Claros y oscuros de la transici¨®n pol¨ªtica chilena

El 11 de septiembre se cumplen 30 a?os del golpe militar que derrocara en Chile el Gobierno leg¨ªtimo de Salvador Allende y diera paso a la dictadura militar del general Pinochet. Durante estos a?os, que incluyen los 17 a?os de dictadura y los 12 y pico a?os de r¨¦gimen no autoritario, se han sucedido hechos, acontecimientos que suscitan reflexiones y recuerdos que incitan a esquem¨¢ticas evaluaciones.

Los mil d¨ªas de Salvador Allende y de la Unidad Popular, como todo proceso transformador real, que se propuso la construcci¨®n de un sistema socialista en democracia, libertad y tolerancia ideol¨®gica, gener¨® y concit¨® el apoyo y el entusiasmo de las fuerzas progresistas, nacionales y extranjeras, as¨ª como la m¨¢s feroz y despiadada oposici¨®n de las fuerzas conservadoras a nivel mundial. Los que vivimos y participamos en ese Chile revolucionario reivindicamos el permanente respeto de los derechos humanos, el funcionamiento de las instituciones que caracterizan a la democracia, la participaci¨®n progresiva y real del pueblo, la independencia como naci¨®n en todas las decisiones de pol¨ªtica exterior, as¨ª como la solidaridad con aquellos movimientos y pueblos que luchaban por su libertad. Sin duda, se cometieron errores y probablemente apreciaciones falsas sobre correlaciones de fuerzas a nivel nacional e internacional. El tiempo y la historia objetivamente las han resaltado. Pero, sin duda, nunca han sido cuestionadas la honestidad y la consecuencia, no solamente de un pueblo, sino, sobre todo del presidente Allende, que entreg¨® su vida en el Palacio Presidencial defendiendo la legitimidad democr¨¢tica de su mandato frente a la derecha pol¨ªtica, las fuerzas militares y el imperio norteamericano.

Pinochet y sus generales, con las fuerzas golpistas, no vacilaron. Suprimieron los partidos pol¨ªticos, el Congreso Nacional, toda la prensa no adicta; se rodearon de un Poder Judicial obsecuente. Crearon el m¨¢s poderoso aparato de represi¨®n pol¨ªtica, DINA, CNI, etc, organismos a los cuales les encargaron su tarea: miles de chilenos asesinados sin juicio, desaparecidos, campos de tortura y exterminio, perseguidos y exiliados que llenaron las embajadas extranjeras de Santiago. Caravana de la muerte, Operaci¨®n C¨®ndor, asesinatos de Orlando Letelier en Washington, del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires. No escaparon a la vesania ciudadanos espa?oles, entre otros Carmelo Soria, los sacerdotes Luis Llid¨® y Joan Alsina, por citar los m¨¢s conocidos. La poblaci¨®n vivi¨® aterrorizada por la implacable persecuci¨®n, por la ocupaci¨®n militar de las ciudades y por el toque de queda, que dur¨® mas de trece a?os. Baltasar Garz¨®n, que investiga en Madrid estos cr¨ªmenes contra la humanidad, logra la detenci¨®n de Pinochet en Londres en 1998, e inicia un periodo a¨²n no cerrado de investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Previamente, los chilenos lo hab¨ªan derrotado mediante el voto en el Plebiscito del No que termin¨® con su r¨¦gimen e iniciaba la transici¨®n a la democracia.

El proceso democr¨¢tico chileno se inici¨® en 1990 con la elecci¨®n de Patricio Aylwin como presidente de la Rep¨²blica, y ha conocido tambi¨¦n los seis a?os de Eduardo Frei y los tres del actual Gobierno de Ricardo Lagos. Cabe, a estas alturas, preguntarse cu¨¢les han sido los aciertos y desaciertos de estos gobiernos y en qu¨¦ perspectiva se mueve el proceso social y econ¨®mico chileno. La democracia, en el plano de la macroeconom¨ªa termin¨® con uno de los mitos m¨¢s divulgados por los partidarios de la dictadura: su "¨¦xito" en este aspecto. Despu¨¦s de 17 a?os, contando con la totalidad de los recursos de la Gran Miner¨ªa del Cobre, nacionalizada por Allende, el crecimiento promedio anual s¨®lo fue de 2,4%, con un PNB per capita de 1.780 US $ en 1989. S¨®lo la crisis econ¨®mica de 1982 cost¨® al pa¨ªs, seg¨²n expresiones del presidente Lagos, 500 millones de $ US anuales. Los 12 a?os de democracia han tenido un crecimiento promedio anual de 5,8% y el PNB era de 4.350 $ US en el 2001, en crecimiento progresivo. Se constat¨® una disminuci¨®n importante del crecimiento en 2000 y 2001, pero se estima que la reactivaci¨®n lograr¨¢ llevarlo nuevamente a 3,5-4% anual en 2004. Los acuerdos de libre comercio en vigencia con la Uni¨®n Europea, el recientemente firmado con Estados Unidos y los m¨²ltiples acuerdos con pa¨ªses asi¨¢ticos e iberoamericanos, pronostican un avance sustancial en las exportaciones chilenas, fuente principal de su econom¨ªa. No cabe duda de que un pa¨ªs que crece al ritmo de Chile en los ¨²ltimos 12 a?os, reduce significativamente la pobreza, sin eliminarla. Simplificando, al margen de la inequitativa distribuci¨®n del ingreso, en Chile todos est¨¢n mejor que 15 a?os atr¨¢s, los grupos de altos y bajos ingresos. Los indicadores sociales muestran buenos ¨ªndices de: mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, tasa de analfabetismo, nivel de escolaridad, acceso de la poblaci¨®n urbana al agua potable y al alcantarillado, etc. En comparaci¨®n con pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, Chile se encuentra entre los tres primeros pa¨ªses con mejor situaci¨®n social relativa. Sin embargo, la distribuci¨®n del ingreso es tremendamente regresiva. Este proceso, que iniciara la dictadura en 1973, no ha logrado ser mejorado por los Gobiernos de la Concertaci¨®n. El 20% de la poblaci¨®n se apropia del 57% del ingreso total, y al 20% de ingresos inferiores s¨®lo le corresponde el 4,5%. Esto significa 13,8 veces mayores ingresos de los sectores m¨¢s favorecidos (datos de 1966). S¨®lo Brasil, en Am¨¦rica Latina, tiene una distribuci¨®n peor, y entre 65 pa¨ªses en desarrollo Chile ocupa el s¨¦ptimo lugar con peor distribuci¨®n del ingreso. A nadie se le escapa que estas irritantes desigualdades est¨¢n en la g¨¦nesis de los problemas de integraci¨®n nacional de la ciudadan¨ªa chilena.

Uno de los aspectos m¨¢s controvertidos ha sido la actitud pol¨ªtica de la Concertaci¨®n de Partidos por la Democracia en el delicado asunto de la violaci¨®n de los derechos humanos durante la dictadura y en la relaci¨®n con el poder militar. En los primeros a?os, con Pinochet en su cargo de jefe del Ej¨¦rcito, fueron manifiestas las expresiones de injerencia de las Fuerzas Armadas en los asuntos civiles. Se lleg¨® a hablar de democracia tutelada (Felipe Portales: Chile, una democracia tutelada. 2000. Ed. Sudamericana). Paradigm¨¢tica fue la imposibilidad de una investigaci¨®n imparcial de los negocios de armas que el hijo mayor de Pinochet manten¨ªa con el Ej¨¦rcito. No obstante, se hizo el esfuerzo loable de constituir la Comisi¨®n de Verdad y Reconciliaci¨®n (Comisi¨®n Rettig), que objetiv¨® las v¨ªctimas de muerte y desaparici¨®n. La sociedad chilena comenz¨® a conocer con estupor la magnitud de los asesinatos. Ser¨ªan las investigaciones iniciadas en 1996 por Garz¨®n en la Audiencia Nacional espa?ola las que llevar¨ªan al mayor y significativo avance en este problema. El juicio y arresto de Pinochet en Londres desencaden¨® en Chile una oleada de querellas contra los responsables militares y civiles de torturas, desapariciones y muertes. Salieron a la luz p¨²blica la Caravana de la muerte, la Operaci¨®n C¨®ndor, los asesinatos de los compa?eros de Allende en el combate de la Moneda, etc., etc. Oficialmente, el Gobierno chileno defendi¨® con m¨²ltiples argucias el traslado de Pinochet a Chile. Adujo que se estaba en condiciones de otorgarle un juicio justo e independiente. El presidente Frei pidi¨® incluso unidad nacional para el regreso del senador vitalicio, comprometiendo en esta tarea a algunos destacados ministros del Partido Socialista que discreparon de la opini¨®n oficial de su partido. La televisi¨®n mundial mostr¨® al dictador, a su regreso, recorriendo, fuerte y desafiante, la losa del aeropuerto; posteriormente ser¨ªa "procesado" y suspendido el juicio por "demencia cerebral moderada". La Mesa del Di¨¢logo, que reuni¨® a familiares de v¨ªctimas con abogados y miembros de las Fuerzas Armadas, concluy¨® con escasos avances por las reiteradas falsedades aportadas por los uniformados. Verdad, justicia y reconciliaci¨®n constituyen una secuencia sentida por gran parte de la sociedad chilena, sin que se haya logrado una clara y categ¨®rica acci¨®n de los Gobiernos de la Concertaci¨®n. ?ltimamente se ha dado la paradoja de que la UDI, partido pol¨ªtico pinochetista, haya incursionado en este tema. Una vez m¨¢s, la respuesta gubernamental ha sido criticada por la Agrupaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que sienten que la propuesta cambia un poco de verdad por impunidad. (EL PA?S, 14-08-03) No se han dado las condiciones pol¨ªticas para terminar con el decreto de amnist¨ªa pinochetista de 1978.

Tal vez el aspecto m¨¢s preocupante sea las carencias democr¨¢ticas en que se desarrolla la vida pol¨ªtica del pa¨ªs. En 1980, con la fuerza de las armas, Pinochet impuso su Constituci¨®n Pol¨ªtica, que b¨¢sicamente ha tenido muy pocas modificaciones en los Gobiernos democr¨¢ticos de la Concertaci¨®n. Todos los esfuerzos de di¨¢logo con la derecha para eliminar los vestigios de autoritarismo han fracasado. No se puede hablar de r¨¦gimen democr¨¢tico pleno cuando subsisten el sistema binominal de elecci¨®n de los diputados, los senadores designados y vitalicios, la composici¨®n y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, la incapacidad del presidente de la Rep¨²blica para remover a los jefes militares, etc.La soberan¨ªa popular y la dependencia del poder militar al civil est¨¢n a¨²n por llegar. Desde 1990, la Concertaci¨®n de Partidos por la Democracia ha ganado en las urnas las elecciones parlamentarias y presidenciales, pero la derecha pol¨ªtica atrincherada en estas disposiciones ha vetado toda modificaci¨®n de fondo de la Constituci¨®n pinochetista.

En estas importantes zonas de penumbra socio-pol¨ªtica vemos los principales problemas del futuro de la sociedad chilena. En 1971, el Gobierno de Allende increment¨® el salario real un 22%, y el gasto real social, en un 45%, lo que se tradujo en una distribuci¨®n positiva del ingreso. Despu¨¦s de 30 a?os, con macroeconom¨ªa exitosa, las desigualdades son muy evidentes, y no hay un proyecto ilusionante que motive sobre todo a los j¨®venes chilenos. La magnitud del gasto social en un Estado jibarizado como el chileno, est¨¢ muy lejos de la magnitud relativa de los pa¨ªses desarrollados. Econom¨ªa injusta, vacilaciones institucionales ante la defensa de los derechos humanos y soberan¨ªa popular escamoteada, pueden explicar las preocupantes ausencias de participaci¨®n electoral: en las elecciones parlamentarias del 2001 votaron 6.991.504 chilenos; 900.000 fueron votos nulos o en blanco; 1.100.000 se abstuvieron y, lo que es peor a¨²n, 2.200.000 potenciales electores ni siquiera se inscribieron en los registros para hacer uso de su derecho a elegir. El 40% del cuerpo electoral chileno no se expresa pol¨ªticamente y este fen¨®meno es m¨¢s acentuado en los j¨®venes que al cumplir 18 a?os pueden votar.

Treinta a?os despu¨¦s del golpe militar que termin¨® con la democracia representativa en Chile, son enormes las dificultades y obst¨¢culos que a¨²n deben vencer los partidos pol¨ªticos democr¨¢ticos y la ciudadan¨ªa chilena para estructurar un sistema plenamente libre y soberano. Los esfuerzos realizados son encomiables, pero insuficientes. A las trabas institucionales se?aladas habr¨ªa que agregar el predominio de una cultura individualista, competitiva e insolidaria que se estimul¨® durante el largo per¨ªodo dictatorial y que los 12 a?os de transici¨®n no han logrado modificar.

?scar Soto Guzm¨¢n, m¨¦dico, es autor del libro El ¨²ltimo d¨ªa de Salvador Allende. Cr¨®nica del asalto al Palacio de la Moneda contada por sus protagonistas. (Ed. EL PA?S - Aguilar. Madrid, 1998).