Curso y recurso vasco

El curso pol¨ªtico vasco se inici¨® ayer por todo lo alto: con el anuncio de un recurso del Gobierno de Vitoria contra el Estado espa?ol ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Alega que tanto la Ley de Partidos como el rechazo por el Constitucional del recurso presentado por el propio Gobierno vasco contra esa ley vulneran derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el presidente del Parlamento vasco anunci¨® su intenci¨®n de pagar al grupo heredero de Batasuna la subvenci¨®n que el Supremo orden¨® suprimir.

A la hora de concretar esas vulneraciones el Gobierno vasco parece mezclar dos cuestiones diferentes. Por una parte, alega que la ley vulnera el derecho de libre asociaci¨®n y el principio de no retroactividad. Por otra, que no se respet¨® el derecho a un juez imparcial y a un proceso equitativo al rechazar la recusaci¨®n que plante¨® en su d¨ªa contra el presidente del Tribunal Constitucional, Jim¨¦nez de Parga.

Respecto a la constitucionalidad de la Ley de Partidos, es cuestionable que el Gobierno vasco est¨¦ legitimado para recurrir ante Estrasburgo. Para estarlo tendr¨ªa que demostrar inter¨¦s leg¨ªtimo en la causa. Y los argumentos de fondo ya fueron rechazados por el Tribunal Constitucional con razones solventes: que lo que se proh¨ªbe no es el derecho de asociaci¨®n en abstracto, sino la pertenencia a una formaci¨®n que act¨²a conforme a un criterio de "complementariedad pol¨ªtica" con un grupo terrorista, y que no hay retroactividad porque los antecedentes s¨®lo se emplean a efectos de comprender y valorar actuaciones posteriores a la vigencia de la ley.

La cuesti¨®n de la imparcialidad es m¨¢s compleja. Jim¨¦nez de Parga fue muy imprudente en algunos comentarios y tal vez debi¨® abstenerse en el procedimiento. As¨ª lo sostuvieron cinco de los once magistrados que se pronunciaron sobre su recusaci¨®n. Ello da alguna base para la admisi¨®n a tr¨¢mite de la demanda del Gobierno vasco en este aspecto, aunque no necesariamente para aceptar que haya habido vulneraci¨®n de derechos. Estrasburgo tendr¨ªa que analizar hasta qu¨¦ punto declaraciones previas a la apertura de un proceso contaminan a quien ha de juzgar. En todo caso, no afectar¨¢ al fondo de la cuesti¨®n, ya que Jim¨¦nez de Parga fue uno de los doce magistrados que fallaron por unanimidad en favor de la constitucionalidad de la ley.

Pero el efecto pol¨ªtico de una admisi¨®n a tr¨¢mite en materia tan delicada ser¨ªa considerable. Y, como dijo recientemente el portavoz del PNV, Joseba Egibar, iniciativas de este tipo "tienen una lectura pol¨ªtica". El nacionalismo inicia el curso con dos decisiones aparentemente contradictorias: recurso ante los tribunales (internacionales) por un lado; desaf¨ªo a los tribunales (espa?oles) por otro, desobedeciendo la orden expresa del Supremo sobre las subvenciones a la ex Batasuna. Pero una l¨®gica de fondo une ambas actitudes: el desaf¨ªo a la legalidad espa?ola que le exige el nacionalismo radical en un momento en que necesita sus votos en el Parlamento vasco para hacer avanzar el plan Ibarretxe.