Presos preventivos

El frenes¨ª legislativo que embarga al Gobierno desde que hace un par de a?os le pill¨® a contrapi¨¦ el aumento de la delincuencia no encuentra un momento de descanso.

Aprovechando que la reforma de la prisi¨®n provisional est¨¢ en sus ¨²ltimos tr¨¢mites en el Senado, el ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, ha propuesto introducir determinados mecanismos legales que alerten en el momento en que se traspase el l¨ªmite temporal de dos a?os y ocho meses, es decir, las dos terceras partes de los cuatro a?os de duraci¨®n m¨¢xima de la prisi¨®n provisional. Pretende as¨ª el ministro acabar con excarcelaciones como la del acusado de un triple asesinato cerca de Alcoy, que agot¨® el tiempo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva sin haber sido juzgado.

En principio, nada hay que oponer a esas medidas, salvo que son redundantes, pues la ley ya obliga a acelerar la causas con alg¨²n preso preventivo. El problema es que esa celeridad que la ley exige al sistema judicial en su conjunto, y en especial al ministerio fiscal, no se cumple en muchos casos. En unos, por la precariedad de la infraestructura judicial, como ha ocurrido en Alcoy, de modo que si el Gobierno no la remedia los mecanismos de alerta que propone el ministro Michavila servir¨¢n de muy poco.Y en la mayor¨ªa de los casos por la cada vez menor sensibilidad del sistema judicial por la situaci¨®n de los presos en espera de juicio.

De esta menor sensibilidad da un buen ejemplo el Gobierno con su reforma de la prisi¨®n provisional, a la que se oponen el PSOE y otras fuerzas pol¨ªticas, concebida m¨¢s como un mecanismo de seguridad -en la estela de la consigna de Aznar de barrer las calles de delincuentes- que como una medida cautelar que el juez adopta para garantizar sobre todo la presencia del acusado en el acto del juicio oral.

Algo que tambi¨¦n se pone de manifiesto en esos mecanismos de alerta que el ministro Michavila quiere introducir para evitar que un preso preventivo que lleva cuatro a?os en la c¨¢rcel deba ser excarcelado por no haber sido juzgado. ?Por qu¨¦ no situar m¨¢s bien esos mecanismos de alerta antes de los dos a?os, que es el plazo normal de prisi¨®n preventiva para los acusados de delitos graves y que s¨®lo muy excepcionalmente puede ampliarse a los cuatro a?os? Al Gobierno y al ministro de Justicia parece importarles menos el tiempo que alguien todav¨ªa inocente est¨¦ en prision sin juzgar que su obligada puesta en libertad por este motivo.

En los albores de la actual democracia, el Gobierno y el ministerio fiscal pusieron especial celo en acelerar los procesos de los innumerables presos preventivos que llenaban entonces las c¨¢rceles espa?olas, algunos con seis o m¨¢s a?os sin juzgar. Hoy existe el riesgo de volver a una situaci¨®n parecida con un Gobierno que en lugar de prevenirla la promueve y un ministerio fiscal poco celoso por corregirla e impasible ante la suerte del preso, incluso del juzgado y condenado, al que la pol¨ªtica penal y penitenciaria en curso priva de no pocos mecanismos de reinserci¨®n social.