Impugnado el canon de los CD y DVD ante el Tribunal de Defensa de la Competencia

El abogado Javier de la Cueva lo tiene claro: el acuerdo entre seis entidades de gesti¨®n de derechos y la asociaci¨®n de fabricantes de soportes inform¨¢ticos Asimelec para cobrar un canon por cada CD y DVD virgen vendido "es inconstitucional". Y lo ha impugando ante el Tribunal de Defensa de la Competencia porque adem¨¢s, "atenta contra la libre competencia".

El letrado asegura que "es un disparate jur¨ªdico que un documento judicial, como lo es que el CD-ROM en el que se registra el juicio oral, est¨¦ sometido al canon para compesar a los m¨²sicos por la copia privada", que regula la Ley de Propiedad Intelectual (LPI),

"El pacto incrementa el coste de la Justicia". En Espa?a se celebraron 973.487 vistas civiles en 2002. M¨¢s de la mitad se grabaron en CD-ROM. Por ello, el Ministerio y las comunidades aut¨®nomas con competencias transferidas deber¨¢n abonar unos 90.000 euros (a 0,17 euros por CD). Y en un futuro se sumar¨ªan los juicios penales, contenciosos administrativos y otra documentaci¨®n oficial, que se guarda en el mismo soporte inform¨¢tico.

Adem¨¢s, "va contra los consumidores: no todos los afectados han dicho que s¨ª, s¨®lo Asimelec. El sitio para denunciarlo es el Tribunal de Defensa de la Competencia". Convencido de su posici¨®n, ha pedido "apoyo institucional" al Colegios de Abogados de Madrid, al que pertenece, y al Consejo General de la Abogac¨ªa para que "otros colegios puedan defender a sus colegiados". Adem¨¢s, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue "si en los juzgados y tribunales se est¨¢ realizando una actividad que genera rendimientos en favor de los autores y en contra de los ciudadanos". Como es un pacto privado que impone de facto un impuesto a estos documentos, resta competencias al Gobierno Judicial. "Para imponer un canon a la Administraci¨®n de la Justicia, se debe aprobar por Ley y obtener el preceptivo informe del CGPJ, cuya obligaci¨®n es informar de las modificaciones en el funcionamiento de los juzgados".

El recurso fue pesentado el 30 de agosto, un d¨ªa antes de que entrara en vigor el acuerdo. Todav¨ªa no hay respuesta: "Est¨¢ en el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Hacienda", al que corresponde investigar los hechos.

La presunta inconstitucionalidad "va m¨¢s all¨¢: afecta al reparto de poderes que establece la Carta Magna". En teor¨ªa, explica el letrado, la Constituci¨®n s¨®lo otorga el poder de fiscalizacion de la Administraci¨®n al Tribunal de Cuentas. Pero dos sentencias falladas a favor de la SGAE -caso Traxdata y caso Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a- le dan a ¨¦sta el derecho de fiscalizaci¨®n de las actividades econ¨®micas de los deudores de la compensaci¨®n por copia privada.

Las sentencias conceden a terceros que no son el Tribunal de Cuentas "un derecho de fiscalizaci¨®n sobre cualquier organismo, ente, empresa o asamblea legislativa que distribuye materiales de grabaci¨®n, incluidas las administraciones".

"Toda ley o sentencia que permita que esa fiscalizaci¨®n la haga otra entidad, es inconstitucional". Seg¨²n el abogado, ello da a las sociedades gestoras del copyright en Espa?a, un cuarto poder junto al ejecutivo, legislativo y judicial.