El Tribunal de Cuentas exige la reforma de la Ley de Financiaci¨®n de Partidos
La auditor¨ªa de 2001 reitera m¨²ltiples anomal¨ªas en los ingresos de las formaciones pol¨ªticas
El Tribunal de Cuentas reclama en su informe sobre las finanzas de las formaciones pol¨ªticas en 2001 "que se inicie a la mayor brevedad y con el m¨¢ximo consenso posible la reforma de la Ley de Financiaci¨®n de Partidos". Hace tiempo que los partidos hablan de esta reforma sin alcanzar ning¨²n acuerdo. Los auditores denuncian anomal¨ªas que repiten a?o a a?o: de los 165 millones de euros que manejaron los partidos en 2001 para su funcionamiento ordinario, m¨¢s de 40 millones proced¨ªan de fuentes (corporaciones municipales y gobiernos auton¨®micos) no recogidas en la actual normativa.
Estas anomal¨ªas no s¨®lo se repiten en los ¨²ltimos ejercicios, sino que crecen en volumen. Si en 2000 utilizaron indebidamente 34 millones procedentes de los ayuntamientos, en 2001 superaron los 36 millones, a los que hay que hay que sumar casi cuatro del Gobierno vasco para el funcionamiento de los partidos presentes en su C¨¢mara auton¨®mica. El informe destaca que estas aportaciones "desvirt¨²an el car¨¢cter espec¨ªfico dado a la ley, quiebran la unidad normativa, incorporan un inadecuado grado de determinaci¨®n en la cuantificaci¨®n p¨²blica a percibir por las formaciones pol¨ªticas y favorecen un tratamiento dispar de las mismas".
En materia de subvenciones an¨®malas para el funcionamiento ordinario de los partidos, el informe apunta a los Gobiernos vasco y catal¨¢n. El Tribunal de Cuentas se?ala que con la aportaci¨®n y reparto de 3,6 millones de euros adicionales por parte del Gobierno vasco, algunas formaciones superaron los ingresos que hab¨ªan obtenido por la v¨ªa legal del Estado.
Los auditores p¨²blicos censuran tambi¨¦n que el Ejecutivo catal¨¢n entregara una cantidad similar al Parlamento auton¨®mico, concebida como asignaci¨®n extraordinaria y por un importe de tres millones de euros, que no estaba "suficientemente fundamentada ni justificada" y que se comprob¨® que hab¨ªa servido para "gastos de la actividad ordinaria" de los partidos. El Tribunal de Cuentas advierte de que no es recomendable que el Ejecutivo financie al Legislativo en aras a preservar su independencia. Estos ingresos, por otro lado, no son correctamente reflejados en las finanzas, lo que dificulta su fiscalizaci¨®n. "Se ha observado que las formaciones pol¨ªticas, con car¨¢cter general, no contabilizan la totalidad de las aportaciones recibidas", se?ala la auditor¨ªa.
El cuadro de deficiencias destacadas por el Tribunal de Cuenta en sus conclusiones cita los siguientes aspectos:
A modo general, el informe denuncia que las cuentas anuales de los partidos, "no presentan en toda su amplitud la actividad econ¨®mico-financiera de la organizaci¨®n local ni de los grupos pol¨ªticos en las corporaciones locales, carencia que adquiere una especial relevancia por lo que se refiere a las cuotas de los afiliados recaudadas en dicho ¨¢mbito y a la actividad desarrollada en los municipios con una importante poblaci¨®n". Y existe una segunda queja en este cap¨ªtulo de opacidad: "En la mayor¨ªa de las formaciones pol¨ªticas con representaci¨®n en el Parlamento Europeo, no figura incluida la contabilidad de la representaci¨®n parlamentaria correspondiente. Estas omisiones quebrantan la concepci¨®n del partido pol¨ªtico como una ¨²nica realidad econ¨®mico-financiera en la que se ha de integrar toda su organizaci¨®n territorial".
El informe tambi¨¦n alerta sobre la insuficiente regulaci¨®n del marco normativo b¨¢sico de la actividad de los partidos en relaci¨®n con sus fundaciones. En este cap¨ªtulo se produce un caos contable al cruzarse cr¨¦ditos o subvenciones para su funcionamiento, m¨¢s la adquisici¨®n de inmuebles por la fundaci¨®n que acaba cediendo al partido.
En materia de donativos privados, el Tribunal apunta irregularidades en dos formaciones: PNV y PP. La primera no ha utilizado una cuenta espec¨ªfica para encauzar sus donativos (800.000 euros), y la segunda carece de la aprobaci¨®n del ¨®rgano social competente en lo referido a las aportaciones de cinco personas jur¨ªdicas por 50.000 euros.
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