Los planes de pensiones se extender¨¢n a todas las administraciones p¨²blicas entre 2004 y 2005

El Ministerio de Administraciones P¨²blicas prev¨¦ que, entre 2004 y 2005, se extiendan al conjunto de las comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos los planes de pensiones colectivos. Eso supondr¨ªa aplicar a todos los empleados p¨²blicos (en total, 2,2 millones de personas) un modelo similar al que se pact¨® el pasado d¨ªa 7 para m¨¢s de 500.000 funcionarios y empleados de la Administraci¨®n General del Estado, seg¨²n la informaci¨®n facilitada ayer por el secretario de Estado para la Administraci¨®n P¨²blica, Julio G¨®mez-Pomar.

Durante su intervenci¨®n en unas jornadas organizadas por The Economist sobre el futuro de las pensiones, G¨®mez-Pomar asegur¨® que las comunidades aut¨®nomas, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades p¨²blicas est¨¢n mostrando

un claro inter¨¦s y demandando informaci¨®n sobre el contenido de ese acuerdo, que compromete pensiones complementarias para las contingencias de jubilaci¨®n, invalidez, viudedad, orfandad o enfermedad grave.

La previsi¨®n del departamento es sacar a concurso p¨²blico, a finales de noviembre o principios de diciembre, la elecci¨®n de las entidades Gestora y Depositaria, que se encargar¨¢n de un plan de pensiones que iniciar¨¢ su andadura en 2004 con un 0,5% de la masa salarial, 54,65 millones de euros. A ese concurso p¨²blico optar¨¢n las entidades financieras especializadas y ante el que, seg¨²n G¨®mez-Pomar, "habr¨¢ que hacer una cuidada selecci¨®n".

Problemas para 2020

En el mismo foro, el director general de Ordenaci¨®n Econ¨®mica de la Seguridad Social, Jos¨¦ Luis G¨®mez-Calcerrada, describi¨® el estado de salud del sistema p¨²blico. Seg¨²n sus datos, el sistema de pensiones "ser¨¢ un motivo de preocupaci¨®n" a partir del a?o 2020 "si se financia como hasta ahora, con legislaci¨®n constante y si no se emprendiesen las medidas necesarias".

Un escenario que, en su criterio, se intenta evitar con el nuevo Pacto de Toledo, mediante el consenso pol¨ªtico, y con un margen de tiempo suficiente, ya que en Espa?a las presiones demogr¨¢ficas van a llegar m¨¢s tarde que en otros pa¨ªses europeos. G¨®mez- Calcerrada considera indispensable aprovechar todo el crecimiento econ¨®mico para convertirlo en empleo y afiliaci¨®n, y asimismo reconoci¨® que, ante una eventual reforma, "algunas medidas requerir¨¢n sacrificios, y por eso es necesaria la colaboraci¨®n de los agentes sociales".

La posibilidad de complementar las pensiones p¨²blicas con planes de pensiones colectivos es muy limitada en Espa?a. ?se es el criterio expresado por la presidenta de la patronal Unespa, Pilar Gonz¨¢lez de Frutos, quien asegur¨® que s¨®lo el 0,05% de las empresas espa?olas dispone de la estructura y el tama?o adecuado (plantilla de m¨¢s de 500 trabajadores o dinero circulante) para desarrollar planes de pensiones en el ¨¢mbito de la empresa, a trav¨¦s de los convenios colectivos. A su juicio, esto se produce porque la legislaci¨®n actual no fomenta adecuadamente su desarrollo en las peque?as y medianas empresas.

La presidenta de Unespa critic¨® el escaso desarrollo de la previsi¨®n social, ya que Espa?a est¨¢ "a la cola" de la UE, con 3.000 euros per c¨¢pita en ahorro-previsi¨®n, frente a los 5.000 euros de media en los Quince. Gonz¨¢lez de Frutos reclam¨® "un pacto dentro del Pacto de Toledo" para conseguir que la normativa de planes de pensiones y seguros colectivos sea estable y "que no quede al albur de movimientos pol¨ªticos o de necesidades recaudatorias".