El Defensor critica la escasa ayuda oficial para reabrir fosas de la guerra

El 20 de noviembre se cumplir¨¢ un a?o desde que el Congreso aprob¨® una proposici¨®n no de ley en la que por primera vez se condenaba el alzamiento militar dirigido por el general Francisco Franco. Tambi¨¦n se promet¨ªa all¨ª ayuda para las familias que quieran reabrir las fosas comunes de republicanos asesinados durante la Guerra Civil. Pero estos familiares se quejan de que la Administraci¨®n apenas hace nada, y que tienen que desarrollar esta tit¨¢nica tarea -hay unas 30.000 personas enterradas- con sus escasos medios y la ayuda de voluntarios internacionales. El Defensor del Pueblo est¨¢ de acuerdo con esta queja.

La familias se dirigieron a la instituci¨®n que dirige Enrique M¨²gica para que presionara al Gobierno. ?ste pregunt¨® al Ejecutivo qu¨¦ est¨¢ haciendo para ayudar en las reaperturas, y la conclusi¨®n del Defensor es muy clara: "La respuesta recibida ofrece un resultado ciertamente desalentador para los ciudadanos afectados, y permite deducir que la iniciativa parlamentaria no ha tenido la repercusi¨®n que precisa su observancia", escribe en una nota enviada a la Asociaci¨®n por la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica, que present¨® la queja. M¨²gica anuncia su intenci¨®n de documentar esta conclusi¨®n en su informe anual al Congreso.

Las respuestas son de los ministerios de Justicia, Cultura e Interior. Todos se muestran esquivos. El primero dice que las pruebas de ADN que soliciten los ciudadanos para reconocer los restos de sus familiares se har¨¢n "mediante el abono del correspondiente precio p¨²blico" a menos que sean exigidas por un juez. Cultura contesta que le es ajena cualquier competencia sobre este asunto, a pesar de que este ministerio fue consultado para elaborar la proposici¨®n.

Interior contesta que "las competencias en materia de polic¨ªa sanitaria mortuoria han sido traspasadas a las comunidades aut¨®nomas". Y, respecto a la petici¨®n de digitalizar los archivos de la Guerra Civil para que los puedan consultar las familias interesadas, Interior explica que la ley de Patrimonio Hist¨®rico no obliga a ello.