Ibarretxe contra Gernika

El texto articulado presentado ayer por el lehendakari para su tramitaci¨®n (en una forma todav¨ªa indeterminada) por el Parlamento vasco no es una simple reforma del Estatuto de Gernika, sino su liquidaci¨®n. La l¨®gica integradora y el consenso que presidi¨® su elaboraci¨®n, tramitaci¨®n y aprobaci¨®n se sustituyen ahora por un planteamiento unilateral: desde y para la comunidad nacionalista. La propuesta de Ibarretxe articula las principales reivindicaciones nacionalistas pendientes o sobrevenidas, algunas tomadas del mundo de ETA. En conjunto, trasluce una involuci¨®n con la recuperaci¨®n de obsesiones propias del nacionalismo sabiniano que fueron abandonadas por la generaci¨®n de los a?os treinta. Con esas premisas, son nulas las posibilidades de que pueda lograr la adhesi¨®n de la mitad no nacionalista de la poblaci¨®n y, por tanto, un apoyo comparable al que tuvo el Estatuto de Gernika.

La propuesta es b¨¢sicamente la filtrada en julio pasado, con algunos retoques. Se mantiene la existencia de un sujeto pol¨ªtico llamado Pueblo Vasco, que es algo m¨¢s que los ciudadanos que lo habitan, al que se da distinto alcance territorial a conveniencia y al que se atribuyen una serie de derechos irrenunciables, como el de autodeterminaci¨®n, que vienen a coincidir con las aspiraciones nacionalistas y que todos deben respetar, incluyendo "los pueblos de Espa?a", o sea, el Parlamento espa?ol. Se mantiene igualmente, aunque con nueva redacci¨®n, la distinci¨®n entre ciudadan¨ªa vasca (que se reconoce a todos los avecindados en el Pa¨ªs Vasco) y nacionalidad vasca, cuyos l¨ªmites deber¨¢ fijar una ley ulterior. Aunque se establece que nadie podr¨¢ ser discriminado por su nacionalidad, el hecho mismo de mantener la distinci¨®n es inquietante. Y m¨¢s a la vista de su desarrollo por parte de uno de los socios del Gobierno vasco, EA, cuyo proyecto, presentado la semana pasada, limita el derecho de voto de los ciudadanos sin nacionalidad vasca a las elecciones municipales.

Ibarretxe present¨® su propuesta como un proyecto no rupturista y orientado a una convivencia en paz. Ocult¨® que su encaje en la Constituci¨®n s¨®lo ser¨ªa posible modific¨¢ndola sustancialmente y, de hecho, sustituy¨¦ndola por otra, ya que no s¨®lo excluye al Pa¨ªs Vasco de la aplicaci¨®n de algunos de sus preceptos (como el art¨ªculo 155), sino que quiebra su l¨®gica al reclamar una soberan¨ªa diferente y concurrente con la que la Constituci¨®n atribuye al pueblo espa?ol como un todo.

La experiencia indica que el poder tiende a expandirse hasta que encuentra un l¨ªmite. El nacionalismo vasco ha sabido extender el suyo durante m¨¢s de veinte a?os con el argumento de que conseguir mayores cotas de autonom¨ªa era condici¨®n para la paz. Los principales partidos nacionales comparten ahora la convicci¨®n de que es conveniente que el nacionalismo sepa que no se va a seguir aceptando el chantaje, cuya ¨²ltima formulaci¨®n es "o se acepta el plan Ibarretxe o reclamamos la independencia". Pero en realidad el plan Ibarretxe es ya la independencia, con la excepci¨®n de los lazos que permitan mantener la presencia vasca en la UE: el temor a quedar fuera de esa comunidad parece ser lo ¨²nico que Ibarretxe ha retenido de las cr¨ªticas a su plan. A la misma l¨®gica obedece la cautela de que el Estado no podr¨¢ imponer aranceles a las mercanc¨ªas que Euskadi venda en el resto de Espa?a (art¨ªculo 61-4).

El problema es c¨®mo hacer frente al chantaje sin que la forma de hacerlo se convierta en argumento adicional en favor de la ruptura. Iniciativas como la de PP y PSOE en las Juntas Generales de ?lava -advirtiendo de que si Euskadi se desvincula de Espa?a, ?lava lo har¨¢ de Euskadi- son necesarias; tambi¨¦n lo es mantener el pacto PP-PSOE por las libertades y contra el terrorismo como garant¨ªa de que un cambio de mayor¨ªa no modificar¨¢ la negativa a entrar en una negociaci¨®n para romper los l¨ªmites constitucionales. Pero no est¨¢ claro cu¨¢l puede ser la funci¨®n de nuevas reformas legales que permitan meter en la c¨¢rcel a Atutxa por su desobediencia a los tribunales. Ni tampoco se entiende que sea el Gobierno el que intente dirigir el rechazo al plan Ibarretxe por parte de las organizaciones representativas de la sociedad civil o que aproveche todo ello para hacer una OPA hostil sobre los socialistas vascos.