Tiro al plato

Al igual que John Wayne desenfundaba la pistola nada m¨¢s olfatear el peligro, el Gobierno de Aznar suele reaccionar ante las situaciones de riesgo electoral con la estrategia de rehuir las responsabilidades propias en la materia y de anunciar el urgente env¨ªo a las Cortes de un proyecto de reforma, acompa?ado de ataques a la oposici¨®n si la ley modificada fue aprobada durante la etapa socialista; as¨ª, el actual aumento de la delincuencia es atribuido por la pareja ministerial de Justicia e Interior al C¨®digo Penal de 1995, sometido a una escabechina reformadora como supuesto responsable ¨²nico de ese perverso efecto.

Sirvan de ejemplos recientes -la lista es ya muy extensa- a esos ejercicios gubernamentales de tiro al plato la ley del botell¨®n contra el consumo callejero de alcohol por adolescentes (anunciada a comienzos de 2002), el cumplimiento ¨ªntegro de las condenas por delitos terroristas (tras el asesinato por ETA del guardia civil Antonio Molina en diciembre de 2002), las medidas contra la violencia dom¨¦stica (52 mujeres fueron asesinadas en 2002) y la reforma de la prisi¨®n preventiva (a ra¨ªz de la excarcelaci¨®n de la prisi¨®n de Alcoy de un acusado de triple asesinato en septiembre de 2003). Las incidencias judiciales relacionadas con los brutales asesinatos de Roc¨ªo Wanninkhof y Sandra Palo tambi¨¦n han desencadenado esa doble reacci¨®n autoexculpatoria y reformadora del Ejecutivo. El error judicial cometido por el jurado del caso Wanninkhof hace dos a?os al condenar a una falsa culpable (el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa anul¨® el veredicto antes de que la confesi¨®n de Tony Alexander King librara de sospechas a Dolores V¨¢zquez) brind¨® al PP la oportunidad de estigmatizar la instituci¨®n procesal introducida por los socialistas en 1995. Pero el apretado calendario parlamentario previo a las pr¨®ximas elecciones legislativas y las dificultades t¨¦cnicas para elegir un modelo alternativo mixto a la versi¨®n pura del jurado han enfriado la inicial furia derogatoria a corto plazo del vicepresidente Arenas.

En cualquier caso, las normas votadas durante el mandato del PP no son chapuzas crimin¨®genas perpetradas por la oposici¨®n: las cuatro versiones sucesivas de la Ley de Extranjer¨ªa entre los a?os 2000 y 2003 sit¨²an al Gobierno ante su exclusiva responsabilidad. As¨ª ocurre tambi¨¦n con la Ley de Protecci¨®n de Datos de 14 de diciembre de 1999, cuyo art¨ªculo 22 -seg¨²n el ministro del Interior- ser¨ªa el ¨²nico causante de que la polic¨ªa espa?ola y la Guardia Civil no hicieran uso de los informes enviados por Scotland Yard que describ¨ªan a Tony Alexander King como una amenaza potencial para las mujeres: el manejo de esos antecedentes habr¨ªa permitido investigar o incluso prevenir los asesinatos de Roc¨ªo Wanninkhof, en septiembre de 1999, y de Sonia Carabantes, en agosto de 2003.

Tambi¨¦n corresponde a la etapa del PP la Ley del Menor, indirectamente responsabilizada del s¨¢dico asesinato de la joven Sandra Palo por tres adolescentes y un adulto perpetrado el pasado mes de mayo. El Gobierno utilizar¨¢ la v¨ªa extraordinaria de una enmienda al tr¨¢mite de la reforma del C¨®digo Penal en el Senado para modificar el art¨ªculo 25 de la norma y reconocer el derecho a la acusaci¨®n particular de las v¨ªctimas y de sus familias; la elevaci¨®n de las sanciones, la vigilancia de las formas de cumplimiento y la eventual rebaja de la edad penal quedan aplazadas hasta la pr¨®xima legislatura. Pero la t¨¦cnica del tiro al plato aplicada por el Gobierno de Aznar para modificar las leyes aprisa y corriendo con el fin de tapar sus responsabilidades sobre cuestiones relativas a la seguridad ciudadana dif¨ªcilmente puede ser un procedimiento adecuado para construir un ordenamiento jur¨ªdico estable capaz de sobrevivir a la inevitable sucesi¨®n de mayor¨ªas parlamentarias siempre circunstanciales. La Ley del Menor de 12 de enero de 2000 entr¨® en vigor un a?o despu¨¦s de su publicaci¨®n y fue objeto de modificaciones durante ese intervalo; carece a¨²n de desarrollo reglamentario y no dispone de los medios materiales y humanos necesarios para que las comunidades aut¨®nomas gestionen eficazmente su desarrollo. Por lo dem¨¢s, la Convenci¨®n de los Derechos del Ni?o de 1989 y varias sentencias del Constitucional acotan -como la Exposici¨®n de Motivos de la ley subraya- el espacio de su eventual reforma.