Se acab¨® la impunidad

Con su decisi¨®n de derogar el decreto de su antecesor, Fernando de la R¨²a, que imped¨ªa la extradici¨®n de los represores de la dictadura militar (1976-1983), el presidente de Argentina, N¨¦stor Kirchner, ha lanzado un mensaje de hondo calado pol¨ªtico y social a los ciudadanos de su pa¨ªs: se acab¨® la impunidad por aquellos cr¨ªmenes. ?se es el sentido profundo de una medida que ya hab¨ªa insinuado desde los primeros instantes de su mandato, m¨¢s all¨¢ de los resultados que pueda arrojar en la pr¨¢ctica, dados los problemas jur¨ªdicos y las fuertes resistencias pol¨ªticas que sin duda encontrar¨¢ en su camino.

El presidente argentino, que se caracteriza a s¨ª mismo como un socialdem¨®crata, trata de ganar la confianza de sus conciudadanos con decisiones ejecutivas en ¨¢mbitos ¨¦ticamente sensibles. Para ello considera necesario resolver con la m¨¢xima urgencia los problemas pendientes de la transici¨®n democr¨¢tica, en especial el esclarecimiento de las responsabilidades por los cr¨ªmenes de la dictadura militar. Cortar de ra¨ªz cualquier sospecha de complicidad con esa situaci¨®n de impunidad era un paso obligado en la pol¨ªtica de devolver la esperanza a una ciudadan¨ªa descre¨ªda y cuyo distanciamiento con las instituciones se hizo especialmente dram¨¢tico bajo los mandatos de Menem.

Pero se trata s¨®lo de un primer paso, sujeto adem¨¢s a diversos imponderables, en el dif¨ªcil camino de llevar ante los tribunales de justicia a los responsables todav¨ªa vivos de cr¨ªmenes horrendos contra las personas cometidos desde las m¨¢ximas instancias del poder, entre ellos la desaparici¨®n de unos 30.000 ciudadanos.

En lo inmediato, el desbloqueo de las extradiciones acordado por Kirchner ha dado cobertura a la decision de la justicia argentina de proceder a la detenci¨®n preventiva, a requerimiento del juez espa?ol Baltasar Garz¨®n, de 45 militares y un civil implicados en la represi¨®n de la dictadura, entre ellos los integrantes de la Junta Militar Jorge Videla y Emilio Massera, con vistas a su posible extradici¨®n a Espa?a. La iniciativa del juez Garz¨®n, enmarcada en el ejercicio de una jurisdicci¨®n universal que intenta no dejar impunes los delitos de lesa humanidad -genocidio, torturas, terrorismo de Estado-, y la de la justicia argentina, que ha decidido colaborar dentro de las posibilidades legales actualmente existentes en Argentina, convergen en un mismo objetivo: castigar aquellos cr¨ªmenes y dar satifacci¨®n a las v¨ªctimas.

Ser¨ªa deseable que la justicia y la sociedad argentinas saldaran en su propio ¨¢mbito las cuentas pendientes con ese pasado tr¨¢gico. Para ello es necesario que el presidente Kirchner d¨¦ un nuevo paso para derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero sea a trav¨¦s del sumario que instruye Garz¨®n, de los que pueda abrir la justicia argentina o con el concurso de ambos, lo importante es que los represores comiencen a otear en el horizonte la posibilidad cierta de que tendr¨¢n que responder de sus cr¨ªmenes. Kirchner ha entendido que s¨®lo as¨ª los pol¨ªticos argentinos tendr¨¢n una ¨²ltima oportunidad de recuperar el cr¨¦dito perdido.