Pacto en silencio

La renovaci¨®n por otros cinco a?os del Pacto de Toledo, aprobada ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados, es un buen ejemplo del empe?o de todos los partidos pol¨ªticos con representaci¨®n en el Parlamento en salvaguardar el sistema p¨²blico de pensiones, cuya viabilidad a largo plazo aparece frecuentemente cuestionada, bien sea por los malos augurios de los defensores de los planes privados de pensiones, bien por las profec¨ªas de los dem¨®grafos, que sit¨²an el 2015 como el umbral a partir del cual ser¨¢ dif¨ªcil pagar los compromisos (76.000 millones de euros al a?o) o por los temores de los economistas sobre la insuficiencia del nivel actual de empleo para sostenerlos.

El Pacto renovado pretende, ni m¨¢s ni menos, que ofrecer soluciones a estos problemas o riesgos mediante recomendaciones de estrategias econ¨®micas, tales como el retraso de la jubilaci¨®n efectiva para que se aproxime a la edad legal de los 65 a?os, estimular el crecimiento del empleo femenino -la ocupaci¨®n espa?ola est¨¢ diez puntos por debajo de la media en Europa- mediante f¨®rmulas como considerar ya cotizado el periodo para el cuidado de hijos peque?os o ancianos, o aumentar paulatinamente el periodo de cotizaci¨®n computable para determinar el importe efectivo de la pensi¨®n.

Todas estas estrategias y algunas m¨¢s tendr¨¢n que plasmarse en breve en medidas legislativas, aunque no es previsible que ¨¦stas vean la luz antes de las elecciones de marzo. Todas son razonables, porque incluso las m¨¢s discutidas, como la prolongaci¨®n del periodo m¨ªnimo de cotizaci¨®n, pueden tener aceptaci¨®n social si no se aplican de forma dr¨¢stica o disparatada. La amenaza principal que se cierne sobre el renovado Pacto de Toledo no es econ¨®mica -no hay razones para suponer que se cumplir¨¢n las previsiones apocal¨ªpticas de quiebra del sistema, m¨¢xime cuando se conoce de antemano el riesgo-, sino pol¨ªtica.

La condici¨®n de que las pensiones p¨²blicas no se utilicen como arma arrojadiza en el debate electoral, impuesta por el PP en 1995, ha sido persistentemente vulnerada por sus propios impulsores. Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y sus colaboradores no han tenido empacho alguno en saltarse el acuerdo a la torera y acusar a gobiernos anteriores de situar en quiebra a la Seguridad Social. La obsesi¨®n del PP por descalificar a la oposici¨®n no es el mejor clima para mantener la confianza de los partidos en el acuerdo ni el mejor acompa?amiento para un pacto que requiere transmitir credibilidad a los ciudadanos.