El Senado argentino anula las 'leyes de impunidad' y bloquea las extradiciones

El Senado argentino aprob¨® ayer por mayor¨ªa y convirti¨® en ley la decisi¨®n hist¨®rica del Congreso argentino de declarar "nulas" las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, promulgadas en 1986 y 1987. La nulidad de las leyes de impunidad que impidieron seguir el proceso contra unos 1.100 imputados por delitos de secuestro, tortura, el homicidio y la desaparici¨®n de miles de personas, cierra la posibilidad de que sean juzgados en el extranjero, ya que podr¨¢n serlo en Argentina. No obstante, la Corte Suprema tendr¨¢ la ¨²ltima palabra sobre la validez de la anulaci¨®n de las leyes.

Los senadores concedieron, tambi¨¦n por unanimidad como los diputados, "rango constitucional" a la Convenci¨®n de la Organizaci¨®n de Naciones Unidas de 1968 que declara la imprescriptibilidad de los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad que Argentina hab¨ªa convertido en ley en 1998 y a la que el presidente N¨¦stor Kirchner ratific¨® la adhesi¨®n la pasada semana.

El debate sobre la anulaci¨®n de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dur¨® hasta la madrugada. El peronismo impuso su mayor¨ªa y cont¨® con el apoyo de algunos senadores provinciales. La votaci¨®n se resolvi¨® por 43 votos a favor, 7 en contra y una abstenci¨®n.

Las denuncias contra m¨¢s de 2.300 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad acusados, que los jueces estar¨¢n en condiciones de recibir dentro de dos semanas, impedir¨¢n, de hecho, la posibilidad de extradici¨®n, entre otros, de los 40 militares y el civil arrestados a petici¨®n del juez espa?ol Baltasar Garz¨®n, porque se les podr¨¢ juzgar nuevamente en el pa¨ªs.

El jefe de grupo de los senadores peronistas, Miguel ?ngel Pichetto, dijo que era necesario "eliminar el fantasma de la extradici¨®n" y critic¨® al juez Garz¨®n por reclamar la detenci¨®n de los militares argentinos "cuando Espa?a cerr¨® las sepulturas con una ley de amnist¨ªa".

Los nuevos procesos se detendr¨¢n cuando los abogados defensores presenten recursos y reclamen la anulaci¨®n de las leyes. El experto constitucionalista Daniel Sabsay coincide con la mayor¨ªa de sus colegas en que el Congreso "puede sancionar, modificar o derogar, pero no anular; si en un conflicto judicial una de las partes plantea la nulidad de una ley, el juez decide y los efectos se circunscriben cuando la Corte lo dice".

Recursos

Los recursos ir¨¢n escalando desde los tribunales inferiores hasta llegar al Supremo. Los plazos para la resoluci¨®n de los conflictos podr¨ªan extenderse hasta fines de a?o o comienzos de 2004. El juez Fayt dijo ayer que "la Corte Suprema no se siente presionada por nada ni por nadie". El tribunal tiene ahora s¨®lo ocho miembros tras la renuncia del presidente, Julio Nazareno. El Senado se constituy¨® el mi¨¦rcoles en juez de sentencia del juicio pol¨ªtico que se sigue al vicepresidente, Eduardo Molin¨¦ O'Connor, y podr¨ªa suspenderlo en sus funciones mientras dure el proceso si encuentra razones suficientes en la acusaci¨®n presentada por los diputados. En tres semanas, el Senado deber¨¢ decidir tambi¨¦n si aprueba como nuevo miembro a Eugenio Zaffaroni, el candidato del Ejecutivo para ocupar el puesto de Nazareno.

La estrategia de pinza sobre el Poder Judicial que ejercen el Ejecutivo y el Congreso cuenta, adem¨¢s, con el apoyo de las organizaciones sociales y pol¨ªticas defensoras de los derechos humanos. La presi¨®n se hace sentir sobre los legisladores y los miembros del Supremo, sometidos al riesgo de sufrir los llamados escraches, que consisten en denuncias con altavoces y pintadas ante sus despachos o viviendas. En la sesi¨®n del mi¨¦rcoles, uno de los senadores interrumpi¨® el sentido discurso sobre su historia pol¨ªtica personal del representante de la provincia de San Juan, Jos¨¦ Luis Gioja, preso y torturado durante la dictadura militar, para decirle: "Pero si vos dijiste que ibas a votar la anulaci¨®n para que no te hagan un escrache en San Juan".

La Corte Suprema tiene ya dos casos pendientes en los que debe expresarse sobre la validez de las leyes. En uno de los procesos al ex marino Alfredo Astiz por la desaparici¨®n del ciudadano Conrado G¨®mez en 1977 y en el que se sigue al ex suboficial de la polic¨ªa Julio Sim¨®n por secuestro, tortura y desaparici¨®n de Jos¨¦ Liborio Poblete y su esposa, Gertrudis Marta Hlazcik, en 1978. El fiscal general, Nicol¨¢s Becerra, firm¨® en 2002 dos dict¨¢menes en los que pide a la Corte que declare inconstitucionales las leyes por considerar que son delitos imprescriptibles.