La ducha escocesa

LA ANUNCIADA DEMANDA del Gobierno de Ibarretxe ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que di¨® luz verde a la Ley Org¨¢nica de Partidos Pol¨ªticos (LOPP) de 27 de junio de 2002 no deber¨ªa sorprender en t¨¦rminos estrictamente pol¨ªticos; el recurso interpuesto en su d¨ªa por el Ejecutivo de Vitoria para exigir que la nueva norma fuese declarada inconstitucional s¨®lo signific¨® un paso hacia ese objetivo: los arbitrajes internacionales de los conflictos provocados en Euskadi por las reivindicaciones independentistas es un viejo ensue?o de la ideolog¨ªa nacionalista. La perplejidad ante la noticia nace mas bien de motivaciones jur¨ªdicas: la admisi¨®n de la demanda por el TEDH tropezar¨ªa con obst¨¢culos procesales dif¨ªcilmente superables.

El Ejecutivo de Ibarretxe recurre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las resoluciones del Constitucional que dieron luz verde a la ley de partidos y rechazaron la recusaci¨®n de su presidente

Creado para garantizar el cumplimiento del Convenio de Roma de 1950 por los Estados miembros del Consejo de Europa , el TEDH ampara los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los actores con capacidad para poner en marcha esa maquinaria judicial son ¨²nicamente los Estados signatarios -frente a los dem¨¢s firmantes- "o cualquier persona f¨ªsica, organizaci¨®n no gubernamental o grupo de particulares" que denuncien la vulneraci¨®n por alguna autoridad p¨²blica de esos derechos y libertades . En tanto que engranajes de maquinarias estatales soberanas, los gobiernos auton¨®micos carecer¨ªan ante el TEDH de la legitimaci¨®n procesal que les permite, en cambio, apelar ante el TC espa?ol en determinados supuestos. Pese a la f¨¦rtil imaginaci¨®n mostrada por algunos expertos jur¨ªdicos para buscar resquicios en las normas e introducirse dentro de sus muros, no parece prima facie que el Gobierno de Vitoria disponga de la escoba m¨¢gica que le permita viajar hasta Estrasburgo con ¨¦xito.

El Gobierno de Ibarretxe alega que la LOPP conculca el principio de legalidad ( la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas) y la libertad de asociaci¨®n (eje b¨¢sico del sistema democr¨¢tico). Tambi¨¦n aduce que el rechazo de su recusaci¨®n al presidente del alto tribunal, Manuel Jim¨¦nez de Parga, viola el derecho al juez imparcial y al proceso equitativo. Por lo dem¨¢s, tampoco habr¨ªa motivo para rasgarse las vestiduras si el Gobierno de Vitoria lograse -directamente o mediante alg¨²n rodeo- legitimaci¨®n procesal para acudir a Estrasburgo: el litigio simplemente habr¨ªa llegado hasta su ¨²ltima instancia y las vias para dirimirlo quedar¨ªan agotadas. El eventual pronunciamiento del TEDH permitir¨ªa comprobar si el TC interpret¨® o no correctamente la doctrina de Estrasburgo, pr¨®digamente utilizada como fundamento de su sentencia sobre la LOPP; el re?id¨ªsimo resultado de la recusaci¨®n interpuesta por el Gobierno vasco contra el presidente del TC -seis magistrados votaron en contra y cinco a favor- gir¨® tambi¨¦n en torno a esa jurisprudencia.

El Estado de derecho no es un garrote puesto en manos del Gobierno para castigar a malhechores o discrepantes, sino el ¨¢mbito donde tribunales independientes resuelven bajo el imperio de la ley los conflictos jur¨ªdicos de los ciudadanos entre s¨ª o con la Administraci¨®n. El buen funcionamiento de esa delicada y compleja estructura exige la previa aceptaci¨®n por las partes enfrentadas de las reglas del juego, con independencia de que los fallos judiciales les sean favorables o adversos. Todos los partidos pol¨ªticos -incluidos el PP y el PSOE- suelen elogiar a los tribunales cuando ganan y censurarles cuando pierden; sin embargo, el nacionalismo vasco da un paso mas all¨¢ al utilizar esa ducha escocesa de alabanzas y condenas para deslegitimar al Poder Judicial como instituci¨®n. Si Baltasar Garz¨®n y el Supremo han recibido durante el ¨²ltimo a?o injuriosas descalificaciones del PNV a cuenta de sus resoluciones sobre Batasuna, la actual resistencia de la Mesa del Parlamento vasco a ejecutar la orden judicial de suprimir la subvenci¨®n a su grupo parlamentario parece sacada del teatro del absurdo. Habr¨¢ ocasi¨®n de comprobar si el TEDH es arrojado tambi¨¦n a los lobos caso de rechazar la demanda del Gobierno de Vitoria o de pronunciarse en su contra sobre el fondo del asunto.