Envejecer trabajando

En la sociedad de la incertidumbre y la inseguridad hay una ilusi¨®n cada vez m¨¢s generalizada: jubilarse anticipadamente. Nuestros gobernantes europeos, en la cumbre de 2002, celebrada en Barcelona, bajo la presidencia de Aznar, se encargaron de echar un jarro de agua fr¨ªa a esta vana ilusi¨®n. Tomaron la decisi¨®n de parar las prejubilaciones, desincentiv¨¢ndolas al m¨¢ximo y adoptando medidas para prolongar la vida laboral, m¨¢s all¨¢ incluso de los 65 a?os. La consigna fue "la apuesta decidida por el envejecimiento activo", es decir, que hay que envejecer trabajando.

El grado de simplificaci¨®n y convencionalismo interesado con el que se est¨¢ desarrollando el debate de pensiones obliga a realizar un esfuerzo aclaratorio que posibilite diferenciar situaciones y medidas m¨¢s all¨¢ de la consigna interesada. Desgraciadamente, todas las reformas producidas en la Seguridad Social han venido determinadas m¨¢s por las prioridades de la pol¨ªtica econ¨®mica, de reducci¨®n del gasto p¨²blico, que por una planificaci¨®n reformadora de nuestro sistema para adaptarlo a los cambios y a las nuevas necesidades sociales. La subordinaci¨®n de la Seguridad Social a la econom¨ªa produce una sensaci¨®n general de inseguridad, cuando no de fatalidad, que socava uno de los principios fundamentales de la Seguridad Social, la confianza en una protecci¨®n futura. Para restituir esa confianza, no parece el mejor camino ni los ajustes r¨¢pidos ni la reforma permanente de la Seguridad Social, bajo par¨¢metros estrictamente economicistas.

La subordinaci¨®n de la Seguridad Social a la econom¨ªa produce una sensaci¨®n general de inseguridad, cuando no de fatalidad

No es de recibo que la problem¨¢tica de la jubilaci¨®n flexible y prejubilaciones anticipadas, mal llamadas voluntarias, se quieran abordar fundamentalmente desde la perspectiva de reducir su impacto econ¨®mico en la Seguridad Social y no se cuestione, en absoluto, nuestra legislaci¨®n sobre despido y condiciones laborales, sobre protecci¨®n por desempleo o ciertas pr¨¢cticas administrativas en la tramitaci¨®n de los expedientes de regulaci¨®n de empleo. Un experto como Riera afirma dos cosas muy importantes: en primer lugar, que el cese de la actividad laboral no es un fen¨®meno coyuntural motivado por recesiones econ¨®micas, sino estructural de acuerdo con las nuevas formas productivas y las consiguientes modificaciones en el mercado de trabajo. En segundo lugar, que son las empresas las que optan por el ajuste de plantillas como primera medida estrat¨¦gica (empresa ligera y flexible) y las m¨¢s beneficiadas de tal mecanismo. En la ¨²ltima d¨¦cada, 250.000 trabajadores espa?oles han dejado sus empleos de forma anticipada. En la actualidad asistimos a nuevas rebajas del empleo en Telef¨®nica, Iberdrola, Renfe, Altadis, Nissan y algunas m¨¢s.

Ello demuestra que el problema de la edad de jubilaci¨®n en Espa?a no es, desde luego, el de la jubilaci¨®n anticipada voluntaria, penalizada m¨¢s que en ning¨²n pa¨ªs y cuyo recorte, a largo plazo, resulta rentable a la Seguridad Social, sino el ajuste de plantillas mediante la prejubilaci¨®n de trabajadores en plena edad productiva. Es aqu¨ª donde est¨¢ la gran contradicci¨®n: se facilita que cientos de empresas prejubilen de forma indirectamente forzosa a sus trabajadores y, por otro lado, se pretende fomentar que los mejor situados en el mercado de trabajo sigan trabajando m¨¢s all¨¢ de los 65 a?os y a coste cero de cotizaci¨®n para las empresas.

Nadie pone en duda que, tanto a escala individual como colectiva, la jubilaci¨®n anticipada forzosa supone una p¨¦rdida de experiencia y de conocimientos, as¨ª como de infrautilizaci¨®n de recursos humanos. Es lamentable que quien quiere trabajar no encuentre otro recurso que retirarse anticipadamente del mercado de trabajo, ante la alternativa de quedarse atrapado en el paro. La jubilaci¨®n anticipada es, evidentemente, una alternativa social mucho m¨¢s aceptable que el desempleo de larga duraci¨®n.

El acuerdo de pensiones del 9 de abril de 2001 deja intactas las condiciones que permiten la expulsi¨®n discriminatoria de los trabajadores de determinada edad. Sin embargo, s¨ª facilita, y de forma m¨¢s que cuestionable, la prolongaci¨®n de la vida activa. Los coeficientes reductores acordados, del 8% al 6%, siguen siendo excesivos y penalizadores.

Un documento reciente de la OCDE (Estudio tem¨¢tico de las pol¨ªticas para mejorar las perspectivas de empleo de los trabajadores mayores: El caso de Espa?a) dice que "estos coeficientes exceder¨ªan el l¨ªmite de neutralidad, que seg¨²n el Gobierno es alrededor del 5,5%". No puede existir jubilaci¨®n flexible cuando se ponen condiciones como 30 a?os cotizados para poder anticiparla, que muy pocos trabajadores van a poder cumplir en el futuro, y haber cesado en el trabajo por causa no imputable al trabajador, sino con previo despido del empresario. Lo m¨¢s grave es que se sigue olvidando al amplio colectivo de trabajadores de edad, que se van a la calle por despidos improcedentes de forma individual. Un dato escalofriante sobre esta situaci¨®n es que de los m¨¢s de 600.000 prejubilados en Espa?a, el 20% est¨¢ en el umbral de la pobreza. El PP va a usar a los prejubilados pobres como justificaci¨®n para ampliar el per¨ªodo de cotizaci¨®n en el c¨¢lculo de la pensi¨®n a toda la vida laboral, introduci¨¦ndolo en primer lugar como medida que beneficia a quienes tienen fuertes recortes salariales al final de su vida laboral.

La flexibilidad precarizadora ha llegado a miles de trabajadores, que al fin de su vida laboral pierden involuntariamente sus empleos y no se resuelve su situaci¨®n mediante cotizaciones actualizadas, de acuerdo a sus ¨²ltimos salarios. No me parece correcta la pol¨ªtica de bonificaciones y reducciones en las cuotas empresariales, ya que supone mermar recursos para la Seguridad Social y, por el contrario, no existe ninguna penalizaci¨®n para las empresas, tal como ocurre en Francia o en Austria, cuando ¨¦stas despiden a los trabajadores por motivos de organizaci¨®n productiva. Tanto en t¨¦rminos sociales como econ¨®micos, parece mucho m¨¢s coherente dificultar el despido del trabajador de edad que favorecer la prolongaci¨®n de la edad activa de algunos trabajadores.

Las personas que realizan trabajos duros, penosos, t¨®xicos, peligrosos o insalubres deben tener posibilidad de jubilarse antes. A los 60 a?os estos trabajadores tienen una esperanza de vida 5 a?os inferior a la media.

A pesar de la ret¨®rica acerca de la empleabilidad y la formaci¨®n a lo largo de toda la vida, la realidad es que ni las empresas ni las instituciones aplican tales recomendaciones para los trabajadores de edad. En el tramo de edad de m¨¢s de 50 a?os, los alumnos que recibieron formaci¨®n ocupacional, seg¨²n datos del Inem, fue del 3,5%. Seg¨²n la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, la formaci¨®n en Espa?a de mayores de 45 a?os, con cargo a las empresas y por d¨ªas de formaci¨®n, s¨®lo estaba por encima de Portugal. Para las mujeres Espa?a ocupaba el ¨²ltimo lugar.

Una mirada a las tasas de empleo juvenil me hace pensar que prolongar el trabajo de los mayores impide el trabajo de los j¨®venes. Es la hora de desarrollar todas las potencialidades del empleo y establecer un nuevo contrato entre generaciones, m¨¢s realista, menos economicista y realmente solidario, basado en el compromiso colectivo de fomentar los trabajos decentes que garanticen pensiones decentes. Lo dem¨¢s son enga?os.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.