?Qu¨¦ es lo alarmante?

En esta semana se ha prestado una extraordinaria atenci¨®n en los diversos medios de comunicaci¨®n a la excarcelaci¨®n de dos presuntos delincuentes, uno en Alcoy y otro en Barbate, por haber cumplido el plazo m¨¢ximo previsto en la ley para la prisi¨®n provisional en el primer caso y por haber cumplido en prisi¨®n tambi¨¦n el m¨¢ximo previsto en la ley cuando la sentencia no es firme en el segundo.

Se trata, obviamente, de dos asuntos sobre los que resulta oportuno llamar la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica, porque ponen de manifiesto un ejercicio an¨®malo por parte de ¨®rganos judiciales de la funci¨®n que tienen constitucionalmente encomendada.

Que el juzgado de Alcoy no haya sido capaz siquiera de instruir el sumario durante los cuatro a?os que el ciudadano presuntamente autor de un delito grav¨ªsimo ha estado en prisi¨®n es evidentemente inaceptable. De la misma manera que tambi¨¦n lo es que el Tribunal Supremo no haya sido capaz de resolver en tiempo razonable el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en su d¨ªa contra el narcotraficante de Barbate.

Estamos asistiendo en este comienzo de siglo a un incremento brutal en el n¨²mero de presos

No cabe duda de que nos encontramos ante dos asuntos graves, de los que deterioran todav¨ªa m¨¢s la imagen ya muy deteriorada de la Administraci¨®n de Justicia en Espa?a y contribuyen, en consecuencia, a que los ciudadanos desconf¨ªen de ese servicio esencial en todo Estado de derecho digno de tal nombre.

Est¨¢ bien que se le preste atenci¨®n y estar¨¢ todav¨ªa mejor que el Consejo General del Poder Judicial sea capaz, tras la investigaci¨®n correspondiente, de dar una explicaci¨®n a la sociedad espa?ola de lo que ha ocurrido y por qu¨¦ y adopte las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir.

Pero mucho m¨¢s que estos dos asuntos me han llamado la atenci¨®n los datos actualizados a 22 de agosto de 2003 relativos a la evoluci¨®n de la poblaci¨®n penitenciaria en nuestro pa¨ªs. Estamos asistiendo en este comienzo de siglo a un incremento brutal en el n¨²mero de presos. Si a finales de 2000 hab¨ªa 45.128 reclusos en Espa?a, en agosto de 2003 el n¨²mero es de 54.975, es decir, un 21,8% m¨¢s. La poblaci¨®n carcelaria, que se hab¨ªa mantenido pr¨¢cticamente estable en la ¨²ltima d¨¦cada del siglo pasado, ligeramente por debajo de los 45.000 reclusos, ha subido de manera espectacular en los primeros a?os del nuevo siglo.

Este incremento de la poblaci¨®n penitenciaria es mucho m¨¢s alarmante, en mi opini¨®n, que los dos casos a los que hac¨ªa referencia al iniciar este art¨ªculo, que han generado, con raz¨®n, alarma en la opini¨®n p¨²blica. Y es m¨¢s alarmante porque si los dos casos mencionados ponen de manifiesto un fracaso en el proceso de administraci¨®n de justicia, el incremento de la poblaci¨®n penitenciaria pone de manifiesto un fracaso de la sociedad espa?ola en general.

Se trata, sin embargo, de un asunto al que se ha prestado mucha menos atenci¨®n. ?nicamente La Vanguardia lo ha destacado en portada y le ha dedicado atenci¨®n pormenorizada el pasado jueves. Y, sin embargo, me parece que esa fr¨ªa estad¨ªstica deber¨ªa alarmarnos mucho m¨¢s que los dos presuntos delincuentes que han dejado de estar en prisi¨®n.

Algo tenemos que estar haciendo muy mal para que el n¨²mero de conductas delictivas con entidad suficiente para que sus autores sean internados en centros penitenciarios est¨¦ aumentando de manera tan extraordinaria. El n¨²mero de reclusos es uno de los indicadores m¨¢s expresivos del fracaso de un modelo de sociedad. Una sociedad que funcione razonablemente bien no puede tener a tantas personas privadas de libertad.

Y no puede ver ese incremento como algo normal, como hace el Ministerio de Interior.

Cito textualmente de La Vanguardia: "Desde Interior se asegura que, en cualquier caso, la situaci¨®n no es preocupante, pues la ocupaci¨®n de las prisiones se encuentra s¨®lo ligeramente por encima del 100% y ya est¨¢n en marcha planes para edificar nuevos penales sin que est¨¦ previsto el cierre de ninguno de los que ya funcionan".

Podemos quedarnos tranquilos no porque se prev¨¦ que disminuya el n¨²mero de delitos, sino porque cada vez vamos a tener m¨¢s prisiones y, en consecuencia, podremos privar institucionalmente de libertad a un mayor n¨²mero de ciudadanos.

No s¨¦ si alg¨²n ciudadano se sentir¨¢ m¨¢s tranquilo despu¨¦s de haber o¨ªdo la explicaci¨®n del Ministerio de Interior, pero a m¨ª me ha intranquilizado todav¨ªa m¨¢s. La evidencia emp¨ªrica de que disponemos no permite concluir que el aumento de la poblaci¨®n penitenciaria reduce la actividad delictiva.

En Estados Unidos lo llevan comprobando desde hace tiempo. Y en Espa?a me parece que vamos en la misma direcci¨®n.

Invertir en centros penitenciarios es necesario, pero no es ning¨²n motivo de orgullo, ni puede ser presentado como un avance.

No est¨¢ de m¨¢s que los andaluces sepamos que de los cuatro nuevos centros penitenciarios que se van a construir dos se van a instalar en Andaluc¨ªa, en Sevilla y C¨¢diz, se?al significativa del incremento de la actividad delictiva en nuestra regi¨®n.

La necesidad de estos dos nuevos centros penitenciarios deber¨ªa alarmarnos mucho m¨¢s que la indebida excarcelaci¨®n del narcotraficante de Barbate, porque de eso ¨²ltimo no tenemos responsabilidad alguna, pero de lo primero alguna s¨ª tenemos.