PSOE, PP y PA estudian pedir que el fiscal Anticorrupci¨®n indague la moci¨®n de Marbella

El margen de confianza del equipo de gobierno de Marbella es igual a cero. Sin ninguna variaci¨®n sobre este gui¨®n, dirigentes del PSOE, Partido Popular y Partido Andalucista, reunidos en el Parlamento regional, exigieron ayer al Ayuntamiento marbell¨ª el cumplimiento estricto de la normativa urban¨ªstica vigente -el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 1986- y dejaron claro que no hay ni plazo ni siquiera posibilidad para negociar nada. Los tres partidos no descartan pedir a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que investigue las causas y circunstancias de la moci¨®n de censura interpuesta por 14 tr¨¢nsfugas (ocho del GIL, tres del PSOE y tres del PA) ni la disoluci¨®n de la Corporaci¨®n.

Las tres formaciones tradicionales que obtuvieron representaci¨®n municipal en Marbella celebraron ayer su primera reuni¨®n para buscar "soluciones democr¨¢ticas" a la preocupante situaci¨®n pol¨ªtica de Marbella. Desde el punto de vista pol¨ªtico el objetivo del encuentro era dejar claro que no permanecen de brazos cruzados y que est¨¢n trabajando en buscar salidas para "defender los intereses generales" de los marbell¨ªes.

El secretario de Organizaci¨®n del PSOE, Luis Pizarro, el secretario general del PP, Antonio Sanz y el secretario de Comunicaci¨®n del PA, Javier Aroca, dejaron patente dos cosas: que el ¨²nico planeamiento urban¨ªstico vigente es el de 1986 -vulnerado por todos los gobiernos del GIL- y que no hay ninguna tregua al nuevo equipo municipal. "No hay margen de confianza, ni excepci¨®n, ni planes puente, ni punto final, ni tenemos confianza en que vayan a cumplir con la legalidad", asegur¨® el socialista. "No cabe ni tiempo de espera ni margen de confianza ni sembrar dudas sobre la posible negociaci¨®n", enfatiz¨® el popular. "S¨®lo cabe el cumplimiento de la ley", dijo el andalucista.

Las tres formaciones no descartan solicitar la disoluci¨®n del gobierno municipal, una medida que nunca se ha aplicado en Espa?a, despu¨¦s de que los informes jur¨ªdicos y t¨¦cnicos que se van a pedir a los Gobierno central y andaluz as¨ª lo avalen. Y tampoco descartan otras actuaciones como mecanismos de tutela e intervenci¨®n desde la Junta, seg¨²n afirm¨® Sanz. Sin embargo, seg¨²n indicaron fuentes jur¨ªdicas y de la Junta de Andaluc¨ªa, la Administraci¨®n auton¨®mica no tiene capacidad legal para intervenir el Ayuntamiento, sino, en todo caso, rescatar las competencias que tenga delegadas en el consistorio, como ya ocurre con algunas materias de urbanismo. La Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n escudri?a desde hace d¨ªas la legislaci¨®n para ver qu¨¦ puede hacer m¨¢s la Junta de lo que ya ha hecho.

?Y qu¨¦ ocurrir¨ªa si el nuevo gobierno local cumple a rajatabla con la legalidad? En ese caso y al no haber motivos que justifiquen la petici¨®n de la disoluci¨®n, la l¨ªnea de actuaci¨®n, seg¨²n apuntaron Pizarro y de manera m¨¢s contundente Sanz, ser¨ªa la de "ahondar" en los motivos "sucios" y "turbios" que motivaron la moci¨®n de censura. Es decir, demostrar que la moci¨®n fue corrupta y, por lo tanto, invalidar su resultado. Sanz propuso que se investigara "desde distintas vertientes", incluida la parlamentaria, una cuesti¨®n que no descart¨® el popular a los periodistas pero que no se plante¨® en la reuni¨®n.

En el documento que los tres partidos pol¨ªticos firmar¨¢n el pr¨®ximo lunes, si nada se tuerce hasta entonces, figura el de solicitar al Gobierno central a que se inste a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n a que se investigue la moci¨®n de censura, algo que ya est¨¢ haciendo de oficio la fiscal¨ªa de M¨¢laga. Las dificultades de encontrar indicios que sustenten la sospecha de que no fueron los intereses pol¨ªticos los que motivaron la moci¨®n son m¨¢ximas ya que, como recuerda un alto cargo, ni siquiera en el t¨®rrido caso de transfuguismo de Ceuta se demostr¨® nada: "Y esto no es CSI donde tienes una prueba".