 almirantes ya retirados de la fuerza para recordarles que "todas las inquietudes deben ser canalizadas institucionalmente". La pasada semana Godoy hab¨ªa castigado por "falta grave" a 12 almirantes y vicealmirantes retirados con seis d¨ªas de arresto por publicar un anuncio en el peri¨®dico La Naci¨®n en el que criticaban la pol¨ªtica militar y de defensa de los derechos humanos del presidente N¨¦stor Kirchner.

A su vez, el nuevo comandante en jefe del Ej¨¦rcito de Tierra, Roberto Bendini, impuso un "apercibimiento verbal" a su antecesor en el cargo, el general Roberto Brinzoni, quien dijo sentirse afectado por "el retiro de muchos generales muy valiosos cuando no hab¨ªa necesidad de un descabezamiento tan grande". Al juego de presiones sobre las decisiones de Kirchner se han sumado tambi¨¦n algunos portavoces de la Iglesia. El arzobispo de La Plata, monse?or H¨¦ctor Aguer, se pronunci¨® contra la decisi¨®n de someter nuevamente a proceso a los acusados de graves violaciones a los derechos humanos, y a?adi¨®: "Los reclamos de justicia que se oyen en nuestra sociedad suenan m¨¢s bien a clamores de venganza".