Argentina: vuelco hist¨®rico a la impunidad

Algo enormemente importante, y esta vez -ya era hora- tambi¨¦n espectacularmente positivo, est¨¢ ocurriendo en Argentina. Con alguna notable excepci¨®n, la predominante regla general en aquel pa¨ªs ha venido siendo la s¨®lida, cori¨¢cea, contumaz cultura de la impunidad. Los militares y polic¨ªas argentinos, incluidos los m¨¢s caracterizados golpistas, torturadores y represores, han gozado hist¨®ricamente de un alto grado de esa cobertura, de esa noci¨®n, de esa garant¨ªa -no escrita pero fuertemente arraigada- de que nunca tendr¨ªan que pagar las consecuencias de unos excesos siempre asumidos, soportados -bancados en lenguaje porte?o- por aquella sociedad. De esta forma el golpe militar, la represi¨®n, el secuestro, la tortura y el asesinato de opositores llegaron a ser asimiladas como actividades baratas, cuando no absolutamente gratuitas en materia penal. Casi todos sus autores a lo largo del siglo XX han contado con -y recibido a su debido tiempo- el oportuno instrumento protector, ll¨¢mese complicidad del poder, inoperancia judicial, indulto, amnist¨ªa o ley exculpadora que les permiti¨® -con escasas aunque muy se?aladas excepciones- salir b¨¢sicamente indemnes, o con castigos m¨ªnimos en relaci¨®n a la gravedad de los delitos perpetrados.

Tras el juicio y sentencia a las tres primeras Juntas en 1985, sobrevino la poderosa reacci¨®n corporativa del Ej¨¦rcito, y la arrasadora impunidad volvi¨® a imponerse una vez m¨¢s. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986 y 1987), dictadas bajo la intensa y agresiva presi¨®n militar (recu¨¦rdese, entre otras, la insurrecci¨®n de Semana Santa de 1987), impidieron juzgar ni siquiera a una parte de los m¨¢s de 1.100 represores se?alados por el informe de la Comisi¨®n Nacional sobre Desaparici¨®n de Personas. Una vez aplicadas ambas leyes de impunidad, los imputados judicialmente quedaron reducidos a la raqu¨ªtica cifra de 38 generales, almirantes y brigadieres. Para colmo, el posterior indulto del presidente Carlos Menem (1989) dej¨® tambi¨¦n en libertad a aquellos ¨²ltimos procesados. Finalmente, su segundo indulto (1990) liber¨® incluso a los seis altos jefes que cumpl¨ªan las sentencias -ya firmes- dictadas en 1985. Una frase del presidente Menem trat¨® de justificar aquel escandaloso retroceso de la justicia: "En la Argentina dif¨ªcilmente se puede gobernar sin los militares, pero nunca contra los militares". Aquel eufem¨ªstico pretexto ocultaba la triste realidad: el restablecimiento del Ej¨¦rcito como entidad pr¨¢cticamente intocable, y el arrinconamiento de la justicia frente a la prepotencia recuperada de la vieja cultura de la impunidad.

Hoy, en este agosto de 2003, despu¨¦s de muchas y amargas vicisitudes, la perspectiva es otra. Corren nuevos vientos de esperanza para la Argentina. El nuevo presidente, N¨¦stor Kirchner, en sus escasas semanas de actuaci¨®n ha dejado ya muy claras -entre otras- dos actitudes fundamentales, tremendamente necesarias y de incalculable valor para aquel pa¨ªs. Primera, su decisi¨®n de poner fin a la cultura de la impunidad. Y segunda, su falta de complejos frente al estamento militar. Estos dos puntos, en la Rep¨²blica Argentina, son oro puro. M¨¢s necesarios que el aire que respira aquella sociedad, diagnosticada por los m¨¢s serios estudiosos nacionales y extranjeros como -al menos desde 1930- enferma de golpismo, intervencionismo militar, autoritarismo, corrupci¨®n e impunidad. Impunidad incluso para el derrocamiento de presidentes tan intachables como Hip¨®lito Irigoyen (1930) y Arturo Illia (1966). Filosof¨ªa, mentalidad, costumbre, ambiente envolvente de impunidad, de actuaciones impunes al margen de la ley. Tradici¨®n arraigada en el sentido de que el actuar personal e institucionalmente al margen de la ley compensa, resulta rentable, resulta beneficioso, incluso cuando implica miles de ciudadanos secuestrados, torturados y asesinados. Y no digamos cuando implica sacar del pa¨ªs miles de millones de d¨®lares, tambi¨¦n al margen de la ley, de la moral y de las exigencias m¨¢s vitales de la econom¨ªa nacional.

En estas ¨²ltimas semanas, una serie de pronunciamientos rotundos han saltado de la boca del presidente Kirchner a las p¨¢ginas de la prensa mundial. "Entre nuestros objetivos fundamentales est¨¢ el tema de la justicia, de la memoria, el vencer a la cultura de la impunidad", ha dicho. Sin eufemismos, ha proclamado que este ambiente de impunidad constituye "una verg¨¹enza nacional". Y ha precisado: "Durante a?os existi¨® una par¨¢lisis nacional, producto de la cultura de la impunidad", refiri¨¦ndose no s¨®lo a los cr¨ªmenes de la dictadura sino tambi¨¦n a otros sangrientos episodios posteriores, como los atentados contra la Embajada israel¨ª en Buenos Aires (29 muertos en 1992) y contra la sede de la asociaci¨®n jud¨ªa AMIA (85 v¨ªctimas mortales en 1994), ambos pr¨¢cticamente impunes en la actualidad.

Por fortuna, los hechos de Kirchner acompa?an a sus palabras: no s¨®lo se manifiesta convencido de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, a la vez que recuerda que siempre se opuso a los indultos, sino que, de hecho, poco despu¨¦s de recibirse la nueva reclamaci¨®n de 46 represores por el juez Garz¨®n, deroga el decreto antiextradicci¨®n del ex presidente De la R¨²a (2001), abriendo la puerta a la entrega de los reclamados internacionalmente por delitos de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo proclama: "Habr¨ªa que juzgarlos a todos en la Argentina". En otras palabras, su mensaje al Congreso, al Senado y a la Corte Suprema no puede ser m¨¢s claro y rotundo, y s¨®lo admite esta traducci¨®n: Anulemos de una vez por todas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Eso nos permitir¨¢ juzgar aqu¨ª a nuestros propios criminales, y nos librar¨¢ de la verg¨¹enza de presenciar un penoso desfile de aviones con delincuentes argentinos extraditados en direcci¨®n a Espa?a, Francia, Italia, Alemania, Israel y Suecia, pa¨ªses, todos ellos, que los reclaman. Y si los reclaman es, precisamente, porque nosotros no fuimos capaces de juzgarlos aqu¨ª. Juzgu¨¦moslos en nuestros propios tribunales y demostremos al mundo, de una vez y para siempre, que en Argentina reina la justicia, el derecho y la primac¨ªa de la sociedad civil.

Recordemos las cr¨ªticas dedicadas al juez Baltasar Garz¨®n cuando, en 1996, decidi¨® admitir las primeras denuncias presentadas en la Audiencia Nacional contra determinados cr¨ªmenes de la dictadura militar argentina, y, poco despu¨¦s, de la chilena: "Brindis al sol", "pose puramente est¨¦tica", "concesi¨®n efectista para la fachada", "puro gesto de nula efectividad". "?Qu¨¦ sentido tiene juzgar en Espa?a unos hechos producidos hace m¨¢s de veinte a?os a miles de kil¨®metros de distancia, en unos pa¨ªses que tienen su propio sistema de justicia?", preguntaban los detractores de aquella osada -pionera, pero rigurosa y leg¨ªtima- l¨ªnea judicial. Dos a?os despu¨¦s llegaba la respuesta en lo referente a Chile (arresto y juicio en Londres a Pinochet). Y ahora, siete a?os despu¨¦s, llega la respuesta correspondiente a la Argentina.

La validez de esta acci¨®n judicial ha sido doblemente ratificada en ambos pa¨ªses. En Espa?a, por la reciente resoluci¨®n de la Audiencia Nacional, que ha ratificado nuevamente la competencia de la justicia espa?ola sobre los cr¨ªmenes de lesa humanidad perpetrados por aquella dictadura militar, tal como ya dictamin¨® el 4 de noviembre de 1998. Y en la Argentina, la decisi¨®n del juez espa?ol se ha visto refrendada por otras dos actuaciones sucesivas: la derogaci¨®n presidencial del ya citado decreto (en evidente gesto de apoyo a la reclamaci¨®n espa?ola), y la inmediata actuaci¨®n del juez argentino, el magistrado Rodolfo Canicoba, quien, tan pronto como desapareci¨® la barrera paralizante, procedi¨® a ordenar el arresto de los ex represores reclamados por el juez Garz¨®n. Actuaci¨®n de ambos magistrados, espa?ol y argentino, cuyo fruto conjunto constituye otro importante grano de arena en ese camino de la justicia universal, que empuja eficazmente en la direcci¨®n que realmente se pretende en esta ocasi¨®n: el juicio efectivo de los criminales, aqu¨ª o all¨ª, y preferiblemente en su propio pa¨ªs.

Lo ideal ser¨ªa que ninguno de los represores reclamados llegase a ser entregado a Espa?a, precisamente porque fueran juzgados en Argentina. Tambi¨¦n en ese caso la acci¨®n judicial espa?ola hubiera sido ejemplarmente positiva, al impulsar y favorecer -e incluso forzar de alguna manera- los avances de la justicia en un pa¨ªs tan entra?able para nosotros, y tan duramente castigado por la larga lacra de la impunidad.

Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional del INACS y autor de El drama de la autonom¨ªa militar: Argentina bajo las Juntas Militares (Alianza, 1995)