Corrupci¨®n y fiscales

DOS D?AS ANTES de que los diputados tr¨¢nsfugas Tamayo y S¨¢ez comparecieran ante la comisi¨®n de encuesta del Parlamento madrile?o sobre una presunta trama pol¨ªtico-inmobiliaria, el Consejo Fiscal se pronunciaba -por cinco votos contra cuatro- a favor del cese de Carlos Jim¨¦nez Villarejo como jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a quien el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, hab¨ªa impedido investigar el caso. El dictamen del ¨®rgano colegiado -preceptivo, pero no vinculante- era innecesario para que Cardenal tomara esa decisi¨®n. La ley de 26 de mayo de 2003, que reform¨® el Estatuto Fiscal de 1981, fij¨® un periodo de cinco a?os -renovable por sucesivos mandatos de id¨¦ntica duraci¨®n- para el desempe?o de las principales jefaturas del ministerio p¨²blico; Jim¨¦nez Villarejo, nombrado en 1995, hab¨ªa rebasado con amplitud ese plazo.

Mientras Cardenal sugiere la supresi¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el Consejo de Europa critica al Gobierno de Aznar por haber incumplido las recomendaciones del informe GRECO para reforzarla

Con su habitual desenvoltura para dar gato por liebre, el ministro de Justicia respondi¨® a las cr¨ªticas contra el cese de Jim¨¦nez Villarejo con el argumento de que "los puestos vitalicios s¨®lo se dan en las dictaduras", como si el jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hubiese aspirado a esa bicoca; Michavila aprovech¨® el viaje para dar un p¨ªcaro pellizquito de monja a algunos de los fiscales destituidos: el cese les "permitir¨¢ dedicarse a lo que de verdad les gusta, que es la pol¨ªtica". Sin embargo, el Consejo Fiscal que aprob¨® el cese de Jim¨¦nez Villarejo s¨®lo por llevar -seg¨²n el ministro de Justicia- m¨¢s de cinco a?os en su cargo recomend¨® en la misma sesi¨®n la renovaci¨®n del mandato de otros nueve fiscales que tambi¨¦n hab¨ªan superado ese plazo.

El fiscal general no s¨®lo ha destituido al jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, sino que se ha pronunciado a favor de liquidar la instituci¨®n; a este respecto, los inconvincentes desmentidos con la boca chica del Gobierno hacen suponer que comparte secretamente ese mismo proyecto. ?Ser¨¢ que la llegada al poder del PP en 1996 produjo el milagro de erradicar la la venalidad pol¨ªtica? El esc¨¢ndalo de Madrid, sin embargo, es una prueba en contrario; las trabas de Cardenal a la investigaci¨®n de la supuesta trama pol¨ªtico-inmobiliaria por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n invitan a seguir otras pistas. En cualquier caso, la reciente valoraci¨®n realizada por el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n (GRECO) sobre el cumplimiento por el Gobierno de Aznar de las 10 recomendaciones dirigidas el 19 de junio de 2001 a Espa?a por ese organismo del Consejo de Europa lleva a la conclusi¨®n de que no ha sido el cesado Jim¨¦nez Villarejo, sino el fiscal general y el Ejecutivo del PP que le nombr¨® y le mantiene en el cargo, quienes no han hecho los deberes en la lucha contra la venalidad pol¨ªtica.

Seg¨²n el Consejo de Europa, el Gobierno espa?ol ha atendido de forma satisfactoria ¨²nicamente a dos de las diez recomendaciones, relativas a la independencia presupuestaria de la Fiscal¨ªa General y a la aplicaci¨®n de determinados preceptos del C¨®digo Penal sobre crimen organizado a los delitos de corrupci¨®n; otras dos instrucciones del informe GRECO de 2001 -sobre la adopci¨®n de una estrategia global y multidisciplinar para prevenir, detectar y perseguir la corrupci¨®n, y sobre la promulgaci¨®n de un C¨®digo Nacional de Conducta de los funcionarios p¨²blicos con el mismo objetivo- han sido cumplidas s¨®lo parcialmente. En cambio, las seis recomendaciones restantes del Consejo de Europa han sido totalmente desatendidas por el Gobierno espa?ol. El fiscal general contin¨²a dependiendo del Ejecutivo a trav¨¦s de relaciones nada transparentes, sus decisiones para investigar o no a una persona carecen de control y su forma de transmitir instrucciones al resto del ministerio p¨²blico no garantiza la independencia de sus subordinados. El informe GRECO se muestra especialmente severo con el incumplimiento por el Gobierno de las recomendaciones sobre la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n: no ha incrementado sus recursos, no ha creado fiscal¨ªas anticorrupci¨®n especializadas en las grandes ciudades, no ha dotado a la instituci¨®n de las competencias de la Fiscal¨ªa Antidroga para investigar el mundo de los negocios. As¨ª se entiende que Cardenal y el Gobierno se propongan suprimirla.