?Hay que disolver la Fiscal¨ªa?

Hace ya seis a?os -agosto 1997- que se registraron las primeras denuncias por presuntos delitos urban¨ªsticos en Marbella.

Desde entonces, me consta, se han formulado denuncias por obstaculizaci¨®n de la tarea de ¨®rganos constitucionales como la C¨¢mara de Cuentas, presuntos cohechos, tr¨¢ficos de influencias, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y otros delitos que pueden cometer autoridades y funcionarios p¨²blicos tipificados en el C¨®digo Penal de 1995, adem¨¢s de los presuntos delitos electorales que se denunciaron en las elecciones municipales de 1999.

Durante estos a?os me he quedado perpleja de los archivos que el Ministerio Fiscal ha acordado de diligencias informativas y de los que ha solicitado ante los Tribunales y Juzgados.

Hasta ahora, para la Fiscal¨ªa el delito urban¨ªstico debi¨® ser un delito demag¨®gico

Es inexplicable que la Fiscal¨ªa act¨²e cuando la 'noticia criminis' llega a trav¨¦s de la telebasura

La perplejidad viene por mi condici¨®n de abogada y, por tanto, conocer que entre los sujetos que intervienen directa o indirectamente en todo proceso penal, el que cobra un singular papel en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol es el Ministerio Fiscal, ¨®rgano p¨²blico instituido por el Estado para el ejercicio del ius puniendi.

Para que se abra un proceso y se dicte sentencia es preciso que exista una acusaci¨®n formulada por el Ministerio Fiscal o por la acusaci¨®n particular -en el ejercicio de la acci¨®n p¨²blica que reconoce el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n Espa?ola (CE) y el art¨ªculo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- y habi¨¦ndose adherido el Fiscal a la petici¨®n de la defensa de los concejales del GIL a que se exigiera fianza a Los Verdes para intervenir en el proceso, se nos ha apartado de todas las diligencias penales. Muerto el perro, muerta la rabia.

Aprend¨ª que al Ministerio Fiscal se le atribuye un significativo protagonismo a trav¨¦s del ejercicio de la acci¨®n penal en defensa de los intereses de la colectividad y que el art¨ªculo 124,1 de la CE dispone que tiene por misi¨®n promover la acci¨®n de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter¨¦s p¨²blico tutelado por la Ley, de oficio o a petici¨®n de los interesados, as¨ª como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacci¨®n del inter¨¦s social.

El comportamiento del GIL desde 1991 ha plasmado una lesi¨®n a la Administraci¨®n P¨²blica, pues el correcto funcionamiento de ¨¦sta exige el respeto del principio de legalidad en el desempe?o de la funci¨®n p¨²blica al que, seg¨²n el art¨ªculo 103 de la CE, est¨¢ sujeta la actuaci¨®n administrativa de un Estado social, democr¨¢tico y de derecho.

Lo que ha ocurrido en Marbella desde 1991 ha supuesto un evidente apartamiento de la legalidad.

La existencia de fen¨®menos de naturaleza especulativa sobre el suelo y el surgimiento de aut¨¦nticas aberraciones urban¨ªsticas contraviniendo las disposiciones administrativas reguladoras de la materia debi¨® dar lugar a que de oficio se iniciara una investigaci¨®n pero -hasta ahora- para la Fiscalia el delito urban¨ªstico debi¨® ser un delito demag¨®gico.

Por ello, de los ¨²ltimos acontecimientos de este verano el m¨¢s inexplicable ha sido la incoaci¨®n de diligencias contra Jes¨²s Gil y Juli¨¢n Mu?oz por presuntos delitos de malversaci¨®n, cohecho, trafico de influencias, prevaricaci¨®n y contra la ordenaci¨®n del territorio por las acusaciones que se hicieron en un programa llamado "salsa rosa".

La Fiscalia ha solicitado una copia del programa y tiene la intenci¨®n de esclarecer la mayor¨ªa de los asuntos que se abordaron en ese programa.

La telebasura ha modificado, por tanto, nuestras leyes y ahora la Fiscalia act¨²a cuando la notitia criminis les llega a trav¨¦s de un programa de Televisi¨®n y no a trav¨¦s de denuncias registradas en cumplimiento de la obligaci¨®n que la ley nos impone a los ciudadanos.

Sospecho que esas denuncias eran consideradas como un arma arrojadiza para unos Tribunales y una Fiscalia cuyos miembros carecen de preparaci¨®n y de la experiencia necesaria para haber valorado con exactitud el complejo mundo del urbanismo y la corrupci¨®n que el mismo puede encerrar por los cuantiosos intereses econ¨®micos de los actores que intervienen en ¨¦l.

De esa carencia, el exceso de confianza que demostr¨® Gil cuando acudi¨® a declarar ante el Fiscal el d¨ªa 8 de agosto con la camisa abierta, abanic¨¢ndose y la tripa desparramada por el Palacio de Justicia, demostrando estar convencido de que todo le ser¨ªa favorable, porque en caso contrario la foto hubiera sido otra.

Tan ins¨®lita foto me record¨® una de mis ¨²ltimas asistencias en el Juzgado de Guardia en el que el juez advirti¨® a un detenido -toxic¨®mano, v¨ªctima y enfermo- que no deb¨ªa declarar con las piernas cruzadas pues no eran formas de comparecer ante una autoridad, as¨ª como aquella otra situaci¨®n en la que a un letrado le fue exigida la corbata negra o, a un cliente mio que no lo dejaron entrar con bermudas a hacer una gesti¨®n -pese a que est¨¢ de muy buen ver-.

Si alguien dijo "en mayor o menor medida la clase pol¨ªtica est¨¢ triturando ilusiones", se puede afirmar que la Fiscalia y los Tribunales de Justicia est¨¢n triturando la confianza de la ciudadan¨ªa.

Castilla del Pino, en su obra Teor¨ªa de los sentimientos, describe el comienzo de la esquizofrenia como un sentimiento de perplejidad, la entrada en un mundo en el que acontecen cosas ininteligibles; el sentimiento de p¨¢nico, el estupor ante lo sorprendente, lo extraordinario, lo inexplicable, sin saber qu¨¦ hacer ni saber qu¨¦ decir, y que nos lleva a deambular buscando indicios que puedan precisarnos la significaci¨®n de una realidad transformada o nueva.

A estas alturas del mes de agosto, me siento identificada con Panero, ese poeta con diagn¨®stico de esquizofrenia, cuando dec¨ªa: "escribir, delirar y so?ar es la ¨²nica defensa".

Y, en el delirio, me pregunto si no cabe la disoluci¨®n de la Fiscalia.

Inmaculada G¨¢lvez es diputada en el Parlamento de Andaluc¨ªa del Grupo Socialista.