Experimento peligroso

Lo realmente peligroso del proceso que actualmente vive California con la recusaci¨®n o recall de su actual gobernador, el dem¨®crata Grey Davies, no radica en la sorpresa que producen los nombres de algunos de los candidatos a su sucesi¨®n, sino en la extravagancia de un sistema, que, caso de extenderse a otros Estados de la Uni¨®n y, en ¨²ltima instancia, a nivel federal, dar¨ªa al traste con el fundamento mismo de la Constituci¨®n sobre la que EE UU ha basado su convivencia pol¨ªtica desde 1787. De acuerdo que Davis ha sido un gobernador desastroso, cuya incapacidad para gestionar la grav¨ªsima crisis energ¨¦tica del pasado a?o y controlar un presupuesto que arroja un d¨¦ficit de 38.000 millones de d¨®lares ha reducido su popularidad en el Estado a l¨ªmites que, seg¨²n comentaba ir¨®nicamente The New York Times, dif¨ªcilmente rebasen su c¨ªrculo familiar. Pero, de ah¨ª a intentar destituir al jefe del ejecutivo californiano, reelegido democr¨¢ticamente hace menos de un a?o, a causa de un estado de irritaci¨®n popular hacia su gesti¨®n invocando una oscura disposici¨®n de 1911, concebida para lograr el cese de funcionarios corruptos, va un abismo. Precisamente por ser California el Estado m¨¢s poblado y rico de la Uni¨®n, con una econom¨ªa ligeramente inferior a la brit¨¢nica y superior a la francesa, pionero de pautas y comportamientos, su decisi¨®n de embarcarse en un proceso de recusaci¨®n de un pol¨ªtico electo por votaci¨®n popular ha hecho sonar las alarmas en todo el mundo constitucional y pol¨ªtico estadounidense. Hasta tal punto es evidente la preocupaci¨®n a escala nacional, que Bill Clinton, hasta ahora reacio a implicarse en procesos electorales estatales, ha decidido hacer campa?a para impedir el derrocamiento de Davies.

El proceso ahora abierto en California es consecuencia de la moda establecida en los setenta, principalmente en los Estados del Oeste, Washington, Oreg¨®n y la misma California, de recurrir directamente a la ciudadan¨ªa para aprobar leyes sin pasar por las c¨¢maras legislativas estatales. Esta apelaci¨®n a la democracia directa, plebiscitaria y refrendaria frente a la democracia representativa y republicana atenta, seg¨²n explica exhaustivamente el decano del periodismo pol¨ªtico estadounidense y columnista de The Washington Post, David Broder, en su libro La democracia descarrilada: iniciativas populares y el poder del dinero, contra los principios mismos en los que se inspiraron los Padres Fundadores para la redacci¨®n de una Carta Magna que ha demostrado su vitalismo en sus m¨¢s de 200 a?os de vigencia, al tiempo que "amenaza con subvertir en las pr¨®ximas d¨¦cadas el sistema de gobierno americano". Broder recuerda que Madison, Jefferson, Adams, Hamilton y el resto de los constituyentes desconfiaban de los excesos que podr¨ªa producir una democracia pura, a la griega, en el nuevo pa¨ªs y, por eso, inspirados en las ideas de Locke y Montesquieu -contrato social y separaci¨®n de poderes, junto a un estricto sistema de controles y equilibrios- remacharon el principio republicano de "democracia representativa" en la Constituci¨®n. Como el propio Madison explic¨® en The Federalist, la diferencia entre una democracia pura y una Rep¨²blica radica en que "en ¨¦sta, el gobierno -y la elaboraci¨®n de las leyes- se delega en un peque?o n¨²mero de ciudadanos elegidos por el resto", mientras que, en el primer caso, toda la ciudadan¨ªa participa, como en el ¨¢gora ateniense.

El llamado "gobierno por iniciativa popular", vigente ya en 24 de los 50 Estados de la Uni¨®n, no s¨®lo constituye "un desv¨ªo radical" del sistema de controles y equilibrios vigente, sino que, como recuerda Broder, "se ha convertido en un gran negocio -250 millones de d¨®lares en 1998-, en el que abogados, asesores de campa?a, compa?¨ªas dedicadas a la consecuci¨®n de firmas y otros desaprensivos venden sus servicios a diversos grupos de inter¨¦s que s¨®lo persiguen su inter¨¦s particular". Por eso, el peligro no es que Arnold Schwarzenegger, cuyo coeficiente intelectual y moderaci¨®n pol¨ªtica es superior a algunos miembros de la actual Administraci¨®n de Washington, salga elegido gobernador de California, sino que se institucionalice un sistema a todas luces inconstitucional, aunque, hasta ahora, el Tribunal Supremo federal no haya querido intervenir en lo que considera, por el momento, un derecho de los Estados.